Este 20 de noviembre se celebra el aniversario de la revolución mexicana. Hasta hace unos años, esta jornada se festejaba con un desfile deportivo. Hoy, 104 años después de que los mexicanos se alzaran en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, México se levanta nuevamente, no en armas sino pacíficamente, haciendo valer sus derechos ciudadanos en contra de la dictadura del crimen organizado, la corrupción y la impunidad que socavan a este gran país.

El dolor de los padres de los desparecidos de Ayotzinapa se ha convertido en el dolor de toda una nación. A casi dos meses del secuestro y amparados por la consigna “vivos se los llevaron y vivos los queremos”, estos padres no pierden la esperanza de que el laboratorio en Austria que investiga los restos calcinados confirmen que éstos no son de sus hijos, y se niegan a aceptar la información de la Fiscalía General mexicana en el sentido de que los desaparecidos fueron asesinados.

Estos despojos se han convertido en el símbolo de todos aquellos que yacen olvidados en el sinfin de fosas clandestinas encontradas en México. Independientemente de que se logren pruebas fehacientes de que son los estudiantes de Iguala, el grito de “vivos se los llevaron y vivos los queremos” no debe mermar. Esta monstruosa tragedia debe convertirse en base inquebrantable para que la sociedad civil mexicana, para que los allegados de cada uno de los desaparecidos y de cada uno de los asesinados, demande del gobierno en función que cumpla con su obligación principal: cuidar a sus ciudadanos.

Presión sobre el presidente

En la historia moderna de México ningún presidente ha dimitido antes del fin de su sexenio. La presión sobre Enrique Peña Nieto es grande, las voces que exigen su renuncia se multiplican. Mientras que Peña no demuestre la sensibilidad de reconocer prioridades, tales voces no se acallarán. Al mandatario le tomó más de dos semanas reaccionar a los acontecimientos de Iguala y reunirse con los padres de los desaparecidos. A pesar de la conmoción generalizada en su país, decidió darle prerefencia a su agenda y viajar a la Cumbre de la APEC en China y posteriormente participar en Australia en al reunión del G-20, ignorando que la prioridad en este momento era encontrar a los desaparecidos, darle nombre a los muertos e identificar a los responsables de la violencia en Iguala.

La estrategia del gobierno mexicano parece ir en dirección contraria. Como si su ausencia en uno de los momentos más críticos de la historia moderna de México fuera poco, el presidente Peña Nieto acusa a “grupos” de querer desestabilizar al país y atentar contra su proyecto de gobierno, al estar detrás de las protestas registradas en las últimas semanas. A la falta de sensibilidad para reconocer prioridades parecería sumársele la de reconocer realidades. La violencia se ha registrado por parte de manifestantes como reacción a la falta de justicia, y no desde hace dos meses, sino desde hace muchos años. El nombre de los “grupos” que verdaderamente desestabilizan al país se conoce desde hace mucho tiempo: Cártel de Sinaloa, los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel Beltrán-Leyba, Caballeros Templarios, Cártel de Juárez, Cártel de Jalisco, Cártel de Tijuana, por nombrar solo a los más importantes de una larga lista.

Por lo tanto, la consigna de “vivos se los llevaron y vivos los queremos” no debe cesar hasta que el último muerto en las fosas clandestinas tenga nombre y apellido y hasta que el último responsable de la violencia en Iguala sea llamado a rendir cuentas a la Justicia.

La manifestación multitudinaria de este 20 de noviembre es un paso más en la única dirección correcta. El movimiento de los padres de Iguala, así como de la sociedad civil mexicana y la opinión pública internacional, no debe parar hasta que el gobierno mexicano se decida a actuar como el régimen democrático del cual los presidentes mexicanos, y ahora Peña Nieto, hablan en los foros internacionales.