"No sólo necesitamos buscar a las personas desaparecidas, sino también garantizar que no se repitan estos hechos, que no haya más familias buscando a sus seres queridos”, dice en entrevista con DW Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Reconoce que el plan nacional de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, anunciado por la administración de Andrés Manuel López Obrador representa grandes desafíos. Pero también esta iniciativa, elaborada en diálogo con familiares de las víctimas y expertos de organizaciones nacionales e internacionales, es una gran oportunidad para enfrentar la crisis humanitaria que afecta a México.

Deutsche Welle: El plan anunciado por el gobierno genera mucha esperanza, ¿confía en que tenga buenos resultados?

Jan Jarab: Desde la Oficina del Alto Comisionado, saludamos el plan para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Es clave, porque la búsqueda es, de hecho, la demanda primordial de las familias de las personas desaparecidas y será sin duda desafiante, dado el número abrumador de desapariciones, más de 40 mil, según los datos oficiales, y probablemente muchas más.

¿Cuáles son los mayores desafíos?

Las circunstancias son desafiantes, porque muchas veces no se sabe si las desapariciones fueron cometidas por el crimen organizado o por servidores públicos y porque hay tantos cuerpos no identificados. También será un reto hacer operacional el Sistema Comisión Nacional de Búsqueda, que se quedó hasta la fecha más en el papel que en la realidad. Sin embargo, sí compartimos la esperanza de que, con el plan, las cosas pueden empezar a mejorar.
Si bien la prioridad es la búsqueda de las personas desaparecidas y las demandas de sus familiares, también será importante que la nueva Fiscalía autónoma priorice la implementación del Plan de búsqueda y la aplicación de la Ley General de Desapariciones en relación con la justicia y verdad como derechos de las víctimas. Cuando hay autoridades involucradas, la obligación internacional de México es muy clara: investigar y sancionar a las autoridades involucradas.

Si hay crímenes que pueden haber sido cometidos por servidores públicos, ¿cómo podemos contar con la aplicación y gestión del plan, por parte de las autoridades?

Para que no se repitan estos hechos es necesario que se produzca un corte radical con el pasado. Todas las autoridades deben enviar el mensaje de que estos terribles crímenes no serán tolerados. La coordinación entre autoridades y la voluntad política de investigar a los funcionarios y de no permitir una cultura de encubrimiento van a ser fundamentales. La depuración de cuerpos policiales, el establecimiento de procesos de control efectivos y la investigación de las desapariciones son elementos esenciales. Esta es la vía para superar las resistencias a la implementación del plan y de la Ley General en Materia de Desaparición.

En su opinión, ¿cuáles son los aportes de este plan?

Lo más destacable es la voluntad política. El anuncio en sí mismo es una muy buena noticia que muestra que el nuevo Gobierno toma el tema en serio. Es sumamente importante que el Subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoce que buscar a los desaparecidos es una obligación del Estado que no puede recaer en las víctimas, pero también que varias veces reiteró que no se puede avanzar sin las víctimas. El diálogo con las víctimas nos parece fundamental.

¿Y qué echa de menos?

El plan contempla muchos de los puntos esenciales para atender la problemática. Obviamente el anuncio es aún de carácter muy general y falta concreción, pero esto es normal y faltará el trabajo de los próximos meses para dar forma y contenido a los puntos esenciales. El reto principal no está en el plan, sino lograr su implementación a nivel de los estados. México es un país federal con 32 estados y en numerosas ocasiones hemos visto a gobiernos locales negarse a adoptar iniciativas protectoras de los derechos humanos o no destinando los recursos necesarios para ello. Ese es uno de los principales retos que tendrá este asunto.

El gobierno acaba de nombrar a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda…

Saludamos el nombramiento de Karla Quintana, cuya trayectoria destaca por su profesionalismo y compromiso con los derechos humanos. Aunque mucho depende del diseño institucional, también se necesitan servidores públicos comprometidos para que las instituciones verdaderamente funcionen.

¿Están ustedes participando en la elaboración o ejecución del plan?

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está involucrada en varios aspectos de la implementación de la Ley General sobre Desapariciones, en cuyo proceso de adopción hemos influido. Entre otros temas, estaremos dispuestos a proveer asistencia técnica para la elaboración concreta de los protocolos de búsqueda y seguir acompañando a las familias en su diálogo con las autoridades.
De hecho, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, hemos sido parte activa del diálogo entre gobierno, sociedad civil y personas expertas para determinar problemáticas y alternativas en materia de identificación de restos de personas fallecidas. Y a nivel estatal estamos colaborando con varios gobiernos para la redacción de sus leyes estatales y sostener el diálogo entre colectivos y autoridades. En algunos incluso estamos acompañando la conformación de sus comisiones de búsqueda.

Autora: Victoria Dannemann (CT)