El proyecto para la elección popular de los jueces en México avanza a grandes pasos. Lo propuso el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su plan es dejarlo aprobado antes de que asuma su sucesora, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de este año.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que ambos pertenecen, cuenta con mayoría casi absoluta en el Congreso que entra en funciones el 1 de septiembre, aunque en el Senado le faltan dos votos para aprobar reformas constitucionales como la propuesta.

Descontento con una justicia disfuncional

Este lunes 17 de junio, Claudia Sheinbaum presentó unas encuestas exprés encargadas por el gobernante Morena. Según estos sondeos, criticados en su metodología por la oposición, entre el 68 y el 75 por ciento de las personas opinaron que los jueces deben ser elegidos por voto popular.

Esos números reflejan el descontento con un sistema judicial percibido como ineficaz y corrupto. México tiene una altísima impunidad: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 92,4 % de los delitos no se investigan porque no se denuncian o porque los Ministerios Públicos no abren las investigaciones.

¿Resolverá la elección popular estos problemas? DW consultó el tema con expertos.

Lo que cambiaría con la reforma

Según el proyecto planteado por AMLO, se elegiría por voto popular a los jueces superiores y federales de todo el país, en total unos 7.000, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los garantes constitucionales, deciden sobre delitos federales como crimen organizado, y conceden los amparos, una figura clave para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder.

Para postularse, basta con tener cinco años de experiencia como abogado, sin necesidad de una especialidad. "Significa una curva de aprendizaje muy compleja, en perjuicio de la sociedad", advierte a DW Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

Hoy en día, se llega a esos niveles superiores luego de una larga carrera de formación, especialización (por ejemplo, en materia civil, penal o comercial) y concursos. "Para ser jueza de distrito, nos presentamos 3.000 postulantes para 20 cargos", recuerda Molina de la Puente.

"Somos árbitros, no jugadores"

Además, critica el tema de hacer campaña. "No somos políticos, nuestro papel es diferente y nuestras exigencias y reglas también", señala. "Hablando en términos futbolísticos, somos árbitros, no jugadores".

Otro peligro es que estas campañas sean financiadas por grupos de interés o el crimen organizado con el fin de corromper los juzgados.

Someter a un contrapeso molesto

Molina de la Puente considera que el trasfondo de la reforma es el enojo del presidente saliente con la Corte Suprema, que ha frenado varios de sus intentos de cambiar la Carta Magna, por considerarlos inconstitucionales.

"La reforma se da en un contexto de años de ataques sistemáticos del partido en el poder, criticando que los jueces sólo ponen trabas al presidente", explica la magistrada. "Pareciera que la reforma tiene como objetivo someter a un contrapeso considerado molesto".

Ejemplo de Bolivia: justicia a pedido

En eso coincide Rafael Archondo, doctor en investigación social, quien actualmente cursa un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Archondo es boliviano de nacimiento, único país del continente donde se elige a los jueces por voto popular, luego de una reforma del año 2011.

"Como resultado, la dependencia de la Justicia del Poder Ejecutivo ha crecido mucho", afirma el también exdiplomático, y da un ejemplo: "Los jueces electos habilitaron en 2017 la posibilidad de una reelección indefinida de Evo Morales (entonces presidente izquierdista), en contra de la Constitución. Cuando la opositora Jeanine Áñez llega al cargo en 2019, se ponen del lado del nuevo Ejecutivo, inhabilitan a Evo y persiguen a sus colaboradores, y cuando gana Luis Arce, abren un proceso contra Áñez, ante quien se habían arrodillado antes", resume Archondo.

Ante tantas piruetas judiciales, el rechazo de la población es tal que, en la última votación judicial, el 66 % anuló o depositó la boleta en blanco. Hasta el exvicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, dijo estar asqueado por una corrupción judicial que "apesta".

Muchos cuellos de botella

La perspectiva de una Justicia politizada, con falta de reglas claras, en una potencia económica como México, pone muy nerviosos a los inversionistas. En los últimos días, el peso mexicano y la bolsa de valores han registrado una alta volatilidad.

Para calmar los ánimos, Molina de la Puente propone un debate donde se analicen con seriedad los problemas. Ella ya ha identificado algunos cuellos de botella: "Tenemos tres jueces por cada 100.000 habitantes. En Alemania son 24. Y eso con las condiciones sociales y el contexto de violencia en México es insuficiente", afirma.

Apunta también a un problema grave en las Fiscalías y los Ministerios Públicos, el primer eslabón que solo pasan 10 % de los delitos denunciados. "De los pocos casos que se judicializan, muchos no tienen investigaciones ni pruebas sólidas, y nosotros como juzgadores debemos tener el principio de presunción de inocencia", subraya la experta.

"México tampoco ha seguido los lineamientos de la ONU de garantizar un presupuesto mínimo al poder judicial", añade.

Bolivia, caso único

Sin este tipo de reformas de fondo, hay poca esperanza de que la justicia mejore para el ciudadano común y corriente, como lo demuestra el caso de Bolivia. "En los niveles inferiores, todo sigue funcionando pésimo y sin recursos", dice Archondo.

Él recomienda a México no vincular la selección de los jueces al voto popular.  "Es un servicio que no se puede electoralizar". En su opinión, sería un error seguir el ejemplo de su país. Excepto Bolivia, ningún otro país ha seguido este camino. "No creo que toda la humanidad esté equivocada", puntualiza Archondo.

(ers)