Un video que muestra una presunta ejecución extrajudicial ha vuelto a encender la polémica en torno al proyecto de Ley de Seguridad Interior, que conferiría a las FF.AA. facultades policiales.
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Según señaló en un comunicado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, el video -en que se ve a un uniformado disparando a una persona en el suelo presuntamente en el marco de una operación militar en la localidad de Palmarito Tochapan- "muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les debería encomendar operaciones de seguridad pública".
De facto, sin embargo, los militares ya están ejerciendo esas funciones en varios lugares de México. "De hecho, en algunas regiones, por ejemplo en Tamaulipas, en Durango o en Sinaloa, ni siquiera hay policía municipal. Nadie quiere asumir esta responsabilidad, porque nadie quiere jugarse la vida", señala a DW Birgit Lamm, directora regional para América Latina de la fundación alemana Friedrich Naumann, cercana al Partido Liberal. Desde Ciudad de México, destaca la debilidad de la policía: "Está tan desprestigiada, que mucha gente incluso confía más en el Ejército que en las policías locales y regionales, que muchas veces están involucradas con el crimen organizado local". Pero hace notar, al mismo tiempo, que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para estas labores y tienen sus propios problemas en materia de derechos humanos.
"Trágico historial"
Amnistía Internacional habla en su comunicado de "un trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas". Carlos Zazueta, investigador para México de dicha organización, afirmó en entrevista con DW que el caso mencionado al comienzo no es un hecho aislado. "Hemos visto casos similares de ejecuciones, hay algunos muy conocidos, como es el caso de Tlatlaya, donde varias personas ya rendidas fuero ejecutadas por el Ejército y también hay otros casos de violaciones de derechos humanos, como torturas, violaciones sexuales, desapariciones y algunos otros graves abusos por parte de las fuerzas armadas".
Birgit Lamm coincide en que "no es algo nuevo, todos los que trabajamos aquí en México el tema del Estado de derecho lo vemos con mucha preocupación, como también el problema de la violencia exagerada en el marco de enfrentamientos o detenciones".
Protesta contra el Ejército tras los incidentes de Palmarito, en Puebla.Imagen: Reuters/O. Viveros
"Estrategia peligrosa"
"Nos preocupa que la respuesta de las autoridades sea legalizar la problemática, porque hemos visto una estela de violaciones de derechos humanos en estos 10 años de estrategia militarizada y en lugar de corregir la estrategia y fortalecer y democratizar a las policías, simplemente quieren legalizar algo que está pasando de facto", afirma el investigador de Amnistía Internacional. También la directora regional de la Fundación Friedrich Naumann considera que "están más bien buscando una justificación para lo que ya están haciendo". Como ejemplo cita otra propuesta, que contempla excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas en los tribunales, "en los casos en los que el descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable, se hubiera obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviere atenuado". Según Birgit Lamm, eso equivaldría a una "autorización de la tortura".
Pero ya el propósito de atribuir facultades policiales a las fuerzas armadas resulta problemático para los expertos consultados. "Creo que el uso del Ejército para labores de policía va a incrementar el potencial de conflicto dentro de una sociedad. El hecho de entregar a los militares una terea policial, sin control civil, me parece peligroso", afirma Birgit Lamm. Carlos Zazueta agrega que "son facultades que podrían ser muy mal utilizadas por las fuerzas armadas, sobre todo porque no están en un sistema de rendición de cuentas claro y de control de la autoridad civil".
El experto de Amnistía Internacional hace notar que "hay bastante controversia tanto entre los partidos políticos como con la sociedad civil sobre la pertinencia o no de que las fuerzas militares asuman estas funciones" y subraya: "nos parece que estos casos, como el de Palmarito, muestran los peligros de seguir esa estrategia".
La cronología del Caso Ayotzinapa
En el aniversario del ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, DW presenta los acontecimientos más importantes relacionados con el caso en una fotogalería.
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La noche del ataque
Iguala, Guerrero. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la localidad de Ayotzinapa, son emboscados mientras iban en varios autobuses que habían retenido. Indicios y testimonios apuntan a que policías municipales, en colaboración con bandas criminales, perpetraron los ataques.
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Se enciende la protesta
27.09.2014. Como consecuencia del ataque, 43 estudiantes normalistas desaparecen, y se presume que han sido asesinados. De inmediato, familiares de las víctimas y grupos estudiantiles comienzan una serie de protestas, exigiendo que los jóvenes aparezcan con vida. Dos días más tarde, el 29 de septiembre, 22 policías municipales son detenidos en relación con estos hechos.
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La PGR atrae el caso
04.10.2015. La Procuraduría General de la República (fiscalía mexicana) atrae las investigaciones del caso, que queda en manos de la dependencia federal. En menos de 20 días son detenidas otras 52 personas, entre ellas, el líder del grupo criminal "Guerreros Unidos", Sidronio Casarrubias. En la imagen, el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
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Presuntos implicados
10.2014. Según la PGR, Sidronio Casarrubias, líder de "Guerrero Unidos", señala a María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca (ambos en la foto), como cómplice de actividades criminales. El síndico y el secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, también habrían participado en actividades ilícitas, de acuerdo con la misma fuente.
