Pese a que toda la fuerza del Estado mexicano está dedicada a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, - un despliegue que la Procuraduría General de la República (PGR) cifra en 10.000 efectivos, entre soldados, marinos y policías federales -, no ha sido encontrado ninguno. Han transcurrido cinco semanas desde que ocurrieran los sucesos violentos en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando supuestamente policías y narcotraficantes, por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca, detenido este martes, atacaron a los estudiantes del magisterio, matando a seis personas, hiriendo a 20 y desapareciendo a 43.

Tan sólo en Guerrero, el Servicio Médico Forense ha encontrado a 152 cuerpos, de un total de 242 desaparecidos este año. Los estudiantes son la punta del iceberg en la tragedia de los desaparecidos en México, opinan defensores de los derechos humanos consultados por DW.

“Es inconcebible que no se haya llamado a cuentas al ex gobernador de Guerrero, y que no hayan aparecido los estudiantes a pesar de que tengan a más de 58 detenidos, como ha declarado la Procuraduría General de la República (PGR), entre policías de Iguala, de Cocula y de la delincuencia organizada. Pese a ello todavía no tienen datos contundentes”, advierte Abel Barrera, fundador del Centro de DDHH de la Montaña de Tlachinollan, que acompaña junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a las familias de los 43 desaparecidos.

Reunión de familiares con Gabinete de gobierno

Barrera, fundador de Tlachinollan y laureado con el Premio Amnistía Internacional Alemania en 2011, en el 50 aniversario del organismo, dice que han sido 37 días de sufrimiento y mucho dolor para los padres de los estudiantes. Hasta ahora han sido inspeccionadas 10 fosas y un tiradero de basura, en donde han sido encontrados 38 cadáveres, pero no se ha confirmado que pertenezcan a los estudiantes. El miércoles 29 de octubre, día 33 de la desaparición, los familiares se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete de seguridad al que reclamaron la desastrosa búsqueda. Más de cinco horas duró el encuentro, en parte porque los familiares exigieron que se redactara y firmara una minuta.

“Han insistido al gobierno federal en la búsqueda de sus hijos vivos. Porque las autoridades dicen que de acuerdo a las declaraciones de los detenidos, se han abocado a buscarlos en fosas clandestinas, dando por sentado que están muertos”. Barrera destacó la demanda de los familiares en que no se criminalice la protesta estudiantil, en un afán por desvirtuarla. “La lucha de los estudiantes por una educación digna y respaldo gubernamental a las normales rurales para formar profesores que van a enseñar en escuelas primarias de población indígena y campesina contraviene el modelo educativo que se ha querido imponer, que pregona la calidad de la educación sin considerar el contexto social en el que vive la gente, que en su mayoría es pobre”.

Entre las demandas políticas realizadas por los familiares figura que se incluya en la búsqueda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un pleno acceso a los expedientes para los abogados de las familias, así como el apoyo total del Estado mexicano al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que por petición de las familias se encarga de los trabajos de identificación de los cuerpos. También pidieron reparaciones para los padres de los muchachos que fueron asesinados y de los que fueron lesionados.

Protestas en Europa

La incapacidad policial para dar con el paradero de los 43 estudiantes provoca indignación y protestas, más allá de las marchas multitudinarias anunciadas en México en los próximos días. En Berlín, Bruselas y otras capitales europeas, grupos estudiantiles protestaron ante las sedes diplomáticas mexicanas. “Hasta ahora el discurso ha sido señalar al crimen organizado como responsable, lo que venimos a señalar acá, justo frente a la embajada es la corresponsabilidad del gobierno federal, estatal y municipal, porque el gobierno federal tenía constancia de las actividades delictivas del alcalde de Iguala”, dice Carlos Pérez Ricart, del colectivo México vía Berlín, que organizó un plantón de 43 horas de duración frente a la sede diplomática mexicana.

“Con mucho respeto nosotros registramos estas expresiones de los estudiantes que están solidarizándose con los acontecimientos en México”, afirma la embajadora de México en Alemania, Patricia Espinosa, que reconoce que la situación causa preocupación en Alemania y ha intensificado el trabajo de la sede diplomática.

Por su parte el politólogo mexicano Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México señala que ser parte de la comunidad internacional supone compromisos en democracia y Derechos Humanos. “Se le olvidaba al gobierno que querer ser parte del mundo democrático obliga más allá de ir a las asambleas de Naciones Unidas. Supone rendir cuentas a la comunidad internacional porque con todas sus debilidades es un hecho que hay un tejido universal de protección de los Derechos Humanos que se encarga de exigir a los países que se apeguen a ciertas normas”.

Más de un mes de sobresaltos y hallazgos macabros han puesto a prueba la resistencia psicológica y moral de los familiares, y han dejado al descubierto la red de complicidades entre autoridades y el crimen organizado. “Hay más de 26 mil desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico que comenzó antes del sexenio de Felipe Calderón. El movimiento de víctimas encabezado por el poeta Javier Sicilia, ha insistido en ello, pero no han querido desmontar la estructura delincuencial que existe dentro de los aparatos del poder público, ésta se ha mantenido intocable. Quieren seguir modernizando nuestro país pero con estructuras obsoletas y corroídas por la corrupción y la convivencia con el crimen organizado”, concluye Abel Barrera.