Cuando Marcelina Bautista llegó a Ciudad de México tenía apenas 14 años. Tuvo que abandonar su poblado en Oaxaca porque sus padres no podían mantener a sus trece hijos. La adolescente trabajó en la capital como empleada del hogar para así cumplir su sueño de ser abogada. Debido a las largas jornadas y sueldos bajos nunca pudo estudiar, pero hoy ha conseguido "el mayor logro para acceder a derechos laborales”, después de tres décadas de lucha desde que fundó el primer sindicato de su sector.

Este lunes se puso en marcha el programa piloto para que las trabajadoras domésticas puedan inscribirse y recibir las prestaciones por seguro social, al que apenas tienen acceso un 1% de estas empleadas (en un 95% mujeres). El proyecto, sin embargo, está sujeto a su "viabilidad financiera”, que permite suspenderlo en caso contrario. "No queremos que funcione a partir de la idea de que sea autosustentable. El gobierno debe destinar recursos para resolver esta discriminación histórica”, insiste a DW Marcelina, quien considera que "no puede tratarse solo de un proyecto con fines recaudatorios”.

El programa durará 18 meses, en que se evaluarán los resultados para diseñar la propuesta de ley que debería aprobarse cumplido ese plazo. En ese sentido, "el programa tiene un carácter de progresividad, cuya aportación federal e impacto de cobertura se modificará según su avance, sin comprometer el financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, como advierte a DW el director de Vinculación Institucional del organismo, Adalberto Méndez. Asegura que "habrá un verdadero financiamiento del Estado, que supondrá un costo muy alto”, una de las principales preocupaciones en gobiernos anteriores. Esta semana, informa, se pondrán en marcha mesas técnicas de seguimiento que hacia junio arrojarán las primeras valoraciones.

Un financiamiento incierto

En México hay unos 2,4 millones de trabajadores en servicios domésticos, según encuestas oficiales del pasado año. En países como Uruguay y Costa Rica, los más aventajados de la región en esta materia y que México tomó como modelo, cada año la cobertura de población aumentó un 2%. El gasto público para la cobertura social de este sector será "cuantioso”, expresa a DW la directora de Recaudación del IMSS, Gabriela López, ya que un 74% de las empleadas domésticas, según encuestas oficiales, percibe al mes menos de dos salarios mínimos.

La tabla de cotizaciones del proyecto no contempla la aportación del gobierno en la cuota mensual; según el IMSS, una estimación interna que no se ha hecho pública por tratarse de un programa piloto. Esa incógnita ha generado dudas entre las organizaciones de trabajadoras del hogar. El gobierno tampoco ha especificado aún cómo financiará el programa y la implementación de la posible ley.

Asimismo, para el experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México Helmut Schwarzer, el programa deberá extenderse a la totalidad de las empleadas domésticas y no solamente en hogares ricos. "Cuando se incluya a trabajadoras en tiempo parcial, la recaudación de contribuciones no será suficiente como en un mes estándar. Va a ser necesario analizar ese tipo de situaciones para el modelo final. De momento, no se ha definido un aporte especial adicional del Estado, pero va a ser necesario un subsidio”, afirma a DW el especialista en Protección Social de la OIT, organización que participó en la elaboración del programa.

En paralelo, la administración mexicana trabaja para definir en las próximas semanas un salario mínimo profesional para las empleadas domésticas. "Hay tareas de diferente complejidad en el trabajo del hogar, como cocineras, choferes... Tendrá que establecerse un sueldo para trabajo doméstico en general y especializado”, apunta Schwarzer, quien agrega que la OIT ha lamentado desde hace años que México sea uno de los países de Latinoamérica con el salario mínimo más bajo.

El reto de convencer a los empleadores

Otro de los desafíos será convencer a los empleadores de la necesidad de inscribir a sus trabajadores en el seguro social, lo que de momento se deja a voluntad, como en el anterior marco legal. Las empleadas pueden inscribirse al registro a través de internet o bien en uno de los 230 puntos de atención que se instalaron esta semana en la capital y se extenderán por el resto de ciudades. No obstante, para acceder al seguro social es necesario también la aceptación del patrón.

"Si este programa piloto no es obligatorio, no va a tener el efecto esperado. Hay empleadores que no han cumplido nunca con sus obligaciones y las trabajadoras no tienen forma de exigirlo, a veces por miedo o desconocimiento”, reclama Marcelina. Ante este obstáculo, el portavoz del IMSS reconoce que "para incentivar la afiliación, está pendiente y será necesario otorgar incentivos fiscales a los empleadores”.

De todos modos, para Méndez el valor de "esta medida recae en fortalecer a la sociedad civil y a las trabajadoras para exigir al patrón que los pueda incorporar. Es un programa de empoderamiento de un colectivo con una deuda social histórica” por su discriminación y vulnerabilidad. La mundialmente galardonada película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, cuya protagonista es una trabajadora doméstica, contribuyó a visibilizar esta problemática.

Tanto Schwarzer como Marcelina coinciden en que este programa piloto para incorporar a las empleadas del hogar al seguro social supone un avance importante en relación al bloqueo del IMSS y el gobierno federal durante décadas. Se cumple de este modo con rapidez la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que a finales de año dio seis meses para establecer un mecanismo que se ha diseñado en tan sólo tres meses. Pero Marcelina, que encabeza el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, no se conforma con que sus esfuerzos y de tantas de sus compañeras queden en la alfombra roja o en un ‘experimento': "No podemos poner a prueba solamente lo que es un derecho constitucional. El Estado debe regular”.

(er)

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