"En el caso de Ayotzinapa se mezclan las técnicas de violencia. La combinación de fuerzas del Estado muestran una cadena de mando”, afirma John Gibler, historiador y publicista de Texas, autor de "Morir en México" y de "Una historia oral de la infamia. Sobre Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa". DW conversó con él, en Bruselas, en el marco de la presentación de la edición francesa de su último libro y de una conferencia sobre la relación de las estructuras estatales, las redes del narcotráfico y la represión social en México, país donde vive desde 2006.

 

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DW: Casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa suelen ser explicados como hechos originados en el crimen organizado internacional que amenaza la estabilidad de los países. ¿Cómo se traza el puente entre esta criminalidad  transnacional y México?

John Gibler: Hay que ubicar, primero, a México en el contexto geopolítico de la industria ilegal de la droga y mantener una visión crítica de la prohibición de las drogas. Luego hay que tener una mirada que indague la manera en que se llevan a cabo las campañas políticas de prohibición. Esa relación ha existido desde siempre: desde el inicio de la política antidroga que va de la mano con el gran éxito del mercado ilegal de las drogas.

También hay que indagar la manera en que diferentes Estados han usado esa política antidroga para reprimir. En el caso de Estados Unidos, su política prohibicionista sirve para intervenir en otros países, en este caso en toda América Latina. Se convierte en un fenómeno de represión social acompañado por la industria transnacional ligada a la política antidroga.

Una de las explicaciones para el incremento de la violencia en México es el movimiento hacia el norte de las sedes de los carteles de la droga después de que en Colombia fueron derrotados. ¿Lo ve usted así? 

Efectivamente, en Colombia dos grandes carteles de la droga fueron vencidos. Pero todo su negocio pasó a manos de otros, más vinculados con el Estado. No es que el gobierno colombiano venciera la droga. Sigue llegando. Alguien la produce. Casi siempre son campesinos, para ellos significa sembrar una planta.

Pero, ¿quién se encarga de crear ese producto totalmente industrial que se encuentra en cualquier ciudad en toda Europa, todo Estados Unidos, toda Canadá, que básicamente se siembra en tres países y se envía a todo el mundo? No vencieron a los carteles y estos se fueron a México. No. México transporta la coca que se siga sembrando y produciendo en Colombia, mayoritariamente, y también en Bolivia y Perú. Más bien, diría yo, el Estado realizó una campaña para reconfigurar el control del negocio.

La guerra contra el narcotráfico que se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón disparó tanto la represión social y la violencia como el consumo y la producción de amapola y metanfetaminas. ¿Cómo es posible esto?

Porque una verdadera erradicación no interesa. Porque es el Estado mexicano el que controla el negocio, el Estado mexicano es el cartel. Sus luchas son al interior. Así como existen diferentes marcas de tabaco, a su interior existen diferentes marcas, rutas de traslado, diferentes zonas de control de producción. Ellos sí pelean entre ellos. Pero no hay ninguno que exista sin su completa compenetración con el Estado.

En la conferencia que acaba de dar usted ha dicho que las estructuras de desaparición, primero física y luego administrativa, de ciudadanos vienen de lejos, desde la década de los 60 y 70. ¿Qué función han tenido esas estructuras? 

El objetivo siempre ha sido un vínculo entre la represión y el control social y el negocio. Simultáneamente la droga se usa como una manera de producir criminales –con sellos de narco, de dealer– y también para hacer dinero. El mismo Estado se beneficia económica y políticamente.

¿Desde siempre ha sido así?

Creo que sí ha cambiado la profundidad de la compenetración y la escala. La relación viene desde antes, desde la famosa Operación Cóndor en  México: una supuesta campaña de fumigación de amapola. Lo que en realidad produjo fue un cambio en la geografía de la producción de amapola y de empezar a combinar la producción de la droga, el control del negocio con la represión de las guerrillas de ese entonces.

Cuando matan en México al agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, como respuesta encarcelaron a los tres narcos más famosos del momento: Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Pero también, como respuesta a la presión política de Estados Unidos, desarticularon la Dirección Federal de Seguridad. Ésta se encargaba de realizar la campaña antidroga y era la fuerza policial que realizaba todos los secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de luchadores sociales y de movimientos armados insurgentes. Y eran los mismos que controlaban todo el negocio. Desde ahí se ve que el Estado combina y controla el narcotráfico, como negocio y como instrumento de presión social.

En este panorama ya ha mencionado a Estados Unidos, pero no a Europa. ¿Cuál es el papel que desempeña, teniendo en cuenta que México es un Estado amigo y socio de la Unión Europea?

Yo diría que la UE como Estados Unidos tienen un papel muy importante en todo esto, que comienza ya con apoyar a esos Estados que sacan beneficios del negocio. En el caso de Ayotzinapa lo ilustra: han agarrado a los agentes estatales con las manos en la masa, toda la estructura del gobierno federal participa en la protección de los asesinos… Y Obama recibe a Peña Nieto en la Casa Blanca. Y Europa también.

Su discurso sobre derechos humanos es pura burla hacia las víctimas y las familias, porque están apoyando a esos regímenes. Yo de la UE diría: ¿sabes qué? Se cancela el acuerdo, no hay apoyo económico y ustedes están fuera hasta que haya no solamente un castigo a los responsables, sino una reconfiguración estatal. Eso sería otra cosa. Pero Europa, como Estados Unidos, se benefician del caos en los países excoloniales. 

El título de esta conferencia era "México: drogas, violencia y desapariciones. ¿Cómo salir del impasse?”. ¿Cómo salimos? ¿Legalizando las drogas?

La legalización es un pasito, sí. Tipificar el delito de la desaparición forzada, otro. Son pasitos. Pero el problema es infinitamente más profundo. Lo único que sé es que, de haber salida, será a través de procesos desde abajo, de mucha gente, a pesar de los Estados. No vendrá de un ilustrado, ni de un político, sino de otra forma de hacer economía.