En 1991, la empresa italiana Benetton adquirió la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), que posee cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia argentina. En estas tierras, el gigante de la moda se dedica sobre todo a la cría de ovejas para la producción de lana.

La expansión de Benetton en el país sudamericano ha estado empañada por denuncias de miembros de la comunidad mapuche que señalan haber sido despojados y expulsados ilegalmente de su territorio ancestral por parte de la CTSA. El conflicto entre el pueblo indígena y el consorcio italiano surgió en 2002, cuando el matrimonio mapuche Curiñanco-Nahuelquir se instaló en el predio "Santa Rosa", cuya propiedad fue reclamada por Benetton. Como consecuencia, la empresa denunció al matrimonio por usurpación y un juez ordenó su desalojo.

El caso incluso despertó el interés del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, que escribió una carta abierta a los propietarios de Benetton, pidiendo la restitución de la finca "Santa Rosa" al matrimonio Curiñanco-Nahuelquir. Como respuesta al aumento de la presión de la opinión pública, la empresa de moda ofreció donar terrenos a los mapuche. No obstante, hasta la fecha estos rechazan una donación y exigen la restitución de lo que consideran sus tierras ancestrales.

Conflicto de largo aliento

La disputa no ha sido solucionada satisfactoriamente, como demuestran los recientes enfrentamientos entre mapuches de la provincia de Chubut y las fuerzas de seguridad. Este martes (10.01.2017), unos 200 gendarmes nacionales y policías locales dispersaron una protesta de la comunidad Lof Resistencia Cushamen, que había bloqueado las vías de un tren turístico en reclamo de tierras. Tres personas fueron arrestadas y también se reportaron heridos por bala de goma.

Amnistía Internacional condenó la violenta represión, que consideró desproporcionada y criticó la "creciente criminalización de la protesta y estigmatización del pueblo mapuche".

Otro país, mismos problemas

En el vecino país de Chile, esta etnia también libra una larga lucha por la restitución de tierras ancestrales, sobre todo contra multinacionales del sector energético, así como empresas forestales y agrícolas. En entrevista con DW, Yvonne Bangert, de la Sociedad por los Pueblos Amenazados (GfbV, por sus siglas en alemán), hace hincapié en el caso de los terratenientes Luchsinger-Mackay, que murieron calcinados en un ataque incendiario en 2013 en la zona de La Araucanía.

Once mapuches han sido acusados del crimen. Yvonne Bangert critica sobre todo la detención de la "machi" o líder religiosa Francisca Linconao, de 60 años, contra quien ha sido invocada la ley antiterrorista. La entrevistada explica que los acusados por "terrorismo" pueden enfrentar largas detenciones preventivas sin ser imputados y que, además, se aceptan declaraciones testimoniales anónimas en su contra.

¿Actos terroristas o demandas legítimas?

"En los últimos años, Linconao ha cambiado varias veces entre arresto domiciliario y prisión preventiva, lo cual la ha afectado fuertemente tanto a nivel físico como psicológico. Poco antes de Navidad volvió por cuarta vez a prisión preventiva, donde comenzó una huelga de hambre. Nosotros intercedimos por que pudiera esperar su proceso bajo arresto domiciliario y no en la cárcel. Esto también es importante para su comunidad, donde ejerce como curandera y líder espiritual", cuenta Yvonne Bangert.

La experta de la Sociedad por los Pueblos Amenazados pide un proceso justo en el caso de la "machi" Francisca Linconao y recuerda que hasta ahora la presidenta chilena, Michelle Bachelet, no ha cumplido su promesa de derogar la ley antiterrorista. En su opinión, la mayoría de las demandas territoriales mapuches son legítimas, y, si bien ya existe una autoridad chilena encargada de la restitución de tierras, Bangert reclama mejores mecanismos de reglamentación. Por ejemplo, señala que es necesario controlar que los terrenos devueltos también sean productivos.