El abogado y activista pro Derechos Humanos colombiano, Pablo de Greiff, es desde 2012 relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En Alemania sostuvo entrevistas en el Parlamento y participó en un simposio organizado por el Instituto Alemán para los Derechos Humanos sobre el marco legal necesario para garantizar que las violaciones masivas a los Derechos Humanos no se repitan de nuevo.

La persecución de criminales, la creación de comisiones de la verdad y otras formas de investigación del pasado violento, sobre todo, la reparación a las víctimas, integran las estrategias judiciales y no judiciales de la llamada justicia transicional, en donde Argentina, Chile y Sudáfrica han sido países pioneros.

También Alemania, según de Greiff, “es un país que tiene una experiencia inmensa en el campo de la justicia transicional a pesar de que cuando comenzó su propio trabajo con respecto a su propia historia el término no se utilizaba. Alemania tiene una gran autoridad moral en cuanto a la autoreflexión que los países pueden comprometerse a hacer“.

El experto ha instado a sus interlocutores para que Alemania juegue un papel más prominente en las discusiones internacionales acerca de la justicia transicional.

DW: ¿Está Siria a años luz de pensar en una justicia transicional?

Pablo de Greiff: Debido a que la justicia transicional tuvo éxitos muy rápidos en una etapa bastante temprana de su desarrollo, se ha trasladado con muchísima rapidez incluso a situaciones de conflicto actual, en donde hay dudas acerca de las precondiciones necesarias para su buen funcionamiento, como por ejemplo, suficiente seguridad para que las víctimas tengan la confianza de dar testimonio a las comisiones de la verdad, o que sea posible, por ejemplo, levantar acusaciones a miembros activos de las fuerzas armadas. Cuando un país está en conflicto ninguna de esas condiciones existen. Pero aún así, hay una cantidad de trabajo previo que es indispensable hacer. Argentina y Chile nunca hubieran logrado tanto si durante los años durísimos de la dictadura no hubiera habido tanto individuos como organizaciones de la sociedad civil dispuestos a construir casos a medida que iban ocurriendo. Recolectaron evidencias, testimonios que en ambos países fueron insumos fundamentales, tanto para las comisiones de la verdad, como para los procesos judiciales. Todo eso puede hacerse mientras las violaciones ocurran. Por supuesto, con dificultad, pero puede hacerse y debe hacerse en Siria.

En México hay una protección a las fuerzas armadas, a la policía federal en los casos de desapariciones. ¿Tendrían que ser las víctimas y organizaciones no gubernamentales las que tienen que hacer esta labor de documentación?

Es fundamental. En cierto sentido es desafortunado, porque es pedirle a las víctimas que aún están en situación de riesgo, que hagan más trabajo además de sobrevivir y cargar con el peso de un pasado no reconocido. Pero desafortunadamente no hay ningún país en donde esa no haya sido una condición necesaria de un éxito posterior. Las medidas de la justicia transicional, como son la justicia penal, la reparación de la verdad y las garantías de no repetición fueron consecuencia de las transiciones post-autoritarias. En países como México en donde hay continuidad de régimen a pesar de cambios de partido en el gobierno, se ve cierta continuidad en la ausencia de compromiso político profundo para hacer reformas fundamentales a los servicios de seguridad. En el caso mexicano como en muchos de los centroamericanos se mezcla también los abusos que son característicos del ejercicio autoritario del poder, con consideraciones que tienen que ver con seguridad en la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado. Esa es una mezcla que es letal.

¿Y tiene alguna salida?

Tiene que ser posible demostrar que la lucha contra el crimen organizado es posible dentro de un marco constitucional. Hay algunos países que lo han logrado. No podemos ser ingenuos acerca del peligro que encierra la lucha contra el terrorismo, por utilizar el nombre que se le da ahora. Eso genera una gran tentación para que los Estados se desprendan de marcos de Derechos Humanos que habían sido reconocidos por ellos mismos bajo la excusa de que hacen falta instrumentos más robustos para luchar contra el crimen organizado. Así comienza a acercarse a los métodos de lucha que está combatiendo. El terror no se puede combatir con terror, sino con legalidad.

Usted ha instado a las autoridades españolas a hacer justicia a las víctimas del franquismo, es otro país en donde la clase política ha intentado simplemente olvidar el asunto, pero mientras una víctima no sienta que se ha hecho justicia, no olvida.

Esa es una de las lecciones que el mundo puede derivar del caso español. Que aún en contextos en donde la situación es relativamente positiva desde el punto de vista de derechos ciudadanos y derechos democráticos las víctimas no olvidan y continúan, hasta 70 años después, luchando por el reconocimiento que yo creo que merecen no sólo desde el punto de vista moral sino desde el punto de vista legal.

¿Argentina ha sido ejemplar en América Latina, qué otro país podría aportar experiencia?

Chile es un país que ha logrado éxitos inmensos. Tardíos, pero muy significativos en todos los órdenes, en el de la verdad, con varias Comisiones de la Verdad, la primera la Comisión Rettig y muchos años después la última la Comisión Valech para Prisión Política y Tortura, en el campo de la reparación el Programa Prais de Atención a las Víctimas es un ejemplo muy exitoso y de hecho no ha recibido suficiente atención internacional. En términos de judicialización Chile ha hecho tantos avances como Argentina y en términos de reformas institucionales hay un proceso que continúa hoy en día, pero ha incluido reformas importantes a la Constitución. Chile es un país que tiene muchísimo que mostrar.