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México: oposición a megaproyecto de AMLO

Eva Usi
29 de noviembre de 2019

El Proyecto Integral Morelos, con el que AMLO quiere impulsar la industrialización en el centro de México, es rechazado por las comunidades por su peligrosidad y su impacto negativo. Reportaje desde Amilcingo, Morelos.

Mexiko |  Amilcingo | Gedenken an Samir Flores
Imagen: DW/E. Usi

El líder comunitario Samir Flores se oponía a la construcción de un gasoducto, parte del Proyecto Integral Morelos, que decía, "atravesaría, transformaría y violentaría el territorio de su comunidad, y que lo único que generaría son ganancias para empresas extranjeras”. Así lo dijo en una grabación que tiene todavía la radio comunitaria. Según el relato de su viuda llegaron varios hombres en la madrugada del 20 de febrero pasado y gritaron su nombre. "Él salió porque estaba acostumbrado a que lo llamaran los habitantes de la comunidad, luego escuchamos varios disparos y cuando salimos lo encontramos en el suelo”, afirma Liliana Velázquez, viuda del activista.

Lo asesinaron tres días antes de una consulta a la que había convocado Morena, el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que cumple su primer año en el cargo. "Samir estuvo un día antes con el delegado gubernamental de Morelos (Hugo Eric Flores). Ese día llegó muy contento y me dijo callé al delegado, no tuvo argumentos para contestarme”, recuerda Liliana Velázquez, que quedó viuda con 4 hijos. El delegado, que se reunió con el activista un día antes de ser éste balaceado, dijo después a la prensa local que Samir Flores había sido asesinado por el crimen organizado, rechazando como posible móvil su oposición al megaproyecto. La consulta fue realizada pese al asesinato, no fue pospuesta en consideración al duelo de la comunidad, lo que es una afrenta para muchos de sus habitantes.

"El gasoducto nos afecta directamente porque es una bomba de tiempo porque tenemos el volcán muy cerca, y ha estado últimamente muy activo. ¿Qué pasará si hay una erupción y el gasoducto está atravesando el pueblo?”, pregunta la viuda de Samir.

Liliana Velázquez, viuda de Samir FloresImagen: DW/E. Usi

Amilcingo, tierra zapatista y pueblo del volcán

Amilcingo se encuentra en las faldas del volcán Popocatépetl y es tierra zapatista. En las calles sin pavimentar se ven imágenes del llamado "caudillo del sur” de la Revolución Mexicana, originario de Morelos y símbolo de la resistencia campesina en México. Amilcingo se opone al Proyecto Integral Morelos, que afecta a unas 80 comunidades nahuas en Morelos, Puebla y Tlaxcala. La localidad ya lleva 7 años en pie de lucha y la resistencia sigue.

Samir Flores, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el megaproyecto de AMLO.Imagen: Reuters/M. Perez-Retana

"En cada pueblo crearon un grupo de choque, aquí tenemos uno que nos ha acosado, nos ha demandado, la estrategia es generar grupos de choque para enfrentar a los opositores y para decir públicamente que el pueblo sí quiere el proyecto. Los pocos que apoyan el proyecto lo hacen porque les dan despensas, les prometen trabajo”, afirma Samantha César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA). Ella, junto con varios miembros de la comunidad, ha sufrido criminalización y hostigamiento por su oposición al megaproyecto.

Samantha recuerda cómo López Obrador, durante una visita al pueblo de Huexca en 2014 (donde se encuentra la planta termoeléctrica), declaró que en caso de asumir la presidencia, la construcción de la termoeléctrica, parte del Proyecto Integral Morelos, no se llevaría a cabo. Sin embargo en una de sus primeras conferencias de prensa siendo ya presidente, cambió de postura, y dijo que el proyecto era importante para la soberanía energética y para no depender de empresas privadas extranjeras.  

Samir Flores compartía su casa con sus padres en Amilcingo. Imagen: DW/E. Usi

"¿Cómo le hicieron para desaparecer el volcán?"

