Este domingo (5.2.2017), como lo vienen haciendo desde el martes pasado, cientos de miles de rumanos volvieron a tomar las calles para protestar contra el Gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu. Aquel 31 de enero, entró en vigor un decreto que despenalizó de facto algunos delitos de corrupción administrativa. La orden ejecutiva establecía, por ejemplo, que un funcionario enjuiciado y sentenciado bajo ese cargo sería enviado a la cárcel sólo cuando los fondos involucrados excedieran los 200.000 lei rumanos (44.000 euros, aproximadamente). La cuestionada medida favorecía al líder del gobernante Partido Socialdemócrata de Rumanía (PSD), Liviu Drganea, quien enfrenta a la Justicia por incitación a la prevaricación; los daños que se le atribuyen ascienden a 100.000 lei.

Grindeanu:  "No dimitiré”

Este 5 de enero, Grindeanu derogó el controvertido decreto –admitiendo que estaba cediendo a la presión popular– e hizo pública su anulación en el Boletín Oficial para que entrara en vigor de inmediato. Sin embargo, las manifestaciones antigubernamentales no han amainado. Al contrario, las concentraciones han crecido y el clamor por la dimisión del Ejecutivo se oye con cada vez mayor fuerza. En Bucarest, la capital, se reunieron 300.000 desencantados, una cifra superior a la estimada en días pasados debido a la llegada de muchas personas desde otras ciudades, como Cluj-Napoca e Iasi. Otras 200.000 han marchado en las demás grandes ciudades rumanas. Esta ola de protestas ha sido descrita reiteradamente como  la más grande desde la violenta revolución anticomunista de 1989.

No obstante, Grindeanu se resiste a dar su brazo a torcer por la masa frente a la sede del Gobierno. "No dimitiré, hemos ganado las elecciones con millones de votos”, declaró el primer ministro en entrevista con la televisora Antena3, recordando que en diciembre de 2016 el Partido Socialdemócrata (PSD) ganó los comicios legislativos con el 45 por ciento de los votos. Los analistas dan por sentado que las protestas continuarán hasta que el Ejecutivo haga un acto de contrición que la opinión pública rumana considere proporcional a la falta cometida. Y es que el decreto en cuestión manchó la imagen del Gobierno cuando apenas tenía un mes de gestión.  "Todavía hay muchos motivos para continuar saliendo a la calle”, explicó Sorin Ionita, del laboratorio de ideas Expert Forum.

"Maniobras ocultas”

"Hay que exigir la dimisión del ministro de Justicia y evitar que suavicen las leyes contra la corrupción”, acotó Ionita. El investigador está convencido de que el Gobierno de Grindeanu seguirá tratando de dificultar la lucha contra la corrupción, a pesar de este primer revés. Los socialdemócratas vencieron de forma holgada en las elecciones parlamentarias, pero el polémico decreto no estaba incluido en su programa electoral. "La derogación del decreto marca una gran victoria de la calle. El Gobierno se ha comportado de manera abusiva, intentando legalizar el robo mediante maniobras ocultas”, comentó el analista Dan Tapalaga. Aún así, no todos los rumanos reprueban la actuación del Ejecutivo.

Unas mil personas se reunieron ante la sede de la Presidencia para respaldar a Grindeanu con mensajes como "Apoyamos a un gobierno legítimo” o "Estamos con ustedes”. El presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, criticó la medida desde el primer momento y la consideró un paso atrás en la lucha contra la corrupción en el segundo país más pobre de la Unión Europea (UE). El decreto incluía un indulto a 2.700 presos por delitos de corrupción "menores”. El Ejecutivo justificó esa medida por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas. Uno de los beneficiados habría sido el propio Dragnea, quien está acusado de causarle daños al Estado valorados en 24.000 euros.

ERC ( dpa / EFE )