"Es terrible lo que estamos viviendo en Tamaulipas, los enfrentamientos en Reynosa, las desapariciones de personas que ocurren todos los días, personas ejecutadas, cuerpos tirados en la carretera. La ola de violencia demuestra la debilidad de las instituciones, que deberían garantizar la seguridad de nuestro Estado y nuestros municipios", afirma Geovanni F. Barrios, fundador y director de la organización Fuerza Tamaulipas.  

En conversación con DW, Barrios destaca que a la ola de violencia se suma la simulación en los discursos de políticos estatales y federales que aseguran tener bajo control la seguridad. "La simulación es lo que más afecta a nuestra sociedad, el decir que estamos avanzando, cuando ellos saben perfectamente que eso no es así".

Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, Estados Unidos, ha vivido una violencia recurrente desde hace décadas, que recrudeció en 2021 debido a la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de Monterrey (Nuevo León). El semanario mexicano Proceso advierte que unas 90 personas han desaparecido en los últimos meses en la carretera Monterrey- Nuevo Laredo, y que la feroz disputa se debe al control del tráfico de migrantes. El Cartel del Golfo cobraría entre 500 y 1.500 dólares por migrante para pasarlo al otro lado de la frontera. Según estadísticas divulgadas por la Patrulla Fronteriza en EE. UU., unos 3.000 migrantes cruzan al día a través de Tamaulipas y Coahuila, también en el norte de México.

Recrudece la violencia en Reynosa

Reynosa, la ciudad más poblada de Tamaulipas, con más de 600 mil habitantes, que cuenta con la industria maquiladora más amplia del noreste de México, es nuevamente escenario de violencia vinculada al crimen organizado. "No es normal tanta violencia en una ciudad, y que el blanco de los sicarios fuertemente armados sea la población civil", advierte el experto en seguridad Raúl Benítez Manaut.  

En entrevista con DW, el catedrático e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el cierre de la frontera ha contenido el tráfico de drogas y puesto muy nerviosos a los grupos criminales. "Las drogas no les están funcionando porque la frontera está cerrada, entonces el negocio se ha derivado en el tráfico de personascentroamericanas. Pero eso es coyuntural, porque cuando la frontera se abra, normalizarán sus actividades de tráfico de drogas", destaca. Desde marzo pasado México y Estados Unidos cerraron su frontera común de más de 3.000 kilómetros de extensión para los viajes no esenciales, como medida para contener la propagación del coronavirus.

Reynosa ha sido, al igual que otras ciudades fronterizas mexicanas, destino de turistas estadounidenses que buscan tratamientos médicos accesibles. Sin embargo, la afluencia turística cayó abruptamente tras la advertencia del gobierno estadounidense a sus ciudadanos de evitar los viajes a Tamaulipas debido a la violencia. Algunas carreteras se han vuelto intransitables a causa de los robos, secuestros y desapariciones.

El 19 de junio pasado fueron asesinados 15 civiles inocentes en ataques al azar realizados por un grupo armado, que según las autoridades locales, se debió a la disputa por el control del Puente Pharr, que une a Reynosa con Texas. Analistas advierten que el gobierno mexicano no tiene un plan de seguridad definido y aplica acciones aisladas, mientras que las organizaciones criminales amplían sus áreas de control.

Vacíos aprovechados por grupos criminales

"Hay un problema de presencia del Estado en varias zonas, y esos vacíos los ocupan diversos grupos armados", advierte, por su parte, el analista de seguridad y columnista en el diario El Universal, Alejandro Hope, en conversación con DW.  

El analista descarta que los ataques contra la población civil, que tuvieron el claro objetivo de aterrorizar a la población, puedan ser considerados como actos terroristas. "La posibilidad de incluir a los grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos es algo que se discute desde hace mucho. Estuvo cerca de hacerlo el presidente Trump. La única ventaja es que eso permitiría que cualquier suministro o apoyo a estos grupos criminales pudiera ser considerado como apoyo material al terrorismo, pero no le autorizaría a Estados Unidos a intervenir en México".

Hope destaca que eso no es considerado viable por las autoridades mexicanas debido a que validaría la narrativa de la extrema derecha estadounidense, de que el narcotráfico y el terrorismo son fenómenos paralelos, por lo que habría que cerrar la frontera. Para Estados Unidos eso dificultaría la cooperación con México, porque tendrían que suspender una serie de programas de asistencia económica".

Alejandro Hope considera que la administración del presidenteAndrés Manuel López Obrador ha tenido una estrategia de seguridad negligente. "No se dan cuenta del tamaño del monstruo que tienen enfrente y no han querido ir más allá de construir cuarteles y poner botas de la Guardia Nacional en el terreno, sin poner en marcha una estrategia más amplia".

No son actos terroristas

Geovanni Barrios coincide con Hope, y añade que no se trata de actos terroristas porque no se busca desestabilizar al gobierno. "Son ataques a la sociedad con el objetivo de calentar la plaza a un grupo rival. Los ataques a la población civil son delitos de lesa humanidad que debieran ser juzgados en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en los Países Bajos".

Barrios destaca que lo que se vive en Tamaulipas ahora es el resultado de la violencia en el pasado. "Esto ya lo vivimos en 2012 y 2013, cuando llegaban grupos rivales y se llevaban a muchachos para reclutarlos cuando había una guerra entre el cártel del Golfo y el de Los Zetas. Desde el 2008 hubo una serie de desaparecidos de forma alarmante. Tenemos en Tamaulipas a más de 20.000 desaparecidos y muchos menores quedaron sin padre o madre, sus padres fueron alejados de manera violenta del entorno familiar. Esta problemática la volvemos a vivir hoy en día. Todos los días hay personas desaparecidas, y en vez de tener una política criminal de corto, mediano y largo plazo, las autoridades simulan que se está avanzando".

El activista advierte, asimismo, que mientras haya corrupción en los ingresos a las arcas municipales, estatales y federales, los grupos criminales siempre estarán exigiendo su parte. Barrios considera que buena parte de las desapariciones, sobre todo de mujeres, se debe a que son secuestradas y luego, obligadas a prostituirse.

"En 2020 fueron localizadas 72 mujeres en Puebla que eran obligadas a prostituirse. Como las mujeres declararon que estaban en esas condiciones por su propia voluntad, tal como habían sido instruidas por sus mismos captores,  fueron puestas en libertad. Las leyes otorgan 48 horas para llevar a cabo una investigación e identificar a las personas. Sin embargo, no se hizo nada. Tenemos los mismos niveles de impunidad de hace 30 años, que rondan el 99%. Por eso México es un paraíso para el crimen; eso explica la gran cantidad de delitos que se cometen”. 

(cp)