Con el Pacto Verde Europeo, la UE se propuso que las industrias fuesen gradualmente más eficientes a partir de 2019  y climáticamente neutras hasta 2050.

Pero el proyecto se encuentra bajo una enorme presión, sobre todo, debido a la facción conservadora del PPE (Partido Popular Europeo) en el Parlamento Europeo, que logra mayorías con la ayuda de partidos de extrema derecha.

Adiós a las cadenas de suministro sostenibles y a las obligaciones de informar

El Pacto Verde consta de dos instrumentos clave: la obligación de las empresas de informar sobre su propia huella ecológica y la directiva sobre la cadena de suministro de la UE. Hasta ahora lo hacían empresas con más de 250 empleados, aproximadamente 50.000 en la UE.

Pero a partir de ahora es posible que esto sólo sea obligatorio para grandes compañías, con cientos de millones de euros en ingresos, y no para las pequeñas y medianas, las llamadas pymes. Las corporaciones y empresas se quejan de que son normas que generan burocracia y absorben demasiados recursos.

Las voces críticas alegan que la reducción de las medidas implicaría menos transparencia que facilite información a empresas o inversores que deseen destinar dinero a prácticas sostenibles y evitar modelos de negocio nocivos para el medio ambiente o éticamente inaceptables.

El Banco Central Europeo (BCE) ya ha advertido de que la eliminación de esos informes podría generar un desequilibrio regulatorio. En una carta dirigida a la Comisión, se enfatizó que el cambio climático tiene profundas implicaciones para la estabilidad de precios y que sería necesario crear una base de datos suficientemente sólida como para gestionar los riesgos financieros.

Desde la perspectiva del BCE, esta base de datos se vería comprometida si el número de entidades informantes se redujera hasta en un 80 por ciento, como se prevé actualmente en el denominado Paquete Ómnibus. 

Menos control en las cadenas de suministro

La Ley de la Cadena de Suministro también se ha visto debilitada con la adopción del llamado paquete de simplificación Ómnibus. Anteriormente, miles de grandes empresas de sectores de alto riesgo, como la industria textil, la pesca y la minería, que producen para el mercado de la UE, debían estar sujetas a dicha ley.

La idea es que esas compañías identifiquen, mitiguen y pongan fin a las violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de suministro. Este objetivo se ha visto ahora significativamente debilitado.

Las normas ahora solo se aplican a las empresas multinacionales con más de 5.000 empleados y una facturación de al menos 1.500 millones de euros. Las víctimas de violaciones de derechos humanos y del medio ambiente en la cadena de suministro ya no tienen derecho a demandar. Además, las corporaciones ya no están obligadas a presentar sus propias estrategias climáticas, como se había previsto inicialmente.

Productos de la UE y deforestación

La venta de productos como té, café, soja y carne de vacuno solo debe permitirse en la UE si se puede demostrar que no se talaron bosques para su producción. Así lo acordaron los 27 Estados miembros de la UE en 2023.

El objetivo era proteger los bosques, sobre todo, en regiones con una agricultura intensiva como Brasil e Indonesia, y exigir responsabilidades a las empresas. Pero la entrada en vigor de las nuevas normativas se ha pospuesto hasta finales de 2026.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que, entre 1990 y 2020, se perdieron alrededor de 420 millones de hectáreas de bosque (una superficie mayor que la UE) debido a la deforestación. El consumo de la UE representa alrededor del 10 por ciento de la deforestación mundial.

Alrededor de un tercio del presupuesto total de la UE se destina a la agricultura, la mayor parte en forma de subsidios. Sobre todo para las grandes explotaciones agrícolas, las normativas europeas para una producción más sostenible suponen un problema.

Tras protestas de los agricultores, la UE, por ejemplo, no adoptó normas más estrictas sobre el uso de pesticidas en 2023 y 2024. Además, hay una serie de propuestas diseñadas para simplificar la burocracia para los agricultores y desregular el sector agrícola: las inspecciones de las normas ambientales se limitarán a un máximo de una al año. Se permitirá la conversión en tierras de cultivo de muchos más paisajes naturales en toda Europa, o las pequeñas explotaciones agrícolas de hasta diez hectáreas de tierra deberían tener acceso a subsidios sin tener que cumplir con normas ambientales específicas.

En resumen, las explotaciones agrícolas de la UE tendrán que contribuir menos al medio ambiente en el futuro, a pesar de que la agricultura tiene un impacto significativo en el clima.

(rmr/ms)