Visto por fuera parece apenas una enorme construcción, obra de un arquitecto poco inspirado. De formas cuadradas y rejas altas, el Centro de Detención Metropolitano Brooklyn (MDC) de Nueva York ha sido descrito por personas que pasaron por allí como "el infierno en la Tierra". Alguna vez hace años se cortaron la luz y la calefacción en pleno invierno, hay denuncias de plagas de insectos y roedores, y las agresiones entre reos son algo habitual.

En ese recinto se encuentran recluidos Nicolás Maduro y Cilia Flores. La pareja, que hasta hace poco ostentaba el poder en Venezuela, cumple este 3 de febrero de 2026 un mes en manos de las autoridades estadounidenses, que llevan contra ellos diversas causas por crimen organizado y narcotráfico.

"Son delitos graves con penas altas. Maduro está acusado de cuatro cargos, por lo cual estamos hablando de prisión por largo tiempo", dice a DW el profesor de Derecho y director del Center for Transnational Law en Rutgers Law School Jorge Contesse.

Violación flagrante del derecho internacional

Maduro y Flores fueron "extraídos" de territorio venezolano en una controvertida operación militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo declarado de las autoridades de la Casa Blanca era llevarlos ante la Justicia, pues existía una orden de arresto en contra de ambos, aunque esta tenía jurisdicción solo dentro de territorio estadounidense.

"La justificación esgrimida por Washington —que se trató de una 'operación policial' para ejecutar órdenes de arresto por narcotráfico— no elude el principio básico de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe a los Estados recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de otro Estado", explica a DW Simón Gómez Guaimara, experto venezolano en derecho internacional.

"Aun cuando un país tenga órdenes de captura legítimas emitidas por sus tribunales, eso no confiere poder a sus fuerzas para entrar armadas en otro Estado soberano y efectuar arrestos", detalla.

Contesse complementa: "La captura fue una violación flagrante del derecho internacional. El principio clave sobre el que descansa la arquitectura jurídica global es la no intervención y la resolución pacífica de controversias y, ciertamente, la prohibición del uso de la fuerza. Todo ello fue vulnerado".

Un as bajo la manga

Tras declararse no culpables el 5 de enero, cuando comparecieron ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en una corte del distrito sur de Nueva York, Maduro y Flores ahora deberán esperar hasta el 17 de marzo para su próxima audiencia. De ser declarados culpables, en un proceso que puede durar años, arriesgan penas de varias décadas e incluso cadena perpetua. Pero quizás su defensa tenga una baza.

"La defensa probablemente intentará alegar la inmunidad como jefe de Estado de Maduro, lo cual no será fácil. Pero Estados Unidos reconoce a la vicepresidenta de Maduro como actual jefa de Estado, y la defensa puede utilizar esto como un argumento a su favor: ¿cómo puede reconocer a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela y negar ese reconocimiento a quien estaba en el poder justo antes de ella?", pregunta Contesse.

Gómez Guaimara, sin embargo, resalta que la defensa tendrá dificultades, aun cuando tenga un buen argumento. "En el caso United States vs Noriega (1990), la Corte Federal negó la inmunidad al entonces líder de facto de Panamá porque el Ejecutivo estadounidense no lo reconocía como jefe de Estado legítimo", recuerda. "En el caso de Maduro, funcionarios estadounidenses han sostenido que no lo reconocen como presidente legítimo de Venezuela, y los tribunales tienden a seguir ese criterio para negar inmunidad de jurisdicción".

Para el abogado venezolano, es relevante esta distinción entre las reglas del derecho internacional y su aplicación en sistemas jurídicos nacionales. "Una cosa es la norma internacional general, y otra es cómo un tribunal doméstico interpreta y aplica esas normas según su propio ordenamiento", explica.

¿Hay motivaciones políticas?

¿Es posible confiar en que el juicio contra Maduro se basa plenamente en la búsqueda de justicia y no hay factores políticos operando tras él? "Más allá de las motivaciones, no veo a los tribunales en Estados Unidos, en general, y en particular a la corte a cargo de este caso, como teñida de motivaciones políticas", dice Contesse. 

"En Estados Unidos, rige un Estado de derecho que exige la observancia rigurosa de principios procesales fundamentales, incluidos el debido proceso, la posibilidad de defensa, la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial. Estos estándares son aplicables a toda persona acusada ante un tribunal federal, con independencia de su estatus político o identidad nacional", agrega Gómez Guaimara.

Con esto en mente, dice el especialista, también debe valorarse que la acusación se ha mantenido más de diez años (fue presentada originalmente en 2011 y ratificada en 2020) y ha cruzado Gobiernos demócratas y republicanos.

"Esto no significa que los factores geopolíticos estén ausentes del contexto más amplio del caso, pero desde el punto de vista procesal y formal, nada sugiere que la justicia estadounidense haya renunciado a sus principios de debido proceso para perseguir un objetivo político puntual", asegura.

(rml)