En el segundo y último día de su presentación ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra, la delegación de México prometió que en junio, a más tardar, el país contará con una ley general para enfrentar el problema, y que trabajará para mejorar una serie de deficiencias puestas en evidencia. El Comité revisó por primera vez a México entre el lunes y este martes (03.02.2015) sobre el cumplimiento de las obligaciones de la convención internacional contra las desapariciones forzadas.

Las conclusiones del Comité serán dadas a conocer el próximo 13 de febrero. “La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo el jefe de la delegación oficial mexicana, el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.

Las sesiones, que duraron siete horas en total, no fueron suficientes para dilucidar el número global de desaparecidos en el país, sumido en una guerra contra el narcotráfico, violencia interna y clanes mafiosos que ejercen el terror en diversas poblaciones. Los enviados mexicanos fueron incapaces de entregar esa información, pues dicen carecer de los registros necesarios. Los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle fueron asignados por el Comité para profundizar en la información presentada por México.

Escepticismo

“En el estado actual no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, dijo Gómez Robledo. “Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente. Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, reconoció. El examen de la ONU estuvo marcado por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque el comité abordó el tema de las desapariciones en general.

En la sala estuvieron presentes representantes de las familias de los jóvenes presuntamente asesinados, quienes mostraron escepticismo sobre la posibilidad de que este escrutinio ayude a resolver el caso que afectó a sus hijos. Para responder a esta evaluación, el gobierno mexicano envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, incluido el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

DZC (EFE, dpa)