La CPI se estableció para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra, y crímenes contra de lesa humanidad en un demorado esfuerzo por completar la promesa hecha durante los juicios de Núremberg, que condenaron a varios jerarcas nazis tras la II Guerra Mundial.

El tratado de la Corte necesitaba un mínimo de 60 ratificaciones para comenzar a sesionar, lo que se alcanzó en abril de 2002. El tribunal, que tiene sede en La Haya (Países Bajos), organizó su composición a mediados de 2003 y comenzó investigaciones en Uganda, Congo, Sudán y Colombia. Hasta ahora ha acusado a cuatro líderes de un notorio grupo rebelde de Uganda.

Estados Unidos se sigue oponiendo

Estados Unidos se opone al a CPI, pero a comienzos de 2005 permitió que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera al tribunal los casos de violaciones masivas a los Derechos Humanos en la región de Darfur (Sudán). Washington se abstuvo en lugar de utilizar su derecho a veto.

Otros países americanos que han ratificado el tratado son Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y República Dominicana.