Luego de un proceso legislativo que duró meses, el pasado 12 de agosto entraron en vigor las leyes de la reforma energética que constituye uno de los proyectos políticos y económicos más ambiciosos del presidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno mexicano insiste en que las modificaciones constitucionales que conforman la reforma energética, más sus leyes secundarias, son compatibles con la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Hace hincapié en que no fue entonces, sino veinte años más tarde, cuando se eliminó a través de una reforma constitucional la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación petrolera.

Uno de los pilares de la reforma energética impulsada por el mandatario es precisamente el levantamiento de la prohibición vigente desde 1958 para la celebración de contratos con empresas privadas en dicha explotación.

La expropiación petrolera de 1938 sufrió otras modificaciones que intentaron actualizar el marco jurídico de la explotación del hidrocarburo en México, pero nunca llegaron a ser tan profundas como la actual. Quizá la más relevante fue la del 3 de febrero de 1983, que creaba empresas y organismos para el manejo de áreas estratégicas de dicha industria.

Nuevas promesas

Décadas más tarde, el gobierno mexicano sostiene que el petróleo en particular, y la explotación energética en general, catapultarán una nueva era de progreso. Afirma, por ejemplo, que las reformas abrirán las puertas al crecimiento de la economía nacional, la creación de empleos, el desarrollo incluyente, la rendición de cuentas y la protección al medio ambiente.

Las autoridades mexicanas estiman que la producción de crudo pasará de los actuales 2,5 millones a 3,5 millones de barriles de petróleo en once años.

En el caso del gas natural, la producción aumentaría de 5.700 millones de pies cúbicos diarios a 8.000 millones de pies cúbicos diarios en 2018, según los cálculos oficiales.

Respuestas a Cuarón

En respuesta a las inquietudes planteadas por el cineasta Alfonso Cuarón en las redes sociales acerca de la transparencia y las consecuencias del proceso de aprobación de la reforma energética, el gobierno mexicano afirma que las modificaciones permitirán crear 500.000 empleos adicionales en 2018, y 2,5 millones de puestos de trabajo en 2015.

El Producto Interior Bruto del país crecería un 1% adicional en 2018 como producto de la reforma energética, y un 2% adicional en 2025.

El gobierno mexicano espera un incremento de los ingresos fiscales que se destinarían a fortalecer el sistema de seguridad social para combatir la pobreza extrema, así como a mejorar el sistema educativo, impulsar el desarrollo tecnológico, e invertir en infraestructura.

A los consumidores, el gobierno mexicano les promete que los precios del combustible y la energía eléctrica se liberarán gradualmente, hasta ser regidos completamente por la ley de la oferta y la demanda, al igual que sucede en países como Alemania.

Preguntas ecológicas

Organizaciones ecologistas han cuestionado otros aspectos relacionados con la reforma energética. Uno es el procedimiento de explotación conocido como “fracking”, que implica la extracción de aceite y gas, y cuya aplicación será posible con la nueva ley. En dicha extracción se utilliza un mineral llamado lutita, que según Greenpeace es “un recurso no renovable, sucio y que contribuye al calentamiento global”.

En el "fracking" también se consume gran cantidad de agua, por lo que Greenpeace considera que “violenta el derecho humano de acceso” al vital líquido.

El gobierno de México reconoce que en este caso, “los retos técnicos y de capacidad de ejecución son significaticamente mayores” que en los yacimientos convencionales. La productividad por pozo es mucho menor, y los costos son considerablemente mayores. No obstante, se presentaa "fracking" como una oportunidad para mejorar la productividad en el sector energético.

Otro aspecto sin respuesta clara es el de las reservas de petróleo. “El petróleo de fácil acceso se está acabando”, afirmaba Peña Nieto al presentar al Poder Legislativo el texto de la iniciativa que hoy ya es ley. México cuenta con reservas probadas para 10 años de producción. Y aunque el documento afirma que hay “margen de tiempo suficiente para confirmar la existencia de reservas y recursos prospectivos de nuevos yacimientos”, no da evidencia concreta sobre alguno en específico.

La mayor preocupación en algunos sectores de la sociedad mexicana se refiere a posibles actos de corrupción generados por las nuevas posibilidades de negocio que se abren con la nueva reforma. Aquí, el gobierno mexicano ofreció en sus respuestas a Cuarón siete mecanismos de transparencia que incluyen distintas etapas, desde la licitación y asignación de nuevos contratos, hasta la rendición de cuentas.

La reforma crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que recibirá, administrará y distribuirá los ingresos generados a raíz de la reforma al artículo 27, con excepción de los impuestos.

Además, se instituyeron otros organismos como la Comisión Nacional de Hidricarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tendrá a su cargo la supervisión de las normas industriales y ecológicas en los nuevos procesos de explotación energética.

Los contratos adjudicados, se dice, contarán con cláusulas de transparencia “para que los pueda consultar cualquier interesado”.

Una cosa es cierta: por la complejidad de sus consecuencias, la reforma energética cambiará profundamente el panorama económico y social de México. ¿Cómo lo hará? La respuesta depende de qué tanta diferencia exista entre las promesas hechas por la administración de Peña Nieto, y las realidades a las que se enfrentarán los mexicanos. La reforma puede reactivar a la economá mexicana. Pero la bonanza petrolera y energética, si es que se produce, también puede profundizar la desigualdad social y la corrupción. La crisis de los años ochenta así lo demuestra.