Desde principios de año, el Gobierno venezolano ha vuelto a hablar con frecuencia sobre la importancia de fomentar las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco, un territorio más grande que Cuba –mide 111.843 kilómetros cuadrados– que se extiende desde la Guayana Esequiba, en el este del país, hasta el punto donde confluyen las fronteras de los estados Amazonas, Apure y Bolívar, en el oeste. El presidente Nicolás Maduro espera que la explotación de oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, niobio, tantalio y otros minerales en esa zona le permita poner fin a la severa crisis nacional, que él atribuye a los ardides del empresariado local y al menguado precio del petróleo.

Interés y recelo

Fue con eso en mente que Maduro promulgó un decreto a finales de febrero que le permitiría sellar acuerdos con varias compañías extranjeras del sector minero. En abril, Caracas aseguró que sólo le faltaba la certificación internacional de la ONU –la Kimberley Process Certification Scheme (KPCS)– para comercializar sus riquezas a un precio justo. El 16 de agosto se anunció la suscripción de convenios de inversión valorados en más de 4.500 millones de dólares. Una semana más tarde el Ejecutivo dijo haber firmado pactos por más de 5.500 millones de dólares con empresas como Barrick Gold Corporation, la multinacional aurífera más importante del mundo.

Esta apertura es seguida con una mezcla de interés y recelo. La nación sudamericana es rica en oro, pero ese metal precioso no ha sido explotado a gran escala ni por firmas venezolanas ni por extranjeras. Mientras Maduro celebraba los acuerdos suscritos, analistas del sector minero recordaban por qué Venezuela no había logrado atraer a un número suficiente de capitalistas para impulsar la deseada diversificación de su economía: en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) siguen abiertas unas veinte demandas contra Venezuela, entabladas cuando el predecesor de Maduro implementó su política de expropiaciones.

Cuentas pendientes

Hugo Chávez (1999-2013) nacionalizó la industria aurífera en 2011 y retiró a su país del CIADI un año más tarde. Con miras a ganar tiempo, Caracas ha pedido que se revisen o anulen los laudos más recientes: el CIADI determinó que Venezuela le debe 1.386 millones de dólares a la compañía canadiense Crystallex y 1.200 millones de dólares a la ruso-canadiense Rusoro, por ejemplo. Ahora, Rusoro quiere llegar a un arreglo parecido al que obtuvo la canadiense Gold Reserve, que, a cambio de indemnizaciones, firmó un convenio para crear una empresa mixta con el Estado venezolano. La primera parte del desagravio –600 millones de dólares– se pagará a finales de octubre.

Sólo entonces se sabrá si Venezuela está en capacidad de cumplir su palabra. Por ahora, Maduro se frota las manos, anticipando dividendos por el orden de los 14.000 millones de dólares con 60 por ciento de regalías. Atrás quedó el incidente que amenazó con empañar el nombre del Arco Minero del Orinoco: el 4 de marzo, 28 mineros desaparecieron en Tumeremo, estado Bolívar. Sus familiares denunciaron que habían sido asesinados. El diputado opositor Américo de Grazia acusó a las autoridades locales de querer “encubrir” lo ocurrido y sugirió que el Gobierno venezolano podría estar “liquidando al pueblo” a petición de la empresa canadiense Gold Reserve.