México y Colombia, a la búsqueda de sus desaparecidos
Eva Usi
9 de mayo de 2019
Las desapariciones de personas son una dolorosa realidad en Colombia y México. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU presentó en Berlín 16 recomendaciones para la búsqueda de desaparecidos.
El artista chino Ai Weiwei, se solidarizó con los desaparecidos de Ayotzinapa, México, reproduciendo sus imágenes con un millón de piezas de lego. El artista vive en el exilio en Berlín. Imagen: picture-alliance/dpa/NOTIMEX/A. Rocha
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El delirante viaje de 273 cadáveres a bordo de un camión refrigerado durante dos semanas en el estado mexicano de Jalisco parecería haber salido de una novela. Los habitantes del marginal barrio de Tlajomulco se quejaron de un hediondo olor y de la sangre que chorreaba de un tráiler. La fiscalía de Jalisco explicó que no había sido intencional que el camión se moviera, sino que se intentaba llevar los cuerpos sin reclamar a una bodega refrigerada, pero el plan se complicó y el tráiler terminó dando vueltas por la ciudad durante dos semanas. La insólita noticia se volvió viral.
Rainer Huhle, vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, recordó el macabro caso de los contenedores que, dijo, le revolvieron el estómago. Huhle presentó en Berlín 16 recomendaciones a los Estados soberanos para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. "Son recomendaciones sobre lo que debe hacerse y lo que no", destacó Huhle. El caso en Jalisco provocó una tormenta de protestas de familiares de desaparecidos que, provenientes de otros estados de la república mexicana, reclamaban que esos cuerpos no eran basura, y que tenían un nombre.
Protestas por la deficiente investigación sobre el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa. Imagen: picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Leyva
Una reunión de expertos en Derechos Humanos convocada por el ministerio alemán del Exterior, la agencia alemana para la cooperación (GIZ), así como el Instituto alemán para los DD.HH., tuvo como punto central la presentación, este 8 de mayo, de un documento formulado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, basado en buena medida en las experiencias de familiares, colectivos y organizaciones civiles.
Caso mexicano: buenas intenciones, cero resultados
"Son orientaciones, principios guías. Esperamos que para las autoridades federales sea una guía orientadora para mejorar las prácticas. Yo he hablado en Jalisco con la Comisión de Derechos Humanos del estado, y con el actual gobierno y he visto buena disposición. Pero más allá de la buena voluntad, lo que necesitamos es que en la realidad haya un cambio", afirma Huhle en conversación con DW.
Aunque México es uno de los 56 países que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, no ha reconocido hasta ahora la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos individuales. La desaparición forzada de personas es uno de los delitos más lacerantes para una sociedad, pues implica la participación directa o indirecta de autoridades o servidores públicos, aunque también puede haber desaparición forzosa perpetrada por particulares.
El vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el politólogo alemán Rainer Huhle. Imagen: DW/E. Usi
El actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, Alejandro Encinas, cifró en 40.000 el número de desaparecidos en México, y reconoció la existencia de unos 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, así como más de 1.100 fosas clandestinas sin exhumar.
Según Huhle, problemas hay en todas las áreas, "empezando por la búsqueda. A pesar de que existe ahora una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que siempre hemos promovido y apoyado desde el Comité, todavía no vemos resultados", afirma. El politólogo alemán recuerda, además, que "El Comité ya tiene como 5 o 6 años pidiendo una visita al país, que todavía México no ha concedido, a pesar de que es una facilidad que la Convención claramente prevé".
El país latinoamericano, que registra niveles récord de violencia, no ha ratificado la competencia del Comité. "Quisiéramos que México ratifique la posibilidad de que se presenten peticiones individuales de mexicanos al Comité. Hemos visto con gran interés que incluso jueces mexicanos han pedido eso al gobierno, pero éste es soberano y el que decide. Sin embargo, creemos que es necesario hacerlo".
La abogada y activista pro DD.HH. Luz María Monzón dirige la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos en Colombia. Imagen: DW/E. Usi
Caso colombiano: más de 60 años de conflicto
Si el caso mexicano es un desafío mayúsculo, ni qué decir del colombiano, en donde más de 60 años de conflicto armado han dejado un problema que se propone enfrentar Luz María Monzón, directora de la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos, una entidad que ha sido incluida como parte de los acuerdos para la paz.
"Colombia se encuentra en un punto fundamental tras haber tomado la decisión política de crear un mecanismo exclusivamente para la búsqueda. Es una decisión política muy importante, considerando que durante muchas décadas Colombia negó que hubiera desaparecidos", señaló en entrevista con DW.
