Ocho personas fueron ejecutadas en un solo día el pasado 26 de mayo en Tijuana, ciudad que comparte frontera con Estados Unidos, y que cuenta con uno de los mayores picos de la pandemia por Covid-19. Las víctimas fueron halladas en contenedores, en la vía pública, atadas con cuerdas y disparos en el tórax, la cabeza y la espalda. La localidad se convirtió en 2019 en la más violenta del país, con 2,185 asesinatos. En esta zona fronteriza han proliferado los narcolaboratorios y las pugnas entre poderosos cárteles por el dominio territorial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el fin de su sexenio (2024) a través de un decreto publicado el pasado 11 de mayo, en medio de la contingencia por coronavirus. La pandemia y los homicidios dolosos van de la mano por su letalidad. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo y abril fueron asesinadas una cifra récord de 6.098 personas en México, frente a las 6.510 muertes por COVID-19 registradas hasta el 21 de mayo. Las autoridades mexicanas prevén un aumento en la ola de violencia y repunte de delitos tras la pandemia.

Derrota de una estrategia fallida

"Es la derrota de una estrategia diferente que nunca cuajó. López Obrador y sobre todo Alfonso Durazo (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana), hicieron todo lo posible por modificar la estrategia, pero no fueron capaces de lograr una coordinación interinstitucional entre los Estados y municipios en torno de un plan de seguridad integral y regional”, afirma Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México en conversación con DW.

El politólogo y periodista destaca que aunque ha habido iniciativas muy valiosas en la actual administración, como el combate al huachicol (robo de combustible), o, más recientemente, el intento por incluir el tema de las armas en la agenda bilateral México-Estados Unidos, son propuestas aisladas que no responden a un plan integral de seguridad.

"Terminaron refugiándose, como lo hizo Felipe Calderón (PAN 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI 2012-2018), en las instituciones militares que son las que siguen manteniendo la mayor fuerza en esta batalla. Es la claudicación de una intención”, afirma Aguayo, y lo ilustra citando una frase de Durazo: "Es lo que hay”. "Como resultado, tenemos a los militares una vez más como eje de la política de seguridad”. 

Récord de violencia en México

El experto explica que una política de seguridad integral y regional debería considerar a las víctimas, a las fuerzas del orden, a los policías municipales; así como las diferencias regionales del país, e incorporar a Estados Unidos y América Central como parte de una visión articulada. 

Desde el comienzo de la guerra contra el narcotráfico, iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006, han muerto más de un cuarto de millón de personas en México de manera violenta. Una cifra, que según la OMS, registran sólo países en guerra. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto continuó la estrategia. Durante su gestión se produjo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que sigue sin esclarecerse. En 2019 se registró un récord histórico de 34,582 asesinatos, equivalentes a 95 al día, lo que puso en tela de duda la estrategia de López Obrador, que cumplió en diciembre pasado el primero de seis años de mandato, y prometió un cambio de paradigma durante su campaña. Combatir las causas de la violencia, la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades.

Falta inteligencia y ofertas de empleo

El politólogo alemán Günther Maihold coincide con Aguayo en que López Obrador vuelve sobre los pasos de sus predecesores. "El uso de la fuerza militar es un instrumento para controlar la violencia pero es totalmente insuficiente cuando no hay un trabajo de inteligencia, no hay una movilización de la sociedad civil para la recuperación de espacios públicos, ni tampoco oportunidades de empleo”, destaca en conversación con DW.

El subdirector del Instituto para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP, según sus siglas en alemán), un think tank con sede en Berlín, explica que, aunque el recurrir al Ejército es más visible, al final es menos sostenible, porque las tropas no tienen conocimiento sobre el terreno de los lugares adonde son desplegadas. "Rompen con los procesos internos de gobiernos estatales y municipios. Es el viejo estilo, pero nada del proyecto de pacificación que llevó a López Obrador al gobierno”.

Maihold destaca la distinta apreciación entre el Ejército y la Marina, en donde López Obrador claramente prefiere al  Ejército. "Hay una expansión de funciones de los militares en sustitución de actores civiles, desde la policía hasta empresas constructoras, lo que es un efecto perverso de un proyecto que se anunció como de pacificación y de participación de la sociedad civil”.

El ejército cumple las labores más diversas

Desde la llegada de López Obrador al gobierno en diciembre de 2018, el Ejército mexicano ha sido asignado con las labores más diversas. "Desde la construcción del nuevo aeropuerto, hasta el reparto de libros de texto, medicamentos, plantación de árboles. El Ejército llevó las cenizas del cantautor José José, y trasladó al expresidente Evo Morales a México”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) también participa en las labores de seguridad interior en las filas de la Guardia Nacional, en la construcción del Tren Maya, la creación de sucursales del Banco del Bienestar y ahora en el plan de contingencia por la pandemia de Covid-19.

"Es construir el Estado desde el Ejército, lo que el presidente conecta en su discurso con las enseñanzas históricas que profesa, pero que no está a la altura de una sociedad democrática hoy en día”, lamenta Maihold. El politólogo echa de menos un plan integral de gobierno. "La gestión del presidente es guiada por su instinto político, no logra deshacerse de sus convicciones personales sobre quienes considera amigos y enemigos. Lo que necesitaría justamente es un gobierno integral en donde se discuta las posiciones básicas y no obedezca a las enseñanzas de las mañaneras”.

Maihold deplora particularmente los efectos de los recortes presupuestales de un 75% en las posiciones 2.000 y 3.000 en el gasto corriente que afectarán gravemente a las instituciones del país. "Tendrán un efecto devastador para la cohesión de una gestión gubernamental”, concluye.

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