México es de lejos el principal productor y exportador de aguacate del planeta. Al menos cuatro de cada diez aguacates que se consumen en el mundo provienen del estado de Michoacán (centro-oeste).

El consumo de aguacate en Estados Unidos se ha triplicado en las últimas dos décadas. La mayoría provienen de México, cuyo valor de exportaciones a EE. UU. se elevó a 2.453 millones de dólares el pasado año, superando al anterior y siendo el segundo producto con mayor valor de exportación al vecino del norte.

Javier Medina es "cortador", uno de los tantos recolectores encargados de trepar a los árboles para recoger los aguacates. Le pagan 350 pesos al día (unos 18 dólares). Con frecuencia los cortadores son secuestrados por el crimen para trabajar forzosamente en los cultivos bajo su control.

Los caudalosos ingresos que genera el aguacate en Michoacán atrajo el interés del crimen organizado por llevarse un pedazo del pastel. Durante años el dominio fue de Los Caballeros Templarios y actualmente se disputa entre Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La guerra entre certeles dejó un saldo de 169 homicidios este mes de enero, rompiendo otro récord de violencia.

El productor Javier Guerrero afirma que "en los últimos años se ha disparado la tala ilegal, los incendios y se ha notado la falta de agua" por la fiebre del "oro verde". Según las autoridades, Michoacán pierde al año unas 1.300 hectáreas de bosque por la tala ilegal y en los últimos 30 años habría perdido un 68 % de su masa forestal.

Una de las actividades delictivas del crimen organizado en la Sierra de Michoacán se centra en el secuestro de productores. Uno de esos productores, quien prefiere mantener el anonimato, le secuestraron a su padre, su hermano y dos de sus primos entre 2012 y 2015. También es común el cobro de extorsión de 1.000 a 2.500 pesos semanales por hectárea de cultivo.

Las tierras volcánicas y altitud de Michoacán reúnen las condiciones más propicias para el cultivo de aguacate. Los terrenos de cultivo crecieron un 200 % en la última década. Se estima que hay 135.000 hectáreas de aguacate (la mitad de municipios michoacanos tienen cultivos) y otras 40.000 hectáreas sembradas ilegalmente.

Se estima que el árbol de aguacate consume 1,6 veces más agua que un pino. La desenfrenada extensión de estos cultivos, que a menudo perforan pozos profundos para sustraer agua de forma clandestina, ha secado los mantos acuíferos y algunos ríos. Las comunidades en zonas bajas ya sufren escasez de agua.

Jaime Blanco, propietario de la empacadora nacional Yarely, afirma que "una de las principales preocupaciones para el sector es la enorme violencia que se vive". A un conocido suyo lo balearon dentro de su camioneta para secuestrarlo la semana pasada pero logró escapar.

Blanco explica que hace unos años el crimen cobraba 10 centavos por kilo de aguacate, que multiplicado terminaba sumando una notable cantidad. También les obligaban a cargar libretas donde anotaban todos sus movimientos y de descubrir en algún retén que no la llevaban, el castigo era el secuestro y pedir rescate a sus familiares.

Hay más de doce bandas criminales que se disputan el control de varias regiones de Michoacán, considerado el estado más productivo. El conflicto entre Los Viagras y el CJNG ha recrudecido la violencia en la capital aguacatera, Uruapan, donde a finales de febrero masacraron a cinco adultos y cuatro niños en y en agosto arrojaron 19 cuerpos desmembrados en el centro de la ciudad.

En la zona aguacatera la presencia de la Guardia Nacional es escasa. Aunque el Gobierno mexicano ha reforzado el envío de militares y ha construido 15 cuarteles en Michoacán, el Estado "está totalmente rebasado en materia de seguridad", según declaraciones de un diputado local del partido gubernamental.

En el último año se han repetido algunos eventos en que efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la zona han sufrido ataques con palos o huevazos en señal de rechazo por parte de los pobladores, instigados bajo amenaza por el crimen, según algunos lugareños. Durante la primera mitad de 2019, el gobierno estatal logró destruir 700 hectáreas de cultivo de aguacate ilegales.