El 2017 se fue en México con el triste saldo de 70 personas asesinadas por día, un total de 25.339 homicidios dolosos. Este cruento récord no solo incluye asesinatos perpetrados por grupos del narco,sino también la matanza de civiles a manos del Ejército, como, por ejemplo, en los municipios de Tlatlaya y Tanhuato, en el Estado de México, y las desapariciones de personas, como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso aún no esclarecido. Sin embargo, parecería que esos datos ya no conmueven a nadie y que México ha pasado a ser sinónimo de violencia. Pero sus habitantes sufren día a día las consecuencias de esta guerra no declarada que parece no tener fin. Asesinatos, torturas, desplazamientos de poblaciones enteras son una realidad. ¿Por qué la comunidad internacional no hace un llamamiento a frenar la violencia en México? DW habló sobre el tema con el abogado Wolfgang Kaleck, experto en derecho internacional.

DW: Sr. Kaleck, México está sumido en un clima de violencia, corrupción e impunidad en la que ya parece no haber salida para la población que lo sufre día a día. ¿Por qué no hay una estrategia efectiva para frenar esto por parte, por ejemplo, de instituciones como la Unión Europea?

Wolfgang Kaleck: Puedo entender perfectamente la indignación sobre la inacción de las instituciones internacionales, sobre todo de los países de la Unión Europea. El problema es que el sistema de derecho internacional todavía no está lo suficientemente avanzado. Desde 2002 existe la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI), que se dedica a determinados delitos internacionales como los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Además, hay muchos países importantes que no han firmado aún el estatuto de la CPI, y en cuanto a la aplicación de las leyes, la autoridad fiscal tiene grandes dificultades para proceder con el ímpetu necesario contra países occidentales, entre los que se cuenta México. Esto se ve con claridad en el ejemplo de Colombia. En México se hace especialmente difícil la persecución a nivel internacional de delitos que, frecuentemente, son cometidos por personas o entidades no estatales. Asimismo, la Corte Penal pone como condición que el país afectado, en este caso México, no tenga la capacidad y/o la voluntad de esclarecer por sí mismo los crímenes (unwilling and unable). Eso es lo que le da a Colombia, por ejemplo, la posibilidad de evitar una y otra vez la persecución penal de los cargos más altos del Ejército, a pesar de que las investigaciones sumarias en La Haya se están llevando a cabo desde hace casi quince años.

Entonces, ¿qué instancia internacional sería, a su entender, la más indicada para intervenir en este caso?

La institución internacional más indicada para una intervención que desbloquee la situación mexicana sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dispone de una enorme experiencia procesual, justamente en el manejo de las estructuras de América Latina y América Central y sus crímenes de lesa humanidad. Además, ha emitido veredictos modelo para proteger los derechos humanos, y no solo en Latinoamérica. También en el caso de México tomó una serie de decisiones importantes, por ejemplo, en el "caso del algodón", un fallo histórico contra la violencia sexual masiva en México. Y en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, algunos de los expertos provienen de la Comisión Independiente del área de la CIDH. El problema comienza cuando países como México se comprometen de palabra a respetar el sistema de derechos humanos en América Latina y el Caribe, incluso ponen en práctica en parte los veredictos, pero, por otro lado, no mejoran la situación interna de protección de los derechos humanos ni ejecutan por completo los fallos emitidos.

Es decir, que la sola intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco garantiza que el gobierno mexicano y sus instituciones tomen medidas eficaces para proteger a los ciudadanos del crimen organizado. ¿Qué otra posibilidad hay?

Lo que se necesitaría es una presión mucho más fuerte por parte de la comunidad internacional que obligue a México a respetar el derecho internacional, en especial si ya organismos como la Comisión Independiente y la CIDH emitieron fallos sobre temas que atañen a la situación en México. Es decir, que el problema es mucho más profundo y, además, actualmente está mucho más extendido. Solo basta recordar países como Filipinas, India, Turquía y EE. UU., que, de un modo u otro, están sometidos al derecho y a la jurisprudencia internacionales.

Pero nos enfrentamos a un dilema que hay que resolver. No se puede partir de ninguna manera de un automatismo, según el cual, una norma existente se pone en práctica por sí misma, o un veredicto que automáticamente se convierte en realidad. Para poner en práctica la ley siempre se necesita del poder político, militar o económico. Solo si esos poderes se usan en beneficio de los derechos humanos, la situación realmente puede cambiar.

Aparte de pedir "la pronta investigación" de los asesinatos de periodistas en México, la Unión Europea, por su parte, no toma ninguna medida concreta y tampoco rechaza firmar acuerdos económicos con ese país. ¿Por qué la UE no ejerce más presión para esclarecer esos crímenes y para que se castigue a los culpables?

La Unión Europea y los países miembros tienen el poder económico y político como para ejercer una mayor presión sobre el gobierno mexicano. El hecho de que no lo hagan es un escándalo. En las relaciones internacionales, los intereses políticos y económicos siguen prevaleciendo sobre la protección de los derechos humanos.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil mexicana en el desarrollo que se está dando en el país? ¿Hay suficientes agrupaciones de derechos humanos, ONG que alcen su voz?

El rol de la sociedad civil mexicana, así como el de la europea, es clave. La sociedad civil mexicana es la clave para que la situación mejore. México no es una dictadura, hay muchos movimientos sociales, tanto en las ciudades como en el campo, que se movilizan contra la corrupción y la violencia. La sociedad civil mexicana necesita de todo nuestro apoyo y nuestra protección, ya que quien trata de esclarecer casos como las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o los asesinatos contra periodistas cae, naturalmente, en la mira de los asesinos, tanto del gobierno como paramilitares. Eso es lo que se denomina "reducción de los espacios civiles" (shrinking spaces), algo que también se puede observar en los proyectos de infraestructura y en las luchas de trabajadores o en las luchas por la tierra: cuando se trata de luchas contra los intereses de compañías nacionales o transnacionales, los defensores de los derechos humanos son atacados. Por eso es enormemente importante que nos ocupemos consecuentemente y con continuidad de lo que está sucediendo en México, ya que de ese modo al menos se puede lograr que se respeten los estándares mínimos en cuanto a derechos humanos. Pero para eso es necesario también que logremos que, si en México las autoridades siguen traspasando la línea roja, la clase política y los representantes de la economía digan claramente que ya no harán más negocios con México.

Wolfgang Kaleck es abogado, especialista en Derecho Internacional, portavoz de la Coalición contra la Impunidad y cofundador y secretario general del Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), con sede en Berlín.

Entrevista: Cristina Papaleo (CHP/VT)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |