Tras el fallido intento de golpe de Estado que derivó en la destitución del expresidente Pedro Castillo, muchos peruanos han buscado las calles para expresar su descontento con la política, en general, así como con el funcionamiento de muchas instituciones democráticas del país, en especial, el Congreso de la República. Otro elemento que une a los manifestantes es la demanda de elecciones generales anticipadas, dice a DW, desde Perú, Iván Lanegra, secretario general de la asociación civil Transparencia.

Mientras una minoría reclama que Castillo sea liberado y reinstalado en la Presidencia, la mayoría considera que el Congreso carece de legitimidad por ser parte del problema, y demanda su cierre, sostiene Jo-Marie Burt, profesora de Ciencia Política en la Universidad de George Mason. Otra exigencia, aunque más controversial, es la celebración de una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, nacida bajo el régimen dictatorial de Fujimori, en 1992.  

"Realidad compleja"

En entrevista con DW, Burt reconoce que el reciente actuar de Castillo ha sido ilegal e inconstitucional. No obstante, hace hincapié en la "complejidad" de la realidad peruana, lo cual explicaría por qué hay gente que lo sigue apoyando más allá de las razones ideológicas: "Desde 2016, cuando el fujimorismo logró la mayoría en el Congreso, ha utilizado su poder para apartar de su cargo a cualquier mandatario. El actual Congreso es controlado por la derecha, y se ha dedicado a destituir a Castillo, así como a cambiar las reglas del juego para arrogarse más poder, generando nuevos desequilibrios entre los poderes del Estado". 

La experta de la organización de derechos humanos WOLA habla de una campaña por parte de la oposición para desconocer la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo, que ha incluido acusaciones falsas de fraude electoral y declaraciones abiertamente racistas sobre los orígenes rurales del exmandatario. 

¿Violencia orquestada?

Según Burt, las movilizaciones se han intensificado ante la incapacidad del nuevo gobierno de Dina Boluarte de entrar en diálogo con los manifestantes. 

En el marco de las protestas masivas, en su mayoría pacíficas, también se han registrado incidentes violentos que han dejado 17 muertos, decenas de detenidos y más de 300 heridos. Como respuesta, el gobierno de Boluarte decretó el miércoles pasado (14.12.2022) el estado de emergencia, a nivel nacional, por 30 días.   

¿Quién está detrás de los brotes de violencia? Ignacio Labaqui, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), sostiene que "se trata de manifestaciones orquestadas" tanto por líderes de la izquierda radicalizada como de la extrema derecha, "que buscan promover el caos". 

Por un lado, estarían los grupos que responden a Vladimir Cerrón, líder del partido de extrema izquierda Perú Libre, y Guillermo Bermejo, exdirigente de esa formación. Por otro, los seguidores de Antauro Humala, exoficial militar y líder ultracionalista, hermano del expresidente Ollanta Humala. Según declaraciones de Labaqui para DW, desde ambos extremos del espectro político se quiere "forzar un cambio sustancial de la Constitución, a pesar de no tener ni los votos para hacerlo ni las bancas en el Congreso". 

Estado de excepción: ¿error o necesidad?

En opinión de Iván Lanegra, de Transparencia, la capacidad de acción política del Estado peruano es limitada, por lo que la declaración del estado de emergencia "es más bien un síntoma de debilidad de un Estado que se ve sobrepasado por las condiciones de las protestas". 

Para la politóloga estadounidense Jo-Marie Burt, en cambio, el decreto es un "paso muy grave" porque "iguala los desmanes de un grupo minoritario con el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente". 

"Mi gran miedo es que la violencia se utilice para descalificar todo: el primer ministro, el ministro de Defensa y, sobre todo, congresistas exmilitares han calificado a los manifestantes de 'agitadores pagados o terroristas'", subraya, y agrega que, a la vez, la "democracia peruana no ha logrado generar una fuerza policial capaz de responder democráticamente a manifestaciones".

(cp)