“Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanan”, prometió Gisela Mota el pasado 1º de enero, al jurar como alcaldesa, a los 33 años de edad, luciendo un vestido rojo intenso, atravesado por una banda amarilla.

En Temixco, su ciudad natal, en el estado de Morelos, Mota quería introducir un nuevo concepto de seguridad para romper con el poder de los cárteles de la droga. Con ese plan había presentado su candidatura. 24 horas más tarde estaba muerta. Un comando del cártel Los Rojos se introdujo en su casa y la asesinó, temprano en la mañana.

El obispo Ramón Castro está conmocionado: “Puede ser una advertencia para los demás presidentes municipales, para atemorizarlos. Es una tesis, yo no sé si eso es verdad o no, pero uno lo puede pensar sin necesidad de meditar demasiado: si no cooperas con el crimen organizado mira lo que te va a pasar”, dice.

Con “El Chapo” o sin “El Chapo”

Tras la recaptura de “El Chapo” hace apenas una semana, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, celebró el Estado de Derecho mexicano pese a que sigue amenazado por los vínculos entre el crimen organizado, la policía y la política local.

Especialmente en los estados de Morelos, Sinaloa y Guerrero, baluartes de los cárteles de la droga mexicanos, los alcaldes se hallan bajo presión: Las bandas llegan a llamar directamente a los ayuntamientos para plantear sus exigencias, aseguran fuentes de seguridad.

Así, Hilario Ramírez, alcalde de San Blas, en el estado de Nayarit, por ejemplo, parece haber decidido abiertamente cuidar su contacto con el crimen organizado. Antes de la recaptura de “El Chapo”, Ramírez había asegurado que “el Chapo es igual que cualquier persona, o sea: (hay que) platicar con él y llegar a un acuerdo”.

“Está en sus manos”

Quien no quiere arriesgarse termina cooperando con el crimen organizado. De lo contrario, en el peor de los casos, paga con su vida. En Internet circula un video de 2012 en el que se muestra como el cártel La Familia Michoacana exige compromisos al nuevo alcalde de una localidad del Estado de Guerrero.

“Queremos que se comprometa con nosotros a poner un director (de seguridad), como quedamos. La razón por la que está aquí es que queremos tener al pueblo tranquilo de Teloloapan. Entonces, está en sus manos”, le dice un miembro de la banda. Se trata del alcalde Ignacio de Jesús Valladares. Fue víctima de extorsión, diría Valladares más tarde.

En la última década, 71 alcaldes y cientos de funcionarios y policías mexicanos han sido asesinados por el crimen organizado. El Gobierno ha prometido intervenir con mano dura, eliminar la policía municipal y sustituirla por un mando único policial. Hermilo Pérez Cabrera, director general de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) considera inútil esta estrategia. ¿Por qué tendrían que ser menos corruptos los policías a nivel federal?

Independencia de los poderes del Estado

El problema, opina Pérez Cabrera, es mucho más complejo: Es necesario “que en estas áreas de impartición de justicia y de seguridad pública en México haya mayor coordinación, mayor capacitación, pero también que la ciudadanía tenga mayor participación en el Gobierno, en función de demandar solución al problema”, de combatir la corrupción y la impunidad, de conseguir la independencia de estos poderes del Estado.

Pero para ello, al parecer, falta voluntad política. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sin aclarar más de un año después, lo confirma. El Gobierno mexicano ha negado al equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la posibilidad de interrogar a los presuntos militares implicados. Mientras tanto, cada vez se hace más difícil hallar siquiera candidatos a alcalde.