En su última columna en el periódico regional mexicano Notiver, Miguel Angel López Velasco abordó el feminicidio, el nepotismo político y la contaminación del agua potable. Las autoridades habían prometido ocuparse de los problemas, escribió López Velasco, en aquel entonces subdirector de ese medio de comunicación del estado de Veracruz. "Y si no, se lo recordaremos aquí", aseguró. Nunca se llegó a eso. Unas horas más tarde, López Velasco, alias "Milo Vela", estaba muerto.

Era el 20 de junio de 2011. Los asesinos llegaron al amparo de la oscuridad mientras el periodista de 55 años dormía, destrozaron la puerta de entrada y le dispararon a él, a su esposa Agustina y a su hijo menor, Misael, de 21 años, con más de 400 balas de armas de fuego rápido. La policía, cuya comisaría estaba a menos de una manzana de distancia, ni siquiera envió un coche patrulla. Diez años después, la fiscalía aún no ha encontrado un motivo o autores. Los dos hijos mayores de la pareja tuvieron que exiliarse.

Criminales "pueden esperar salirse con la suya"

Una familia fue destruida; una voz crítica, silenciada. Para los delincuentes, esta es una opción tentadora en México. "En más del 90 % de los casos, los autores pueden esperar salirse con la suya", explica a DW Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras en México. 

Sin embargo, al menos simbólicamente, el caso acabará ahora en los tribunales:el Tribunal Permanente para los Pueblos del Mundo ha programado para el 2 de noviembre en La Haya una jornada de audiencias sobre las violaciones de la libertad de prensa en el mundo. Se discutirán tres asesinatos emblemáticos de periodistas: Milo de México, Lasantha Wickramatunga, de Sri Lanka, y Nabil Al-Sharbaji, de Siria.

Los peligros que corre la libertad de prensa

No es probable que los Gobiernos salgan bien parados. La situación de los periodistas se ha deteriorado aún más en estos países. Según Flores, el objetivo del tribunal internacional es visibilizar el problema y responsabilizar a los Gobiernos. El proceso fue iniciado por Reporteros sin Fronteras, Free Press Unlimited (FPU) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). La demanda forma parte de una serie de acciones que los periodistas de todo el mundo están utilizando para llamar la atención sobre los peligros que corre la libertad de prensa. 

Otro es, por ejemplo, el proyecto Historias Prohibidas. Esta organización sin ánimo de lucro apoya a los periodistas que continúan con las investigaciones de los colegas asesinados, encarcelados o amenazados, con el fin de demostrar a los autores que las represalias contra los periodistas no son eficaces para encubrir las verdades desagradables.

El inicio de una espiral de violencia

La muerte de Milo fue un disparo de advertencia. Era experimentado y respetado, conocía el Estado como la palma de su mano. "Su muerte fue el preludio de toda una serie de asesinatos de periodistas en Veracruz", recuerda Balbina Flores. Entre ellos estaba Yolanda Ordaz, de Notiver, que, antes de su muerte, había criticado la lentitud de las autoridades en la investigación del caso de Milo, así como Regina Martínez, corresponsal del influyente semanario Proceso.

En Veracruz gobernaba entonces Javier Duarte (2010-2016), del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante su mandato, 17 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en Veracruz y tres desaparecieron sin dejar rastro. Circuló una "lista negra" de periodistas que desagradaban a Duarte y a su influyente predecesor y mentor político, Fidel Herrera, por lo que habrían sido espiados. Veracruz era el estado más peligroso para los periodistas en ese momento.

La Fiscalía regional, controlada por Duarte, lanzó la hipótesis de un "ajuste de cuentas" tras el asesinato. "Milo" se había enfrentado al narcotraficante conocido como "El Ñaca". Luego dejaron que el caso se diluyera. Posteriormente, Duarte fue condenado a nueve años de prisión por corrupción.

Ley de protección a periodistas: mecanismo lento y burocrático

Bajo la presión de los activistas de derechos humanos, el Congreso de México aprobó en 2012 una ley para proteger a los periodistas y activistas en peligro. Desde entonces, según Flores, más de 1.500 mexicanos, entre ellos 500 periodistas, han hecho uso de ella. Pero el mecanismo de protección es burocrático y lento. 

"Según la ley, las autoridades deben responder en un plazo de doce horas a una llamada de auxilio, ya sea con un botón de pánico, patrullas regulares de la policía, guardaespaldas o, en casos extremos, el internamiento en un piso franco. En la práctica, sin embargo, esto lleva hasta dos semanas", critica Flores.

En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió el Gobierno y prometió un cambio drástico en la política de seguridad. Sin embargo, poco ha cambiado. Según las cifras oficiales, durante su mandato han sido asesinados 43 periodistas y 68 militantes. 

"En la mayoría de los casos, hubo amenazas de muerte de antemano", dice Flores. De los siete periodistas asesinados este año, dos habían solicitado medidas de protección, pero llegaron demasiado tarde. Una reforma de la ley de protección, elaborada en colaboración con los organismos de periodistas, está en suspenso en el Congreso; el presupuesto de la agencia no se ha incrementado. "El tema no es una prioridad política", se queja Flores.

(few/er)