Error o fracaso. Retirada a tiempo o sometimiento. El desenlace de la batalla de Culiacán entre la fuerza pública y los criminales el pasado 17 de octubre tiene amplias lecturas, pero una sola conclusión: la debilidad del Estado mexicano frente al narcotráfico, que pone en duda la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) para combatir al crimen organizado. 

Tras la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, el propio jefe del Ejército, Luís Sandoval, reconoció la precipitación en el operativo: "En el afán de obtener un resultado positivo, (el comando) actuó con deficiente planeación y falta de previsión sobra las consecuencias”, además de admitir que el comando omitió "el consenso de sus mandos superiores”.

"Falló la integración de la inteligencia con las operaciones, la coordinación con la Fiscalía, hubo indisciplina en los mandos. Se trata de un desaprendizaje institucional en cuanto al descabezamiento de grupos criminales”, indica a DW el experto en seguridad, Alejandro Hope, quien añade que se puso de manifiesto "una falta de preparación y dispersión en el despliegue territorial de la Guardia Nacional (GN)”, el cuerpo militar con labores preventivas que se erigió como el pilar de la estrategia de seguridad de AMLO.

El Estado contaba al momento de los combates con 9.160 uniformados federales desplegados en Sinaloa, estado del que Culiacán es su capital, pero sólo 1.788 elementos de la GN, debido a que "gran parte de los efectivos de la Guardia se han tenido que destinar a las fronteras para contener el flujo migratorio”, señala Hope entre otros motivos.

El poderío del narco

La fuerza pública se vio muy superada en número por los integrantes del cartel de Sinaloa, en más del doble de efectivos, según declaraciones de agentes a medios locales. Los narcos amenazaron a familiares de militares y secuestraron a varios grupos del Ejército como moneda de cambio para la liberación de su jefe, Ovidio Guzmán, lo que precipitó su liberación.

Se pensaba que el cartel de Sinaloa estaba debilitado por las disputas internas tras la detención de su capo, El Chapo Guzmán, en enero de 2016. Sin embargo, la furia y la violencia que desató el jueves demostraron lo contrario. "Exhibieron un amplio arraigo social y fuerza armamentística con armas de alto calibre, así como su capacidad de reconstruir alianzas entre cabecillas y sicarios ante deslices gubernamentales”, asegura a DW el profesor del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Montero, quien apunta que "los anteriores presidentes nunca se metieron a Sinaloa, sino únicamente con operativos precisos, y dejaron crecer el cartel”.

El Chapo andaba con total confianza por Sinaloa. Como ejemplo, añade el investigador, es que tras su fuga de prisión se escondió en ese estado y no en otro lugar: "Este control del cartel tampoco sería posible sin una colusión o permisividad de las autoridades, especialmente municipales y estatales. Se tiene que entender que los entes locales no pueden enfrentar a la maquinaria del narco, pero sí debe preocuparnos la ausencia e inacción del nivel estatal”.

"El crimen organizado se beneficia de un entorno estable. El cartel de Sinaloa no estaba adormilado, sino que tiene un poder tan fuerte como para imponer su autoridad en Culiacán y mantener esa aparente tranquilidad. Donde hay más violencia es donde el narco todavía no se ha consolidado y hay disputas entre bandas”, explica Montero. Solo esta semana, en Guerrero (suroeste), 15 personas fueron asesinadas y en Michoacán (centro) 13 policías fueron masacrados en una emboscada. La ineficacia en la prevención de estos ‘eventos', el eufemismo oficial para referirse a matanzas, ha puesto en duda la estrategia de seguridad del ejecutivo cerca del año de haber tomado el mando.

Una estrategia insuficiente

López Obrador llegó a la presidencia bajo el lema ‘abrazos, no balazos' y justificó el fin del operativo en Culiacán alegando que así se evitaría la muerte de civiles. "La decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. No se puede apagar el fuego con el fuego”, argumentó en un discurso en que volvió a distanciarse de las políticas belicistas de sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, centradas en la detención de los cabecillas, cuyo único efecto fue exacerbar la violencia.

"La posición pacifista es muy válida, el problema es que con la violencia tan generalizada en el país, esa estrategia de bajo perfil y conciliación, resulta insostenible”, considera, por su parte, el especialista en prevención social de la violencia, Pedro Isnardo De la Cruz, quien agrega que "difícilmente el gobierno va a poder desenraizar al narco de sus territorios sin una política de Estado mejor articulada”. La administración de AMLO ha enfocado su lucha contra el crimen en perseguir sus activos y redes de blanqueo, sumado a programas sociales que aparten a los jóvenes del reclutamiento de los cárteles y disuadan el apoyo entre la población.

Sin embargo, esas acciones han arrojado un éxito escaso, según los expertos, debido a una improvisación en su implementación. "Aunque la maduración de resultados será a mediano plazo, se puede decir que no ha habido avances en la contención de la criminalidad”, según Montero: "El narco gobierna varias partes de la República, no sólo por su volumen de fuerza, sino porque ocupa el espacio económico con la generación de empleos y riqueza”.

En los diez primeros meses de gobierno de AMLO han sido asesinadas 29.629 personas, el inicio de sexenio más violento desde la Revolución. Una espiral homicida que el ejecutivo achaca a la herencia de los anteriores gobiernos. En septiembre se registró un leve descenso de asesinatos y una baja de 2,6% en la percepción de inseguridad, según encuestas oficiales que el gobierno celebró dado que se trató tal vez de la única estadística favorable en este mandato.

No obstante, las cifras siguen siendo demoledoras: siete de cada diez mexicanos se sienten inseguros en un país con un centenar de asesinatos al día en lo que va de año. La batalla de Culiacán sólo refuerza la visión de un Estado fallido para frenar al narcotráfico.

(jov)

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