“El intento del Gobierno federal por acallar las voces que han criticado su estrategia de seguridad denunciando crímenes gravísimos en México, no va a surtir efecto”, dijo el abogado Netzaí Sandoval en conversación telefónica desde España con Deutsche Welle. “Si de verdad inicia un litigio penal en contra nuestra vamos a pelear hasta las últimas instancias y vamos a derrotarlos jurídicamente porque nos asiste la razón, porque estamos haciendo uso del derecho constitucional de libertad de expresión y un derecho fundamental que es el poder acudir a tribunales internacionales en búsqueda de justicia”, afirma.

El letrado respondió así a las advertencias lanzadas por el ejecutivon federal, sobre posibles acciones legales contra los activistas que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya que investigue presuntos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por la estrategia de combate al narcotráfico que ha dejado un saldo de más de 50.000 muertos. La querella firmada por 23.000 mexicanos, fue presentada el pasado viernes ante el tribunal que dirige el fiscal argentino, Luis Moreno Ocampo.

Violaciones del ejército

“Yo no veo que el gobierno mexicano tenga argumentos legales para inciar un proceso contra nosotros. Nos acusan de mancillar el honor del Estado mexicano y difamar el buen nombre de algunos funcionarios. Nosotros respondemos que todas y cada una de las imputaciones que hemos planteado, por ejemplo, que el Ejército viola sexualmente, no sólo a mujeres sino a niñas, que el Ejército desaparece a personas, que realiza torturas, que el Ejército y las fuerzas de seguridad en México realizan ejecuciones extrajudiciales, que el Instituto Nacional de Migración participa en el secuestro de migrantes centroamericanos. Todas las imputaciones que hemos señalado están avaladas por documentos que presentamos ante la Corte Penal Internacional”, subraya Netzaí Sandoval.

Proveniente de una familia de larga tradición de lucha sociales, el abogado dice que la iniciativa fue preparada durante 2011 a instancias de defensores de los Derechos Humanos y periodistas mexicanos. “Lo que hemos logrado hasta ahora es tener un número de expediente donde la información adicional que vaya surgiendo se va a concentrar ahí”, afirma.

“El fiscal (Luis Moreno Ocampo) va a analizar la situación en México y esperamos que en el corto plazo se abra un análisis preliminar como ocurre en los casos de Colombia y Honduras”. El jurista destaca que parte del proceso es que el fiscal solicite información al Gobierno federal y a los comités de Naciones Unidas que han denunciado violaciones a los Derechos Humanos en México.

“Mi tarea es abrir investigaciones”: Moreno Ocampo

Por su parte, el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aseguró a la agencia efe que según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la fiscalía tiene la obligación de analizar las quejas que remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. “Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, dijo Ocampo.

La CPI ha realizado investigaciones preliminares en Honduras y Colombia. En este último país no ha abierto una investigación propia porque las autoridades colombianas ya están estudiando los presuntos crímenes relacionados con las FARC y el narcotráfico.

Netzaí Sandoval señala que así como el caso mexicano, los casos de Colombia y Honduras fueron impulsados por la sociedad civil. “Lo que nosotros señalamos ante el fiscal es que la violencia que se vive en México fue superior en 2010 que en Colombia y peor que la que vivió Honduras en 2009 durante el golpe de Estado”, enfatiza.

“Esto demuestra que la situación que vive México, que ha dejado a más de 230 mil personas desplazadas, más de 50 mil personas asesinadas y a más de 10 mil desaparecidos, es una crisis humanitaria que amerita la intervención de la CPI”.

Casos de tortura

El expediente incluye más de 400 casos que documentan graves violaciones a los Derechos Humanos y ejecuciones. “Un número muy importante de casos hablan de prácticas sistemáticas del Ejército mexicano. La tortura se practica de manera reiterada en los cuarteles. El máximo jefe de las fuerzas armadas, que es el presidente, tendría que haber ordenado que a los detenidos no se les tranfiera a las bases del Ejército sino que fueran presentandos directamente ante el Ministerio Público. Esta tolerancia hacia la tortura es lo que permite que estos crímenes sigan ocurriendo”.

Para el precursor de la iniciativa el problema central es la impunidad y uno de los argumentos principales que permitirán que la CPI intervenga.

“La crisis humanitaria que está desgarrando nuestro país ha generalizado la violencia precisamente porque los crímenes no se castigan. Estamos señalando ante el fiscal que documentos oficiales de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), señalan que pese a todas las agresiones que han cometido los elementos del Ejército, hay un sólo soldado en prisión”, dice.

“Nos parece insultante que haya esta política de protección a los crímenes que comete el ejército mexicano y es un tema central por el cual la CPI va a intervenir”, concluye.

Autora: Eva Usi

Editor: José Ospina-Valencia