México: “Uso de la fuerza en Michoacán fue ilegítimo”
29 de diciembre de 2016
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México concluyó que miembros del Ejército y Policía mexicanos usaron ilegalmente las armas en tiroteo en Michoacán en 2015 que dejó un menor muerto y seis heridos.
Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/Str
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La CNDH emitió una recomendación "por el uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, atribuible a personal militar del 65/o Batallón 'La Placita'", indicó el organismo en un boletín. Dicha recomendación también va dirigida a policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y los mandos de control "que conocieron y toleraron su actuar", apuntó.
El 19 de julio de 2015 falleció Heriberto Reyes, de doce años, por el impacto de una esquirla de bala en el poblado de Ixtapilla donde un grupo de comuneros se manifestaba contra la presencia del Ejército de México y la Policía Federal.
Acorde a los datos recabados por la CNDH, en esa jornada se identificaron varios momentos donde participaron tres batallones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), personal de la Marina y de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural, pertenecientes a la SSP de Michoacán.
Los hechos iniciaron con la detención de un líder comunitario, por parte de la SSP, que fue trasladado en helicóptero en tanto que un convoy de militares tomó una carretera federal. Los comuneros (propietarios agrícolas comunitarios) de Ostula presumieron que su líder estaba en alguno de los vehículos del convoy militar y organizaron tres bloqueos carreteros en Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla.
Soldados no aplicaron protocolos de respeto de derechos civiles
En Xayakalan "se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65/o Batallón" que empleó "de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que disparó al aire en dos ocasiones", lo que constituye un uso ilegítimo de la fuerza, indicó el escrito.
En el bloqueo en Duin se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, "heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP". El evento más grave aconteció en el Puente Ixtapilla, donde "se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares".
Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado seis lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar. Se encontraron cartuchos percutidos que corresponden con los calibres usado por dicho batallón. Por otro lado, no se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar, aunque sí los agredieron verbal y físicamente con palos y piedras.
La CNDH recomendó a la Sedena reparar el daño a las víctimas directas e indirectas, conforme a la Ley General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados, colaborar con la PGR en el caso e investigar a los efectivos participantes en los hechos, por faltas a la disciplina militar.
Al Gobierno de Michoacán le solicitó reparar el daño a cuatro víctimas directas y a las indirectas, e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a tres personas agraviadas. También investigar al servidor público de la SSP que firmó oficios con datos falsos remitidos a la CNDH.
JOV (efe, diariomx)
Alcaldes en México: de cara al peligro (08.2016)
Alcaldes y funcionarios municipales en México viven en peligro, algunos por combatir el crimen, otros, por participar.
Imagen: Getty Images/Spencer Platt
Decenas de muertes
Organizaciones como la Asociación de Autoridades Locales de México y la Asociación Nacional de Alcaldes calculan entre 79 y 84 funcionarios municipales o locales muertos de manera violenta entre 2006 y agosto de 2016. La lista incluye alcaldes en funciones, exalcandes, regidores y síndicos.
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Casos diversos
El caso más reciente al 3 de agosto de 2016 es el de José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán El Grande, en el estado de Puebla. Santamaría ya había sufrido un atentado en 2015 y logró sobrevivir. Pero ahora fue emboscado y acribillado. Una de las líneas de investigación apunta al robo de la nómina del municipio como motivo del asesinato.
Imagen: picture-alliance/dpa/A. Cortés
El violento Guerrero
Días antes, el 22 de julio de 2016, un comando armado dio muerte al alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada”, había escrito Soto en su cuenta de Twitter. Tras el crimen, 63 alcaldes de Guerrero solicitaron urgentemente reforzar la seguridad en el turbulento estado mexicano.
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La respuesta de la sociedad
Crímenes contra alcaldes han desatado protestas ciudadanas en México. En muchos municipios, corrupción y delincuencia organizada mantienen a la ciudadanía como víctima entre las pugnas de distintos grupos de interés. La sociedad pide mayor seguridad para sí y para los funcionarios honestos.
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Lucha que cuesta la vida
Uno de ellos era al alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo. Ella había prometido luchar contra la criminalidad organizada que campea en ese municipio del estado de Morelos. Pero solo se mantuvo unas horas en el cargo. Un comando ingresó en su casa y asesinó a la funcionaria de 33 años.
Imagen: Reuters/Stringer
Familias y muerte
Aidé Nava (a la izquierda en la foto), en cambio, ni siquiera pudo llegar a la alcaldía de Ahuacuotzingo, también en el estado de Guerrero. Siendo candidata a ocupar ese puesto, fue brutalmente asesinada como advertencia del crimen organizado a "los políticos que no se quieran alinear". El esposo de Nava, exalcalde de Ahuacuotzingo (der.), también fue asesinado en 2014.
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Alcaldes victimarios
No todos los alcaldes mexicanos son ejemplo de honradez al grado de arriesgar la vida. El caso de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, le dio la vuelta al mundo junto con la noticia de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda (der.), Abarca fue vinculado a grupos delincuenciales como Los Rojos. Después de darse a la fuga, la pareja fue detenida en la ciudad de México y actualmente se encuentra en prisión. Algunas versiones indicaban que Abarca y Pineda dieron órdenes de detener y quizá ajusticiar a los estudiantes de Ayotzinapa, en connivencia con Los Rojos.
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¿Licencia para ajusticiar?
Más reciente es el caso del alcalde del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, Juan Carlos Arreygue. Es señalado por familiares de víctimas como quien ordenó al subdirector de la Policía Municipal y a tres agentes la detención de diez hombres que luego aparecieron calcinados en una zona agrícola.
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Sin distingo de partido
Casos como el de Abarca-Pineda y Arreygue parecen ser aún la excepción, en un país con más de 2.400 municipios. Los alcaldes que han sido asesinados por oponerse al crimen organizado o por otra circunstancia son de todos los partidos políticos.
