La comisión independiente trataba de comprobar si la filial de la empresa alemana en argentina había cometido abusos, promovido asesinatos, e incluso secuestros de algunos de sus trabajadores, cumpliendo así las directivas del régimen militar que gobernó argentina entre 1976 y 1982. Según una acusación de la fiscalía de Nuremberg, la empresa participó y apoyó al régimen facilitando información de activistas del sindicato y opositores al régimen. La fiscalía denunció al entonces mandatario de la filial, Juan Ronaldo Tasselkraut, por su responsabilidad en la desaparición de 10 trabajadores y el secuestro de Héctor Aníbal Ratto.

No hay pruebas

Después de que la fiscalía de Nuremberg anunciase la denuncia, la multinacional alemana perteneciente ahora al grupo DaimlerChrysler, buscó la ayuda del especialista en derecho internacional Christian Tomuschat. El experto, que ya formó parte de la Comisión de la Verdad en Guatemala y es asesor de la ONU, fue el elegido para llevar a cabo la investigación y presidir la comisión independiente de juristas que el grupo Daimler buscó, para desmentir las acusaciones. Entre los miembros de esta comisión se encuentran, además de Tomuschat, Guillermo Orce y David Eberthart. El grupo de empresas fomentó la investigación siguiendo las recomendaciones de Amnistía Internacional.

Según Tomuschat, las pruebas en contra de la compañía no son suficientes y la acusación carece de todo fundamento. La comisión destacó en su informe que las pruebas contra Tasselkraut, jefe de producción de la filial argentina en esa época, no tienen fuerza para acusarlo. El informe deja claro que Tasselkraut no participó en el secuestro de Aníbal Ratto, ni facilitó a los mandos militares de la dictadura, los datos de los sindicalistas y empleados que se oponían al régimen. En el informe se demuestra además que la empresa alemana no fue una de las tantas que sacaron provecho de la dictadura argentina.

No todo tan claro

Sin embargo, en el mismo informe se mencionan algunas lagunas que pueden poner en entredicho su veracidad. La comisión confirmó que la empresa Mercedes sí tuvo contactos con los servicios secretos de la dictadura y calificó a Esteban Reimer como un agitador. El informe constata a continuación que no puede demostrarse que esa información pusiera en peligro a Reimer y tampoco es probable que Mercedes Benz Argentina participase en su secuestro y asesinato.

El informe de la comisión pone de manifiesto que la empresa no interrumpió sus actividades productivas dentro de la dictadura. Incluso tenían en su cartera de clientes a la cúpula de la dictadura. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que el material producido por Mercedes para el ejército argentino, sirviera o fuese utilizado directamente como instrumento de represión. La comisión destaca también la independencia concedida a la filial por la empresa matriz de Stuttgart, en lo que concierne a su funcionamiento interno. Como anécdota, el informe indica una de la quejas que Stuttgart presentó a Argentina cuando ésta despidió a 117 activistas en octubre de 1975, una excepción en el sistema de gobierno de la empresa.

Informe superficial

En contra de las acusaciones de que el informe era demasiado superficial, Tomuschat se defendió alegando que los críticos ni siquiera lo habían leído y no podían opinar. Al respecto afirmó que todo se ha analizado según una investigación en condiciones de plena libertad. "En principio estaba claro que DaimlerChrysler perseguía un lavado de imagen" dijo Tomuschat. Cuando recibió el encargo, lo acepto sólo bajo la condición de que la investigación se realizaría con plena independencia.

Para el presidente del consejo de DaimlerChrysler, Erich Klemm, este capítulo se ha borrado de la historia y la empresa aprobó el examen. Por deseo de la multinacional el informe, del que se publicaron únicamente dos páginas, será publicado y puesto a disposición de la fiscalía alemana y argentina.