El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, daba la impresión de querer acercarse a sus compatriotas capitalistas a principios de año, cuando creó el Consejo Nacional de Economía Productiva, un foro que al menos en teoría pretendía reunir a representantes del sector privado con los del Ejecutivo y de los Gobiernos regionales –oficialistas y opositores– para discutir lo que el Estado y el empresariado podían esperar el uno del otro. Esa sensación se vio reforzada por el nombramiento de un industrial –el ingeniero Miguel Pérez Abad– como timonel de la Vicepresidencia Económica y del Ministerio de Economía Productiva.

Ese amago de aproximación también se antojaba verosímil en vista del desabastecimiento de medicamentos y alimentos que la población padecía desde hace meses, a pesar de que tanto Maduro como Pérez Abad seguían insistiendo en que era una parte de la clase empresarial –sobre todo aquella afiliada a Fedecámaras, la principal patronal del país– la que buscaba desestabilizar al Gobierno dejando de producir bienes de primera necesidad, acaparándolos, especulando con sus precios, propiciando el contrabando de extracción y la inflación. Pero un segmento nada despreciable de la industria y el comercio nacional duda que esa intención de diálogo sea seria.

DW habló con los presidentes de tres organizaciones gremiales claves para enfrentar el problema de la escasez que nunca fueron invitados a las sesiones del Consejo Nacional de Economía Productiva: Juan Pablo Olalquiaga, de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA); Cipriana Ramos, del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO); y Freddy Ceballos, de la Federación Farmacéutica Venezolana (FEFARVEN). “Hugo Chávez cambió las reglas de juego económico cuando asumió la presidencia (1999-2013), pero por lo menos discutió algunas de sus medidas con el sector privado”, recuerda Olalquiaga.

Controles eternizados

“Tras la conmoción política de 2002, el Ejecutivo dejó de recurrir al consenso y desarrolló su política económica unilateralmente, empezando con un proceso de estatización acelerado y con rígidos controles de cambio y de precios de venta al consumidor. Durante la época de bonanza petrolera, ni Chávez ni Maduro escucharon los planteamientos de los industriales. Hacia 2014, el Gobierno empezó a establecer contacto con empresas individuales, no con gremios enteros. Un año más tarde comenzó a negociar con grupos específicos, pero sólo para hacer concesiones puntuales”, agrega el jefe de CONINDUSTRIA.

“Lo que ocurre es que nosotros no estamos pidiendo concesiones. CONINDUSTRIA propone un cambio de modelo económico. Es necesario reformar varias políticas públicas, empezando por la ley que rige al Banco Central de Venezuela, el sistema de control de cambio, las normativas del ámbito laboral y el código de comercio”, subraya Olalquiaga. Aunque Freddy Ceballos, de FEFARVEN, cree que las enmiendas imprescindibles trascienden el ámbito económico, coincide con Olalquiaga en que la raíz de la crisis productiva venezolana no es coyuntural sino estructural. También Cipriana Ramos, de CONSECOMERCIO, está convencida de ello.

“En Venezuela se le atribuye todo lo malo a la caída de los precios del petróleo; pero cuando el barril de crudo valía 100 dólares ya se registraba un desabastecimiento de fármacos. De ahí que uno se pregunte, ¿por qué en otros países exportadores de petróleo no se ven colas kilométricas para comprar alimentos, como se ven en Venezuela, ni se está muriendo gente por falta de medicamentos?”, señala Ceballos. Según Ramos, el clamor de los sectores primario, secundario y terciario de la economía venezolana es uno solo: que se ponga fin a los controles. Es decir, que se levante el control de precios, el control de cambio y el control laboral.

Diferencias irreconciliables

“En Venezuela esperamos que se anuncie una reforma efectiva. Y la única reforma que puede sacar al país del atolladero es la liberación de los controles”, asegura Ramos.

Ya en enero de este año, el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, había advertido que Maduro se estaba abriendo a los empresarios, pero “sin hipotecar principios”; buscando una alternativa al modelo económico y productivo dependiente de la renta petrolera y las importaciones, pero sin aplicar una solución “neoliberal” a la crisis.

Al respecto comenta Olalquiaga: “El Consejo Nacional de Economía Productiva fue creado desde la ignorancia, no desde la experiencia en el manejo de la economía”. Consultado sobre la idoneidad de Miguel Pérez Abad como interlocutor del empresariado en el Gabinete de Maduro, el presidente de CONINDUSTRIA añade: “Pérez Abad ha demostrado tener el mismo desconocimiento de la materia económica que los funcionarios estatales que lo precedieron”. Esto obliga a preguntar, ¿a qué acuerdos podrían llegar el estamento chavista y los capitanes de la industria venezolana cuando los modelos económicos y productivos defendidos lucen irreconciliables?