La abogada y reconocida defensora de DD.HH. destaca sin embargo que el país está ante un desafío gigantesco y destinar suficientes recursos financieros, técnicos y científicos para enfrentar una tarea de gran magnitud será fundamental.
Acción de protesta de Amnistía Internacional en la que alude a los desaparecidos durante el conflicto colombiano. Imagen: Getty Images/AFP/L. Gene
"Tenemos más de 100.000 personas desaparecidas en los más de 60 años de conflicto. La decisión política tiene que estar acompañada de una voluntad permanente para sostener y fortalecer el mecanismo que ayude a encontrarlos, que ayude a construir las condiciones de convivencia y de confianza que se rompen cuando las personas son desaparecidas", añadió.
La unidad que dirige Luz María Monzón, está apenas en sus inicios. "Estamos en la etapa de implementación, de documentación. Esperamos que con el proyecto que estamos desarrollando logremos identificar por lo menos a unos 2,100 cuerpos, y es probable que encontremos entre ellos a muchos desaparecidos".
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Como consecuencia, fue creado el Comité contra las Desapariciones Forzadas, integrado por 10 expertos independientes, que celebró su primera sesión en noviembre de 2011.
(CP)
Megajuicio a represores: un hito en la historia de Argentina
La dictadura argentina (1976-1983) fue duramente juzgada en una megacausa que condenó por crímenes de lesa humanidad a 48 militares.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/E. di Baia
El golpe
El general Jorge Rafael Videla (centro) jura como presidente de la República Argentina, el 24 de marzo de 1976, acompañado por el almirante Emilio Massera (izq.) y el brigadier Orlando Agosti (der.), miembros de la cúpula militar que derrocó a la entonces presidenta democrática Isabel Perón, esposa de Domingo Perón. Todos los que posan en la foto fueron condenados por crímenes de lesa humanidad.
Imagen: AP
Cuando empezó el horror
Dos soldados del ejército leen un periódico en la Plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires, el día en que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Durante los siete años (1976-1983) que duró el gobierno militar, las fuerzas armadas emprendieron una campaña contra opositores políticos y movimientos culturales. Los grupos de derechos humanos elevan la cifra de desaparecidos a 30.000.
Imagen: AP
Nunca más
La CONADEP fue una comisión creada por el ex presidente Raúl Alfonsín en 1983, tras el advenimiento de la democracia en Argentina, que investigó violaciones a los DD. HH. durante la dictadura bajo la dirección del escritor argentino Ernesto Sábato. Su informe final "Nunca más" dio paso a los primeros juicios a los jefes militares, entre ellos Rafael Videla y Emilio Massera (ver primera foto).
Imagen: picture-alliance/dpa
"Perdón" a los represores
Apenas asumió en 1989, el ex presidente Carlos Menem (der.), anunció una serie de decretos que indultaron a los responsables del golpe, librándolos de toda posibilidad de juzgamiento. El beneficio extendió el “perdón oficial” a los jefes militares procesados no favorecidos por las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, promulgadas por el expresidente Ricardo Alfonsín (izq.) en 1986 y 1987.
Imagen: Daniel Garcia/AFP/Getty Images
Juicios en marcha
El entonces presidente Néstor Kirchner promulgó, el 2 de septiembre de 2003, la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, que hasta ese momento frenaban los juicios de lesa humanidad. A su tiempo y en un decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia habilitó el juzgamiento de cientos de represores que habían sido indultados en los 80.
Imagen: picture alliance/dpa
Madres y Abuelas de Playa de Mayo
Las Madres de Plaza de Mayo, primera organización en denunciar los crímenes de la dictadura junto con las Abuelas de Plaza de Mayo, marchan con una pancarta con retratos de desaparecidos por la conmemoración, en 2015, del 39° aniversario del golpe. Los jueves de cada semana de todo el año, desde 1977, realizan su emblemática marcha alrededor de la Pirámide de Mayo frente al Palacio de Gobierno.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Mabromata
El "Ángel de la Muerte"
Alfredo Ignacio Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte, fue un capitán de la Armada Argentina y operó durante la dictadura militar argentina como infiltrado en las organizaciones de derechos humanos. Este jueves (30.11.2017) fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Dumont y la muerte de la sueca Dagmar Hagelin, entre otros crímenes.