"En la presentación de AMLO sobre el Proyecto Integral México, no se mencionó el volcán, ¿cómo le hicieron para desaparecer un volcán?, cuestiona Samantha César. La activista afirma que la población ha tenido que tomar la iniciativa para informarse, porque ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsable del proyecto, ni las autoridades del Estado han llegado a informar a la comunidad. "Tuvimos que ir a Geofísica de la UNAM a hablar con los vulcanólogos porque aquí nadie nos explicaba que era una termoeléctrica”. La activista afirma que dicha institución generó un mapa de riesgo y que el gasoducto pasa por dos de los tres niveles de riesgo.

Toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el 1° de diciembre de 2018.Imagen: picture-alliance/AP Photo/E. Verdugo

En los tres estados afectados por el Proyecto Integral México, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales de manera rotunda. Pero los pobladores que le dieron su voto se sienten traicionados, sobre todo por la falta de transparencia, del trato despectivo y arbitrario en la manera de llevar a cabo el proyecto.

Aunque la criminalización de la protesta social se remonta a los inicios de la construcción del proyecto en 2011, había esperanzas de un cambio con la llegada de un gobierno de izquierda. "La Comisión Federal de Electricidad nos demandó por 50 millones de dólares, porque decían que habíamos dañado una turbina de la termoeléctrica”, afirma Juan Carlos Flores, abogado especializado en Derechos Indígenas, que estuvo preso hasta 2014 por su oposición al proyecto.

Miguel Ángel Álvarez Aguilar, abogado especializado en Derecho Indígena. Imagen: DW/E. Usi

Gas fracking importado de Estados Unidos

"En esta segunda etapa del Plan Integral Morelos se está comenzando a instalar industrias junto al gasoducto. La generación de electricidad no es lo más importante, en el país hay un superávit de infraestructura para generar electricidad, de cerca de un 40%, lo que se busca es infraestructura para la industrialización y para proyectos mineros”, afirma el abogado.

El proyecto Integral México, tiene una inversión que asciende a unos 1.600 millones de dólares. El gasoducto fue concesionado a las empresas españolas, Elecnor, Enagas, y a la italiana Bonatti, y la termoeléctrica a la española Abengoa. Las concesiones tienen vigencia hasta 30 años, y hasta que expire el plazo, la Comisión Federal de Electricidad, tiene que pagar por un proyecto terminado. Consiste en dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavarios (MW) cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos.

El asesinato de Samir Flores consternó a la comunidad de Amilcingo, y marcó un antes y un después en la resistencia ante el megaproyecto de AMLO.Imagen: Reuters/M. Perez-Retana

La energía provendrá de un gasoducto de 160 kilómetros de largo que transportará más de 9 mil millones de litros de gas al día, y cuyo trazo atraviesa a 60 poblaciones en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en el centro de México. El gas "fracking”, será importado de Estados Unidos. También comprende un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 localidades del municipio de Ayala, Morelos. La mayor parte del territorio en el que se diseñó el megaproyecto son tierras de propiedad ejidal y comunitaria, es decir, de comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, éstas se han organizado y han logrado hasta la fecha, a través de una serie de amparos, detener el inicio de operaciones del proyecto.

Leonel Pérez Mendoza, locutor de la radio comunitaria Amiltzinko.Imagen: DW/E. Usi

Desarrollo, ¿para quién?

A través de la radio comunitaria Amiltzinko, fundada por Samir Flores, el activista informaba a la población sobre los riesgos del gasoducto, y del Proyecto Integral Morelos. La radio sigue transmitiendo. "Varias veces han intentado quitarnos la radio, porque supuestamente operamos sin permiso. Según ellos estamos robando aire”, afirma Leonel Pérez Mendoza, uno de los 18 locutores, hombres y mujeres de la comunidad de Amilcingo que trabajan de manera voluntaria.

Los activistas aseguran que no se oponen al desarrollo, pero si cuestionan qué clase de desarrollo, y para quién. "Si desarrollo es tener muchas empresas, industrializar el campo e imponer destrucción medioambiental en las comunidades, contaminación y destrucción de la vida comunitaria, pues eso no es desarrollo para nosotros. Queremos un desarrollo que de ayudas al campo, que respete nuestros usos y costumbres, nuestros derechos como pueblos, que no se beneficie sólo a empresas y capitales, sino también a las comunidades. Queremos una política incluyente”, afirma Samantha César.

Hasta la fecha el asesinato de Samir Flores sigue impune. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del territorio y de los Derechos Humanos, con un total de 18 defensores asesinados en 2019.

(jov)

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