En un país que acumula 150.000 muertos y 26.000 desaparecidos en la última década, el estudio elaborado por Open Society Justice Initiative (OSJI) junto a cinco asociaciones documentó casos con "fundamentos razonables" para considerar que las fuerzas del Estado han cometido crímenes de lesa humanidad.

Ello ante la inacción de las instituciones de Justicia y de Gobierno: "México es un país rico en recursos materiales y capital humano, tiene la capacidad de hacer frente a la crisis de la impunidad, pero lo que falta hasta la fecha es voluntad", denunció ante los medios el director ejecutivo de OSJI, James Goldston.

En un acto realizado en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital, Goldston señaló que en este país se dan homicidios, torturas y desapariciones que la Corte Penal Internacional cataloga como crímenes de lesa humanidad.

Ello porque promueven "una política de Estado u organizacional en un ataque generalizado o sistemático dirigido a la población civil", señala el escrito. Para el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, la "virtud" de este informe es que explica las "atrocidades" cometidas en la última década a partir del derecho penal internacional.

Por ello, sucesos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el asesinato de civiles por parte de militares en Tlatlaya (Estado de México) deberían "despertar la obligación de las instituciones" a responder ante las consecuencias legales de este tipo de crímenes, que no están sujetos a amnistía ni prescriben. Por el contrario, estos delitos se encuentran con un Estado que potencia la impunidad mediante un "insuficiente sistema judicial" que revela cifras estremecedoras.

Autoridades mexicanas “minimizan” atrocidades, dice OSJI

Entre 2007 y 2013 solo se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, según datos oficiales. Y aunque no hay cifras "fiables de desapariciones", solo hay 13 condenas por desaparición forzada -con la participación de fuerzas del Estado- y algunas de estas quedan registradas oficialmente como "secuestros", que suman 580.000 casos entre 2007 y 2014.

Lo mismo ocurre con los casos de tortura, donde solo hay seis condenas en el fuero federal tras miles de denuncias. Goldston apuntó que las administraciones mexicanas "han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades" desde que a finales de 2006 el entonces presidente, Felipe Calderón, lanzó la llamada "guerra contra el narcotráfico".

Ello redunda en formas de "obstrucción política" que lleva a fabricar pruebas, tortura, proteger la Fuerzas Armadas y, además, "cuestionar, estigmatizar y criminalizar" a los activistas que denuncian las violaciones de derechos humanos, agregó el coordinador de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.

El informe también investiga crímenes de lesa humanidad del cártel de los Zetas, como la matanza de 72 migrantes perpetrada en 2010 en San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, o las desapariciones en Coahuila. "Es una estrategia de aniquilación y exterminio de la población. Intencionalmente invisibilizada", apuntó Blanca Martínez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila, quien agregó que ello prueba cómo los "criminales interactúan en un territorio con la facilitación del Estado".

El informe cierra con varias recomendaciones, como la creación de un órgano internacional asentado en el país que investigue los crímenes y brinde asistencia técnica al Gobierno. También urge a crear equipos para investigar desapariciones, servicios forenses y de protección de testigos autónomos, a retirar al Ejército de las operaciones de seguridad pública y a aprobar una ley para regular el uso de la fuerza.

El Gobierno ha sido muy crítico con las denuncias realizadas por instituciones como la ONU, que en 2014 habló de tortura "generalizada" en México. O la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en marzo pidió al país "reconocer" la grave crisis de derechos humanos. Este último reporte fue rechazado por el Ejecutivo, que reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no entrara a valorar el nivel "de cumplimiento de las obligaciones del Estado". El grupo de expertos de la CIDH que estudió por un año el caso de Ayotzinapa también terminó su mandato denunciando obstáculos para investigar.

JOV (efe, elpais.es,opensocietyfoundations.org)