Imagen: picture alliance/dpa/picture-alliance
Arrojadas al mar
Alice Domon, apodada Caty, fue una monja católica francesa secuestrada durante la dictadura argentina y arrojada desde un avión militar entre el 17 y 18 de diciembre de 1977 en el mar argentino, cerca de la localidad de Santa Teresita, junto con Léonie Henriette Duquet, compañera de Domon en la congregación. El caso de ambas es mundialmente conocido como el de "las monjas francesas".
Imagen: Getty Images/AFP
El día de su muerte
Léonie Henriette Duquet fue una monja católica francesa detenida-desaparecida durante la dictadura militar. Al producirse el golpe militar, ella y Domon empezaron a participar en las organizaciones de DD. HH., algo que definió su participación en una solicitada crítica al gobierno militar publicada por el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977, el mismo día de su desaparición.
Imagen: Getty Images/AFP
Los NN
Personal del Equipo de Antropología Forense (EAAF) trabaja en una exhumación de cadáveres en el cementerio de San Vicente en Córdoba, Argentina, en 2003. El EAAF es una ONG científica argentina creada en 1984 con el fin de ayudar a identificar restos de personas vinculadas a crímenes de la dictadura. Desde el año 1986 trabajó en más de 30 países, incluidos Bosnia, Angola, Kosovo y Sudáfrica.
Imagen: picture-alliance/dpa
El papa Francisco
El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, habla con medios después de una reunión privada en el Vaticano con el Papa Francisco, en Roma, el 21 de marzo de 2013. Esquivel defendió a Francisco contra numerosas acusaciones en su contra por complicidad con las Fuerzas Armadas que gobernaron argentina aludiendo a una “diplomacia silenciosa”.
Imagen: Reuters
Reencuentro
Estela de Carlotto (der.), presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, abraza a su nieto Guido, el hijo de su hija Laura desaparecida en 1976 y la persona 114 identificada por el grupo, en Buenos Aires, el 8 de agosto de 2014. Ignacio Hurban, secuestrado durante la dictadura, nació en realidad como Guido Montoya Carlotto, hijo de un prisionero político asesinado por el régimen militar.
Imagen: Getty Images/AFP/L. La Valle
Frente al tribunal
En una vista general de la audiencia de sentencia, los 52 soldados y los dos civiles que fueron sentenciados el miércoles (29.11.2017), escuchan el veredicto del tribunal por los llamados “vuelos de la muerte” y otros crímenes cometidos en el centro de tortura Escuela de Mecánicos de la Armada (ESMA).
Imagen: Getty Images/AFP/J.G. Toledo
Obama presente
El ex presidente de EE. UU., Barack Obama (izq.), y el actual presidente argentino, Mauricio Macri (der.), arrojan flores al río desde el Parque de la Memoria en el 40º aniversario del golpe de Estado de 1976. Desde que Macri asumiera el gobierno, más de 50 represores condenados fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Imagen: Getty Images/AFP/N. Kamm
Hollande por la memoria
El ex presidente francés, François Hollande (der.), también visitó el Parque de la Memoria, el 25 de febrero de 2016, para arrojar flores al Río de la Plata en memoria de los desaparecidos durante la dictadura. Lo acompaña la presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, movimiento que busca niños secuestrados por el régimen militar para regresarlos a sus familias legítimas.
Imagen: picture-alliance/dpa/D. Fernandez
Visita de Steinmeier
El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania y actual presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier (der.), y la directora de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (izq.), tienen flores en sus manos antes de arrojarlas el río para honrar a las víctimas de la dictadura argentina, en el Parque de la Memoria en Buenos Aires, Argentina, el 3 de junio de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/V.R.Caivano
El Megajuicio
El ex capitán de la armada Jorge Eduardo Acosta (izq.), el ex espía Alfredo Astiz (segundo a la izq.), apodado "el Ángel de la Muerte"; y otros miembros de las Fuerzas Armadas esperan la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 5 en Buenos Aires, este miércoles (29.11.2017). Acosta y Astiz fueron sentenciados a cadena perpetua junto con otros 46 represores, que también fueron condenados.
Imagen: picture-alliance/AP Images/V.R. Caivano
Esperanza
Al cumplirse 40 años del último golpe de Estado de la historia argentina, el 24 de marzo de 2016, se hicieron públicos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Argentina, informando que hasta entonces habían sido condenados 703 represores en 156 sentencias. Sin embargo, el informe también alertó que “únicamente el 25% de las personas condenadas tiene su sentencia firme".
