El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este jueves (21.12.2017) la controvertida Ley de Seguridad Interior, pero aseguró que ésta no entraría en vigor hasta que el Supremo confirme su constitucionalidad.
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La Ley de Seguridad Interior promovida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprobada en el Congreso y publicada este jueves (21.12.2017) en el Diario Oficial de la Federación ha sido rechazada vehementemente por Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. En un país con 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos en una década, la normativa en cuestión legitima la participación de agentes militares en las tareas para combatir el crimen, algo que las Fuerzas Armadas ya hacen desde hace más de diez años; ellas fueron sacadas de sus cuarteles para apuntalar la llamada lucha contra el narcotráfico en el período 2006-2012, cuando Felipe Calderón era jefe de Gobierno.
Entre otras cosas, la ley establece que, a pedido de autoridades estatales, el presidente podrá emitir una declaratoria de protección de seguridad interior para que las fuerzas federales –que incluyen a las Fuerzas Armadas– intervengan en una zona determinada para combatir la inseguridad que los Gobiernos locales no puedan afrontar. Aunque Peña Nieto promulgó la controvertida Ley de Seguridad Interior este 21 de diciembre, aseguró que ésta no entraría en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia confirme su constitucionalidad. "Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país”, admitió el mandatario.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de la seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, añadió. La promulgación de la ley en cuestión no sólo fue condenada por organizaciones no gubernamentales, sino también por organismos multilaterales y agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Éstas instancias consideran que la medida sólo perpetúa la militarización del país.
Según Peña Nieto, esta ley "recuerda la necesidad” de definir si se debe seguir el esquema de tener más de 1.800 Policías municipales o en su lugar "construir” 32 Policías estatales, como propuso hace tres años al Congreso de la Unión. El presidente subrayó que, pese a los esfuerzos en materia de seguridad, muchos estados no han desarrollado Policías confiables, sólidas y eficaces. Por otro lado, sostuvo que son más de seiscientos los municipios que "no cuentan con una fuerza policial propia” y calificó esta situación como un ejemplo de "debilidad institucional” que ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para aumentar su actividad en algunas zonas y en ocasiones para "intentar tomar el control de esos territorios”.
El Congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior el 15 de diciembre. Para algunos, esa es una forma de regular el papel de los militares en actividades de seguridad pública que vienen realizando desde hace más de dos lustros. Para otros, la normativa eternizará su presencia en las calles.
ERC ( EFE / dpa )
Periodistas asesinados en México
México cerró el 2017 con 12 asesinatos de periodistas, y encabeza la lista de países con el mayor número de estos casos, según un informe del Comité para la Protección de Periodistas.
Imagen: picture alliance/dpa/AP Photo/F. Marquez
Impunidad casi total
Se calcula que más de 110 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. En este año ya son 3. Solo 48 casos han sido investigados y solo tres han resultado en sentencias. La impunidad para los asesinos de periodistas en México ha sido escabrosa.
Imagen: Picture alliance/AP Photo/R. Blackwell
Leobardo Vázquez - México
El periodista mexicano de 42 años trabajaba para el sitio de noticias digitales Enlace de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz. También fue corresponsal de diversos diarios. El 22 de marzo de 2018 fue matado a balazos. Es el periodista número 21 asesinado en los últimos siete años en Veracruz, considerada una de las entidades más letales para los comunicadores.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/F. Marquez
Gumaro Pérez - Veracruz
El periodista fue asesinado el 19 de diciembre en una escuela de primaria donde estudiaba su hijo. Según la Fiscalía, Pérez hacia parte de una banda de delincuentes organizada. El asesinato de Pérez fue condenado por organizaciones como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que pidió esclarecer los hechos.
Imagen: picture alliance/dpa/AP Photo/F. Marquez
Edgar Daniel Esqueda - San Luis Potosí
Según la organización Artículo 19, hasta el mes de octubre de 2017 habían sido asesinados 11 periodistas en todo el territorio mexicano. El 5 de octubre, el reportero Daniel Esqueda Castro fue secuestrado y asesinado en San Luis Potosí. Era reportero gráfico y, según testigos, fue detenido de manera ilegal por sujetos vestidos de policías.
Imagen: picture alliance/dpa/AP Photo/C. Palma
Luciano Rivera - Baja California - Cándido Ríos - Veracruz
El 31 de julio de 2017, en Playas de Rosarito fue asesinado a balazos el periodista Luciano Rivera. El crimen causó que el gremio periodístico protestara a fin de acabar con la impunidad (foto). El 22 de agosto, el periodista Cándido Ríos fue asesinado en Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Ríos se había acogido al mecanismo de protección para periodistas, ante amenazas de un exalcalde municipal.
Imagen: picture-alliance/ZUMA Wire/El Universal
Edwin Rivera Paz - Acayucan
Edwin Rivera Paz fue asesinado el 9 de julio en el barrio San Diego del municipio de Acayucan. Rivera Paz era hondureño y permanecía en el estado de Acayucan a la espera de recibir el estatus de refugiado, ya que había huído de Honduras tras el asesinato de uno de sus colegas periodistas. Mientras tanto adelantaba otros reportajes fotográficos de la vida de refugiados en esta región.
Imagen: imago/Agencia EFE/A. Cejax
Salvador Adame - Michoacán - Jonathan Rodríguez - Jalisco
Familiares del director de Canal6TV se manifestaron tras el secuestro de Adame, ocurrido el 19 de mayo. Al mes siguiente, los restos del comunicador fueron encontrados, según versión de las autoridades. Artículo 19 no da por confirmada esta versión. En el estado de Jalisco, el 15 de mayo había sido asesinado otro reportero: Jonathan Rodríguez, del diario El Costeño. Rodríguez recibió 25 balazos.
El 15 de mayo de 2017 fue asesinado en Culiacán Javier Valdez, reportero y fundador del semanario RíoDoce. Valdez también había escrito libros sobre periodistas asesinados en todo México. Antes, en abril, el columnista Maximino Rodríguez fue ejecutado en Baja California Sur, y el reportero de radio Filiberto Álvarez, en Morelos.
Imagen: Getty Images/AFP/H. Guerrero
Miroslava Breach - Chihuahua
Reportera. Corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada. Sus reportajes hablaban de corrupción y violaciones de los derechos humanos en ese estado del norte de México. Fue asesinada el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua.
Imagen: Reuters/J. Luis Gonzales
Ricardo Monlui Cabrera - Veracruz
Ricardo Monlui fue asesinado el 19 de marzo a la salida de un restaurante en el que había estado cenando junto a su esposa y su hijo. Monlui trabajaba en el estado de Veracruz, una de las regiones más peligrosas de México para realizar el oficio periodístico. También era director del diario impreso El Político.
Imagen: picture alliance/dpa/AP Photo/El Sol de Cordoba
Cecilio Pineda - Altamirano - Guerrero
Cecilio Pineda era director del periódico regional “La Voz”. Fue asesinado en Altamirano, Guerrero, el día 2 de marzo por un grupo de armados. Pineda había denunciado en sus redes sociales los vínculos entre el gobierno de Héctor Astudillo Flores, político mexicano y gobernador de Guerrero, y el líder del grupo delictivo de “Los Tequileros”, Raybel Jacobo de Almonte.