Sofía Sandi martillea la varilla metálica para clavarla a un metro de profundidad. Luego la extrae. "No huele a nada”, dice a sus compañeras. Sólo si emana cierto hedor, significa que ahí hay un cuerpo enterrado que podría ser el de su hijo Sergio Rodolfo Lara, desaparecido el 30 de junio de 2005. Así es la rudimentaria búsqueda de un grupo de madres que hace tres años crearon el Colectivo Solecito en Veracruz, donde se han encontrado 332 de las casi dos mil fosas de todo México, según el informe periodístico "A dónde van los desaparecidos".

"Es muy triste y pesado, sufrimos buscando, pero juntas se hace menos doloroso”, dice Sofía sobre las siete horas que a diario escarban, a menudo sin resultados. El último resto humano lo encontraron en diciembre. Han peinado durante una semana un basurero, sin hallazgos. Una titánica tarea sin ningún apoyo institucional más que el de brindar seguridad. "Para financiarnos hacemos rifas, puestos de venta, bazares de ropa”, explica.

Una compañera ofreció la casa de su hijo como base del colectivo para reunirse y almacenar los materiales. Rosalía Castro, una de las fundadoras, perdió a su hijo Roberto Carlos Casso la Nochebuena de 2011. Ha participado durante meses en los foros de debate del nuevo gobierno federal para rediseñar la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos (CNB) presentada recientemente. "Ya la Fiscalía general no tiene nada que ver, sino el fiscal que lleva nuestro caso. Esto acorta los tiempos, por ejemplo, para solicitar los permisos de excavación en diferentes terrenos”, dice sobre uno de los principales obstáculos del Colectivo Solecito.

Falta voluntad en los estados y presupuesto

Una de las prioridades de la nueva comisión consistirá en elaborar un registro detallado de víctimas, que actualmente contempla 40.180 desaparecidos; una cifra que aumentó exponencialmente en los últimos meses, teniendo en cuenta que en México un 93% de los delitos no se denuncian, según encuestas oficiales. "El hecho de que se haya relanzado la CNB es poderoso, importante, porque los familiares empiezan a denunciar al ver que ahora sí los van a buscar. Además de las nuevas desapariciones que siguen ocurriendo”, argumenta a DW el abogado, Luis Tapia, investigador del centro Prodh, que encabeza el monitoreo del emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, considera que los recursos económicos y humanos "todavía son insuficientes”. La nueva comisión cuenta apenas con 43 empleados y un presupuesto de unos 400 millones de pesos (unos 21 millones de dólares), algo inferior al asignado el pasado año, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarase que "no hay límite presupuestal” para la búsqueda de desaparecidos.

Para el encargado gubernamental de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, esa dotación en la anterior administración fue "inoperante” y afirma que el mayor problema ahora para su implementación es "la falta de avances en 19 estados del país, donde aún no se ha designado un comisionado local” para este fin.

La gobernación de Veracruz –dirigida desde finales de año por Morena, el partido de gobierno– estableció su comisión de búsqueda estatal. Además, emitió una disculpa pública por un episodio de desaparición, como ya hizo el ejecutivo federal. No obstante, Rosalía valora esos gestos como "oportunismo político y una burla hacia las familias, si luego la investigación no se cierra con condena”.

Enorme impunidad

Tan solo 27 de las miles de denuncias por desaparición han obtenido sentencia. Y apenas hay 163 investigaciones penales abiertas, según datos oficiales. La enorme impunidad se debe, entre otras cosas, a la implicación de la fuerza pública en estos crímenes. "Cuando hay participación del Estado, la probabilidad de éxito en la investigación se reduce a cero. No van a investigarse a sí mismos”, señala a DW el abogado, Humberto Guerrero, del centro investigativo Fundar. Por ello, muchos de los familiares se consideran también investigadores. "Toda la documentación del caso la hemos aportado nosotras, indagando por nuestra cuenta”, zanja Rosalía.

Otro de los desafíos es agilizar la identificación de los cadáveres encontrados. El Colectivo Solecito ha hallado 289 cuerpos, pero sólo han reconocido 19. En todo el país hay 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar. "Dada la cantidad de restos, no tenemos capacidad de darles identidad y dignidad”, admite a este medio Mayra Ledesma, encargada de DD.HH. de la nueva gobernación de Veracruz, que declaró la situación de ‘emergencia nacional' para lograr apoyo técnico-forense y económico de otros países.

Pese a esta urgencia, el proyecto de presupuestos del Gobierno federal propone destinar unos 18 millones de pesos (cerca de un millón de dólares) para la Fiscalía Especializada en estos casos, lo que supone una reducción de casi el 30% respecto al año anterior. "Con esos recursos nunca se podrá responder a la crisis. Se parte de una lectura equivocada: la nueva comisión se dedica a buscar y la Fiscalía a investigar, cuando la Fiscalía también debe buscar”, destaca el abogado Tapia, quien añade que "persiste la ausencia de condiciones en terreno, en los estados, para llevar a cabo las acciones concretas que se plantean”.

Unas dificultades con las que se han enfrentado Sofía y Rosalía durante años para buscar a sus hijos. "Hasta ahora hemos trabajado sin ningún apoyo, cualquier dinero ya es mucho. Además, al menos ahora se visibiliza la problemática, nos escuchan”, apuntan. Los familiares de desaparecidos ven las medidas del nuevo gobierno con expectativa, aunque con cierta resignación.

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