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Fosas clandestinas
04.10.2014. Fuerzas federales hallan seis fosas clandestinas en las afueras de la ciudad de Iguala. En un principio se presume que los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos.
Imagen: Reuters
Marcha global
08.10.2014. Organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos convocan a una gran marcha nacional e internacional. Exigen claridad en la investigación y, sobre todo, resultados. En la imagen, la movilización frente a la embajada mexicana en Buenos Aires.
Imagen: Reuters
Queman Palacio de Gobierno
13.10.2014. Manifestantes acuden a la sede del gobierno de Iguala para demandar de nuevo la localización de los estudiantes desaparecidos, y protestar contra las autoridades locales. Incendian el edificio gubernamental y causan destrozos en el mismo.
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Versión de Solalinde
20.10.2014. El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de migrantes, revela una versión contada por testigos, según la cual los 43 estudiantes de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados. No proporciona pruebas.
Imagen: AP
Implican a Abarca y Pineda
22.10.2014. La PGR presenta cargos contra José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, como probables responsables de la desaparición y posible asesinato de los 43 normalistas. El alcalde de Iguala y su esposa se encuentran "ilocalizables" en ese momento.
29.10.2014. Más de un mes después de ocurrida la tragedia, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con familiares de los estudiantes desaparecidos. Tras varias horas de encuentro a puertas cerradas, ambas partes firman un acuerdo de diez puntos, entre los que destaca la formación de una comisión mixta que audite las investigaciones realizadas por la PGR. Esto no acaba con las protestas.
Imagen: Reuters/Henry Romero
Detenidos
04.11.2014. Tras unas semanas de permanecer prófugos, el alcalde de Iguala y su esposa son detenidos en Iztapalapa, Distrito Federal. El operativo se realiza sin violencia, y la TV muestra imágenes de la pareja, en aparente calma, en el momento en que es detenida.
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Fuego en Palacio Nacional
08.11.2014. Unos 20 manifestantes encapuchados derriban las vallas de seguridad de los alrededores del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, y prenden fuego a la puerta principal del histórico edificio. Los disturbios se registran al finalizar una multitudinaria marcha para exigir el retorno con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
Imagen: AFP/Getty Images/O. Torres
"Ya me cansé"
07.11.2014. En procurador Jesús Murillo Karam ofrece una conferencia de prensa e informa que, según testimonios y confesiones recabados, los estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en la fosa de un basurero de Cocula, cerca de Iguala. Al final de dicha conferencia pronuncia su famosa frase "ya me cansé", que prende aún más la indignación.
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Primer identificado
06.12.2014. Peritos forenses argentinos que trabajan en la identificación de los restos encontrados cerca de un depósito de basura en Cocula determinan que una de las piezas que llegaron a sus manos pertenece a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero.
Imagen: picture-alliance/dpa/Gutierrez
Alemania, consternada
20.01.2015. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, manifiesta la "consternación" de Alemania por el crimen de los estudiantes y asegura a su homólogo mexicano, José Antonio Meade, que Berlín "ayudará en el esclarecimiento de lo ocurrido en la medida de los posible, por ejemplo en la identificación de las víctimas".
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La "verdad histórica"
27.01.2015. Murillo Karam comparece de nuevo ante la prensa y da a conocer las conclusiones de la investigacion realizada por la PGR. Según la que llamó "verdad histórica", los normalistas fueron asesinados por la banda Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de un cartel rival. Los restos de los estudiantes, dijo, fueron incinerados en el basurero de Cocula.
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Expertos independientes
01.03.2015. Como resultado del acuerdo entre el gobierno y los padres de las víctimas, el primer día de marzo viaja a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) formado por la CIDH, para iniciar sus trabajos sobre el caso Iguala.
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Elecciones intermedias
07.06.2015. Más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir 1.996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero. En los días anteriores, manifestantes y policías resultaron heridos en un enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.
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Desencuentro
17.08.2015. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 estudiantes en México anuncian que no entrevistarán a los militares del Batallón 27 ante la imposición de hacerlo por escrito.
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Cuestionan la "verdad histórica"
06.09.2015. El grupo de expertos independientes designado por la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dice que la versión oficial entregada por la fiscalía, que asegura que los jóvenes fueron asesinados y sus restos quemados en el basurero que aparece en la foto, es imprecisa. Aparece el tráfico de heroína como posible línea de investigación.
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Detienen a "El Gil"
17.09.2015. Medios mexicanos informan de la detención de Gildardo López Astudillo, jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quien habría jugado un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi un año.
Imagen: DW/M. Banchon
Segundo identificado
17.09.2015. La fiscal Arely Gómez, quien sustituyó a Murilo Karam en la PGR, dice que "existen indicios que establecen posible correspondencia" entre unos de los restos y el ADN de la madre del joven Joshivani Guerrero de la Cruz, de 20 años. Forenses argentinos manifiestan dudas sobre esta versión, debido a fallas en la cadena de custodia de las pruebas.
Imagen: Reuters/H, Romero
Tensión creciente
22.09.2015. A unos días de que se cumpliera el primer aniversario de la tragedia, un enfrentamiento entre estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y policías del estado de Guerrero deja nueve heridos y un camión quemado cerca de Chilpancingo, la capital estatal. Familiares de las víctimas comienzan una huelga de hambre previa a una nueva reunión con Peña Nieto.
