“La noticia ha sido recibida con mucho dolor, pero, sobre todo, con mucho coraje, con mucha rabia. Los familiares de los muchachos insisten en que están vivos, mientras el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no confirme lo contrario”, señala Abel Barrera, fundador del Centro de DDHH de la Montaña de Tlachinollan, que acompaña junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a las familias de los 43 estudiantes de Magisterio que desaparecieron el pasado 26 de septiembre.

El antropólogo y activista explica en conversación con DW que los familiares no confían en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por todas las fallas en las que ha incurrido, su actuación tardía, su falta de compromiso, sus intentos por bloquear los expedientes a los abogados de las víctimas y por impedir el acceso a los peritos argentinos al inicio de las investigaciones.

Por todo esto, insiste Barrera, los padres no confían en las autoridades y reclaman la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las indagaciones, así como que las conclusiones estén soportadas por pruebas fehacientes. “Esto no se puede presentar como un caso cerrado, necesitamos certezas y pruebas científicas”, señala Barrera y añade que, ante esta situación, los familiares quieren impulsar un movimiento de víctimas, con el objetivo de romper con la impunidad.

Demandas por crímenes de lesa humanidad a La Haya

Por su parte, Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia de Nueva York, recuerda que en Argentina, Sudáfrica y Camboya, países en donde el pueblo no creyó en la justicia del Estado o no la consideró legítima, lo que la población hizo fue establecer Comisiones de la Verdad integradas por personas que fueran aprobadas por las familias de las víctimas. “Las Comisiones de la Verdad toman testimonios y van recabando material potencialmente probatorio que después se envía a instancias supranacionales, como la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés) de La Haya”.

Buscaglia considera que las comisiones podrían estar asistidas técnicamente por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. “Si el pueblo mexicano no confía en la justicia del Estado, a través de Comisiones de la Verdad se debe comenzar a recabar los testimonios de personas que ayuden a llegar a la verdad. El día en que comience a funcionar la justicia mexicana, que supongo tendrá lugar tarde o temprano, entonces ese material se podría canalizar a las instancias oficiales”, explica Buscaglia.

El experto destaca que no se puede permitir que el caso de los 43 jóvenes y de los 26.000 desaparecidos siga siendo procesado en el sistema judicial mexicano. “Está paralizado. De cada 100 delitos, hay una sola sentencia, hay un 99 por ciento de impunidad de acuerdo a las cifras más conservadoras”.

Barrera describe el sentir de los mexicanos. “Lamentablemente, las autoridades han caído en una lógica de poder, lo que buscan es controlar los daños para detener el malestar que crece en nuestro país. Hay una gran indignación ante el Gobierno federal que ha cobijado y solapado a autoridades de distintos niveles que están coludidas con el crimen organizado”. El activista advierte que las autoridades quieren cerrar el caso y al mismo tiempo diseccionar el asunto como si fuera un problema de delincuencia organizada limitado a una región. “Quieren quitarle la carga política y sobre todo la responsabilidad del Estado”.

Críticas al presidente Enrique Peña Nieto

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional criticó al presidente, Enrique Peña Nieto, por no aceptar la asistencia técnica ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por el hecho de que, en medio de esta crisis, Peña Nieto inicie una gira internacional, demostrando así poco interés ante la tragedia.

Buscaglia es categórico. “El presidente Peña Nieto tiene al demonio en su propia casa. La delincuencia organizada mexicana es de Estado, tiene operando a grupos criminales con disfraz de políticos, de empresarios que se encuentran en los directorios de estas redes criminales”. Para el experto, el presidente se comporta como el avestruz que mete su cabeza en la arena.

“Ningún Estado, en la situación en la que está México hoy, como lo estaban Colombia e Italia en la década de los 90, puede limpiar su estructura sin un liderazgo desde arriba hacia abajo y desde adentro hacia fuera, que limpie su estructura y expulse a los mafiosos que están vestidos como senadores, diputados, gobernadores y alcaldes. El caso de los 43 jóvenes asesinados en Iguala, es un ejemplo de libro de la delincuencia organizada que ilustra un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad”, concluye.