"No a la desregulación” y "La gente antes que las ganancias" se lee en las pancartas: con una marcha de unos 100 kilómetros, de Maastricht a Bruselas, del 21 al 23 de septiembre, los participantes convocados por una decena de grandes organizaciones europeas quieren recordarle a la Comisión Europea su compromiso de "consolidar la democracia y el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

"En este momento, cuando en el Parlamento Europeo se va votar el paquete "ómnibus", que vacía de contenido la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD), nos es muy importante que sientan el mensaje fuerte y claro de la sociedad civil: en aras de una supuesta simplificación están acabando con regulaciones que estaban pensadas para proteger derechos humanos y medioambiente”, explica a DW Sylvia Obregón, analista de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), una de la organizaciones que convocan la marcha; ésta avanza por pequeños pueblos y caminos vecinales de Holanda y de Bélgica.

En contra de la falta de transparencia

Junto con Friends of Earth, ClientEarth, Clean Clothes Campaign, Global Witness, Notre Affaire à Tous, T&E y Anti-Slavery International, ECCJ ha llevado su queja hasta el Defensor del Pueblo, pues, en su opinión, la Comisión Europea no está cumpliendo con sus obligaciones ni está actuando de manera transparente ni democrática.

"La celeridad con la que están avanzando en el proceso legislativo -sin estudios de impacto, sin discusiones a nivel técnico, sin presencia de organizaciones como las nuestras- compromete su  calidad. Se han saltado el análisis profundo de las áreas  donde hay más riesgo de vulneraciones de derechos humanos y laborales; la nueva CSDDD no se alinea con los estándares de la OECD ni de la ONU”, afirma Sylvia Obregón.

Lo que hay detrás de la propuesta "ómnibus"

¿De qué se trata? Contradiciendo lo que ya había sido acordado, con la CSDDD ya no se regularía toda la cadena de valor -por ejemplo, desde la producción de la caña de azúcar hasta la entrada al mercado europeo del ron o de la plantación de tabaco hasta los cigarros-, sino solamente la adquisición del producto por un supermercado europeo. Y eso solamente si tiene más de cinco mil empleados.

La propuesta "ómnibus" echa por tierra también la posibilidad de que las comunidades afectadas puedan llevar a cualquier tribunal europeo los casos de afectaciones. "La responsabilidad dependerá ahora de cada Estado. No habrá igualdad de condiciones en términos legales. Si por ejemplo, una comunidad afectada por una petrolera española quiere llevar su caso a tribunales por vertidos de petróleo -y la legislación española fuera más estricta-, la empresa puede cambiar su base a Países Bajos, donde disminuye el riesgo de ser juzgada”, explica la especialista de ECCJ.

¿La esclavitud muy cerca del consumidor?

Por otro lado, "la esclavitud está más cerca de lo que el consumidor europeo piensa”, explica a DW Sian Lea, jefe de la oficina de Reino Unido y de Incidencia Europea de Anti-Slavery International. En su campaña para la marcha "Back to the future”, su organización resalta los datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT): 27,6 millones de personas viven en condiciones de trabajo forzado, 17 millones en el sector privado; el trabajo forzoso impuesto por el Estado representa el 14 por ciento del monto global.

A este flagelo, según información oficial, la Comisión Europea prevé ponerle fin a partir del 2027 (con una regulación acordada en el 2024): cerrar su mercado a bienes producidos con trabajo forzoso enviando una señal clara de que esas prácticas son inaceptables.

En la regulación aprobada por el Parlamento Europeo se preveía, basándose en los criterios de la OIT,  que si en la UE se comprobaba la existencia de trabajo forzoso en un producto, éste sería retenido o destruido, según el caso, en los 27 países, hasta que el país tercero comprobase cambios en esa práctica. Por otro lado, la regulación habilitaría a la Comisión a investigar casos fuera de territorio comunitario. 

"Aunque esta regulación no entra en el paquete ómnibus, también ha sido debilitada”, sigue Sylvia Obregón. "Ahora es la legislación de cada Estado miembro la que define trabajo forzoso. En algunas se une a tráfico, en otras no. Y eso le quita fuerza”, agrega, calificando estas prácticas de "cortina de humo”.

Como fuere, "obviando el análisis de riesgo en la CSDDD, se está enviando una señal nociva, pues ya no se mirará hasta el fondo de la cadena de valor, en donde tienen lugar las mayores atrocidades y los mayores daños ambientales”, advierte Sian Lea, el especialista de Anti-Slavery International.

"Insistimos en que no se trata de simplificaciones, ni en la CSDDD ni en la deforestación; tampoco en la regulación anti trabajo forzoso. Se trata de desregular, queriendo con una visión geopolítica ganar en una  competitividad que va en contra del ciudadano, la democracia y el planeta”, destaca Sylvia Obregón.

Su organización ha firmado, junto con otras 360, una carta a la Comisión y espera también la respuesta del Defensor del Pueblo. Entonces, ¿por qué la marcha? Sylvia Obregón responde: "Para que se vea que estamos reclamando nuestro espacio en un proceso que en la UE debe ser democrático. Por eso, acompañados por voces autorizadas, queremos llegar juntos hasta Bruselas”.

(cp)