Paso a paso, las investigaciones confirman lo que a todos los mexicanos parece quedarles claro. Es obvio que tras la desaparición de los 43 estudiantes están el alcalde de Iguala y su esposa. También resulta evidente que ambos colaboraron con organizaciones criminales coludidas con la policía (de otro modo, todo ese sistema no hubiera funcionado). ¿Cómo podría un alcalde ejercer su poder sin dinero que repartir, y sin “narcos”, como son llamados los barones de la droga, con los cuales llevar a cabo sus arbitrariedades, haciendo uso de la violencia?

Para la mayoría de los mexicanos, los resultados de las investigaciones hechas por la Procuraduría (fiscalía) General no fueron una sorpresa, pues Iguala no es un caso aislado. Impulsada por la extrema desigualdad, la corrupción es la norma a todos los niveles de la administración pública. Tampoco sorprende el hecho de que, en este entorno, existan policías dispuestos a colaborar con el crimen organizado (y más porque los “narcos” reaccionan con bestial violencia cuando se les opone).Pueden contar con que permanecerán en la impunidad, debido a las buenas conexiones entre muchos políticos y la mafia (ver aquí). Así, funcionarios y criminales colaboran sin que en muchos casos se les moleste.

La consecuencia es fatal: la pérdida de cualquier noción de autoridad gubernamental. Los mexicanos ya no creen en su Gobierno, han perdido la paciencia y no hacen ninguna diferencia entre un alcalde local y un presidente de la República. Luego de una guerra contra las drogas que ha dejado más de 100.000 asesinatos y un sinnúmero de desapariciones, la reacción del gobierno de Peña Nieto ha sido muy corta, muy tardía, y muy débil. Y por eso, carente de credibilidad.

¿Cómo podría uno creer que luego de una búsqueda tan larga, de tantas detenciones, y de tantas declaraciones, siga sin haber rastro de los estudiantes desaparecidos? Muchos miles de personas se manifiestan bajo el lema “Los queremos vivos”, pero en el fondo nadie duda que los 43 jóvenes fueron víctimas de una masacre. El presidente ha enviado a la Policía Federal, ha quitado poderes a las policías locales y ha condenado los hechos, pero no ha dialogado con los familiares de las víctimas, ni ha visitado la escuela donde éstas estudiaban.

Tales gestos no le atraerían a Peña Nieto mayor confianza, pero serían un comienzo. El inicio de un diálogo urgente con una sociedad que se conforma con fuerza cada vez mayor, bajo el impacto de los sucesos de Iguala. A diálogo deberían seguir hechos concretos. Los ciudadanos no quieren solo órdenes de aprehensión, sino también sentencias. La reforma del Código Penal va en la dirección correcta, pero hasta el momento ha traído pocos resultados. Debe ser revisada, sobre todo en lo que respecta al combate contra la corrupción, y adecuada a los estándares internacionales. Y no por último: para ganar credibilidad, México no debe dudar en pedir ayuda y asesoramiento del exterior, por ejemplo, de las Naciones Unidas.

Desde hace tiempo, las protestas en México no se refieren solo a los desaparecidos de Iguala. Son un levantamiento a favor del Estado de derecho. Si el presidente no entrega prontos resultados, la presión sobre él crecerá, y no solo del exterior.