En mayo de 2022, Naciones Unidas entregó su habitual informe sobre homicidios en el mundo. ¿El resultado? Nueve de los diez países con mayor cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes están en América, y cuatro de ellos en Centroamérica: El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala. Esto, que en sí mismo no es ninguna novedad —pues se trata de un fenómeno que lleva años repitiéndose—, demuestra que las políticas adoptadas para combatir este mal no han logrado resultados.

El problema es que han resurgido ideas como reimponer la pena de muerte, militarizar la seguridad pública y ampliar cárceles, lo que redunda en una represión indiscriminada y el desprecio por los derechos humanos. En distinto grado, algo de eso ya ha empezado a ocurrir. En Guatemala, por ejemplo, el presidente Alejandro Giammattei se ha mostrado partidario de la pena capital. Y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro impuso el estado de excepción el pasado 6 de diciembre.

"Estas medidas, más que autoritarias per se, son más bien populistas, y se adoptan para atacar un problema que en realidad jamás se ha enfrentado de raíz", dice a DW el analista político hondureño Leonardo Pineda. A juicio del experto, el estado de excepción que impera en su país es "ante todo nominal y existe esencialmente en los medios de comunicación. Porque, si vas a las comunidades, estos estados de excepción no existen ni han funcionado. Tenemos el grave problema de la extorsión a los transportistas que, en lugar de descender, ha aumentado", grafica.

Limpiar la casa, ensuciar al resto

Cuando se habla de combate a la criminalidad, las miradas tienden a dirigirse a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha hecho de la mano dura su caballito de batalla, con jugosos réditos en las encuestas. Ingrid Wehr, representante para Centroamérica de la fundación alemana Heinrich Böll (ligada al partido Los Verdes), dice a DW que en esto hay algunos peligros claros: "Uno es la remilitarización de la política y un desmantelamiento de las frágiles instituciones del Estado de derecho en la región".

Wehr recuerda que El Salvador lleva 11 meses en estado de excepción, que desde fines de marzo de 2022 se ha encarcelado a 60 mil personas, y que el 2 por ciento de la población del país está en prisión. "La política de mano dura es uno de los factores que explica la alta popularidad del presidente salvadoreño. Más del 90 por ciento de la población salvadoreña aprueba las políticas de seguridad del Gobierno", con apenas una minoría crítica, señala.

Esa alta popularidad, sin embargo, es un elemento central que explica que el modelo se exporte. "Hasta donde se sabe, las medidas en El Salvador están funcionando", reconoce el analista político hondureño Pineda. "Pero funcionan en El Salvador, y voy a ser enfático en eso", añade, porque otros pagan los costos al recibir la migración de delincuentes. "Están limpiando El Salvador, pero la basura llega a los vecinos", dice el experto, que asegura que cabecillas de las maras salvadoreñas han sido detectados en Guatemala y México.

El alto precio

Hay un punto en que los expertos coinciden: el alto precio que se paga por medidas autoritarias para combatir un fenómeno complejo como la criminalidad. "Pasan por encima de los derechos humanos y de la democracia", advierte Pineda. Y citando el caso específico de El Salvador y la construcción de una gigantesca prisión para los pandilleros, Wehr apunta que "lo preocupante es que la estrategia de encarcelamiento masivo viene con masivas violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones de inocentes y menores de edad, y se complementa con una estrategia de cooptación de las instituciones de Justicia y una vigilancia de la sociedad civil crítica".

Para Wehr, las realidades de países como Honduras, Guatemala y El Salvador "son diferentes, pero el factor común que tienen es la creciente popularidad de la mano dura. La violencia endémica es un problema central para la población, y combatirla aumenta la popularidad. Así que Bukele quiere presentarse a la reelección como presidente de El Salvador, aunque la Constitución no lo permite. Alejandro Giammattei apuesta a usar el tema para ganar votos para sus correligionarios en Guatemala. Y Xiomara Castro intenta copiar el modelo para encontrar una solución al serio problema de la extorsión por maras en el sector del transporte público".

La experta alemana ve también en común, en estos países centroamericanos, la "falta de una reflexión seria sobre la sostenibilidad de estas políticas, los altos gastos, la militarización y el hecho de que las estructuras criminales pueden renacer si no se combaten los factores estructurales, es decir la pobreza, el desempleo y la desigualdad".

"En Honduras la fuerza como respuesta a la violencia no es algo nuevo", recuerda Pineda. "Venimos hablando de esto desde los años de Tiburcio Carías Andino", explica, en referencia al político que dirigió los destinos del país entre 1933 y 1949, primero de forma constitucional y luego en una dictadura. "En su mandato se mutilaba, se cortaba las manos a los ladrones, y se fusilaba a quienes delinquían". A la luz de los resultados, al parecer la medida no era tan buena. Casi 80 años después, seguimos hablando de lo mismo.

(rml)