En conversación con DW, el analista político Günther Maihold advierte que los actos violentos protagonizados por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG, han desvirtuado los reclamos de justicia de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Maihold sostiene que mezclar las protestas por la reforma educativa y los reclamos de justicia por los crímenes de Iguala es un mal cálculo, pues impide un verdadero empuje hacia una política más enérgica en materia de DDHH. Por lo demás, apunta que el caso ha impactado más en el exterior que en el debate político interno.

DW: Se cumplen cuatro meses desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué ambiente se respira? ¿Está satisfecha la ciudadanía con los resultados de las investigaciones?

Günther Maihold: No hay una satisfacción con los resultados de las investigaciones. Se esperaba que la identificación de los restos óseos encomendada al laboratorio forense de Innsbrück llevara a resultados contundentes. Ahora se encuentran ante la imposibilidad de hacer un diagnóstico sobre si realmente se trata de los restos de los estudiantes desaparecidos. A nadie le satisface este resultado.

Se pone en tela de duda la versión oficial de que los estudiantes fueron calcinados en un basurero de Cocula…

Hay un halo de conspiración en torno al caso y muchas sospechas. Hay que atenerse a la versión más fehaciente presentada por los delincuentes en sus testimonios ante las autoridades. Todo lo demás son elementos que son difíciles de comprobar.

¿Cuál es la actitud del gobierno federal ante este caso?

El caso se ha desvirtuado por las actividades en el núcleo de los padres y su alianza con la CETEG, que ha provocado una situación de malestar en la población. En nombre de los padres, los integrantes de la CETEG han participado en actos violentos, en actos de rapiña, en actos de ocupación de la autopista (Autopista del Sol México-Acapulco). Creo que eso está desvirtuando el interés que debería prevalecer, de que se haga justicia en este caso. Y que se logre avanzar hacia un juicio, pero como sabemos en México los juicios son largos, pueden durar hasta ocho años hasta que se llegue a una condena; en ese sentido el esclarecimiento del caso por parte de las autoridades judiciales, que son la instancia central, se hará esperar mucho.

¿No hay un interés por desacreditar las protestas?

El asunto es un poco complicado porque están mezclados en estas protestas la reforma educativa y el reclamo de Ayotzinapa. Esta mezcla es muy difícil que arroje resultados. Puede que sea una alianza táctica en Guerrero pero no en el resto del país. Creo que ese es un mal cálculo de los grupos que quieren hacer escuchar sus reclamos, pero justo esto se deriva en una facilidad para que el gobierno siga trabajando en su agenda como si no hubiera pasado nada. No se ha logrado realmente un empuje para dar un giro a la política de DDHH.

Hay quienes dicen que cuando se oye hablar al presidente pareciera que gobernara sólo para una élite. ¿No está el gobierno demasiado alejado de la ciudadanía?

El problema es ubicar cuál es la ciudadanía que uno tiene en mente. Porque estamos viendo que los programas del gobierno están orientados hacia un grupo de la población y deja a otros de lado; es un proceso que nunca va a tocar a toda la ciudadanía. La confirmación de esta política la veremos en las próximas elecciones en junio. El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa forma parte de toda una serie de hechos violentos. No ha sido un punto de inflexión de las políticas de seguridad del gobierno como esperaban algunos sectores. El tiempo corre a favor de que no se de un giro real a favor de una política más enérgica en materia de DDHH.

¿Cómo ha afectado el caso de Ayotzinapa la imagen del gobierno mexicano?

Creo que el efecto es mucho mayor en el exterior que en el debate interno, por los hechos violentos con los que se vincula la protesta. La percepción en el exterior es que se cayó la imagen del gobierno reformador, la percepción es más dramática desde el exterior que desde dentro del país.

Los bajos precios del petróleo afectan el presupuesto del gobierno federal y quitan brillo a la reforma energética...

El bajo precio del crudo es algo temporal, mientras que las reformas son de largo plazo; tardarán unos quince años antes de que se pueda extraer el petróleo de estos nuevos pozos o de los campos de gas. Puede ser que no haya un comienzo flamante como el gobierno esperaba pero las licitaciones están comenzando ahora. No hay que olvidar que México es uno de los pocos lugares en donde se abren posibilidades de inversión en el mundo, por lo tanto yo creo que los inversionistas estarán interesados en participar en el sector porque los créditos internacionales para la inversión son muy bajos en este momento. Posibles inversionistas podrían aprovechar esta coyuntura muy bien.

No hay alternativa para el gobierno que no sea asumir la realidad nacional. Esto incluye la política exterior, la situación de seguridad, la situación de los DDHH, la difícil situación de los migrantes centroamericanos. Todo esto se tiene que reflejar en una política exterior efectiva y no sólo de imagen.