México encabeza muchas estadísticas. Es el segundo país más grande de Latinoamérica, ocupa el puesto número 18 entre los países exportadores de petróleo. Es la decimocuarta economía más grande del mundo y el cuarto exportador de automóviles. Es un país industrializado, un precursor del comercio libre y una de las democracias más antiguas de la región.

Pero en el ranking de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, México ocupa solo el lugar 148 de 180. Únicamente Cuba queda por detrás, aunque México es más peligroso. En México no se limitan a impedir a los periodistas hacer su trabajo, censurarlos o detenerlos por reportajes no deseados. En México se les tortura y asesina.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y la mayoría de delitos en su contra nunca se esclarecen ni se reparan. La impunidad es la prueba de que la libertad prensa garantizada en la Constitución es solo un tigre de papel. Desde hace tres años, existe una ley para proteger a activistas pro derechos humanos y a periodistas, e incluso una instancia propia para denunciar delitos contra la libertad de expresión: solo un monstruo burocrático que no ha cambiado en nada la situación. El que se atreve a criticar en sus publicaciones el crimen organizado en México, el que destapa delitos o revela nombres puede terminar brutalmente asesinado.

Es difícil olvidar el caso de una periodista ciudadana, que bajo seudónimo y mediante su cuenta de Twitter ofrecía información sobre actos violentos y sus víctimas. La secuestraron y en su último tweet reveló su nombre y se despidió de su familia. Después, sus asesinos mandaron la foto de su cadáver. Una realidad que elimina rápidamente todo tipo de compromiso y coraje ciudadano.

En México no es el Estado el que impide trabajar a periodistas o activistas, no es el Estado el que los persigue, pero sí el que no consigue protegerlos con eficiencia. Trabajan sumidos en un clima de miedo y autocensura que convierte a la libertad de expresión en una quimera. Es un círculo vicioso en una democracia que necesita ciudadanos informados y comprometidos para funcionar.

Un Estado que quiera mantener el monopolio del poder necesita fuerzas de seguridad de confianza y ciudadanos que confíen en él. Hace tiempo que México dejó de tener ambas cosas.

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto introdujo muchas reformas, incluida la de protección de la prensa y la libertad de opinión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que se han hecho avances en materia legislativa. Pero de nada sirven buenas leyes si no se consigue aplicarlas. En un país donde no hay guerra civil ni dictadura muchos periodistas y muchos mexicanos tienen la sensación de que la ley y la constitución dejaron de tener vigencia hace tiempo.