“Las prisiones están llenas de gente pobre, que consume drogas, que hace pequeños hurtos, de madres que se dedican al microtráfico para poder sobrevivir con hijos a su cargo. Es decir, están llenas de los más vulnerables”, dijo a DW, desde la brasileña Fortaleza, Felisa Pérez, vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que Trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD). 

“Este enfoque trae a las sociedades un gasto y un sufrimiento absurdo”, afirma Pérez. En el marco de un seminario de COPOLAD, el programa birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, representantes de 23 países, especialistas y sociedad civil han buscado instrumentos y maneras de hacer diferentes.

Desde COPOLAD se apoya a los países miembros en su lucha contra el lavado de capitales, para detectar y prender a los verdaderos actores y beneficiarios de los negocios ilícitos, por un lado. Por otro, se busca medidas innovadoras para evitar el encarcelamiento de los actores que están en los últimos escalones de la cadena de drogas. 

“¿Cómo dotarles de instrumentos y formación para salir del círculo? Solos no pueden; requieren de microcréditos, apoyo para el pequeño emprendimiento. Y para ello gobiernos, empresas, sociedad civil, voluntarios y fuerzas de seguridad tienen que cooperar”, afirma la directiva de RIOD.

¿Cómo? “Territorializando”, por ejemplo. “Todo enfoque debe ser concreto y orientado a un territorio específico”, responde a DW Inés Elvira Mejía, especialista de COPOLAD. “Para ello organizamos laboratorios de innovación”, apunta, anunciando que están lanzando un laboratorio en Santander de Quilichao, al sur de Cali. En esa zona se juntan factores clave del fenómeno: población vulnerable, minorías étnicas, cultivo y distribución de productos y sustancias ilícitas. 

¿Cómo imaginar un laboratorio de innovación en esta materia? “Se trae la lectura de todas las partes interesadas para tener una lectura lo más compleja posible. No solamente como lugares donde hay y se consume drogas. Se piensa en posibles soluciones y se ponen a prueba, a manera de prototipo, hacemos seguimiento, recogemos datos”, afirma Mejía. “Importante es el refuerzo de redes comunitarias, sociosanitarias y de inclusión social, intentando reducir el estigma que marginaliza”, subraya Mejía. “Y en los márgenes no hay muchas opciones para la población vulnerable”, agrega. 

Un ejemplo sociosanitario

Con un grupo de esas poblaciones marginalizadas trabaja la organización Viviendo. “En el barrio Sucre de la ciudad Santiago de Cali confluyen la distribución y el alto consumo de heroína”, explica Félix Tovar Beltrán, director de esa organización. 

De las 513 personas a las que el proyecto atiende -con material higiénico, educación para la venopunción, prácticas adecuadas para evitar enfermedades como el VIH, la hepatitis B y C-, el setenta por ciento vive en la calle. “Se pinchan entre cuatro y quince veces al día, en la vía pública, y las jeringas quedan en la calle”, explica Tovar Beltrán.  

Desde el enfoque de salud pública, que apoya COPOLAD, entidades estatales cooperan con los programas de educación para la comunidad. “Hay que aclarar que en Colombia no está penalizado el consumo de heroína, pero sí su distribución. Nosotros estamos en el lugar donde se vende. Que se nos haya permitido suministrar Naloxona -el medicamento que revierte una sobredosis de opiodes- ha permitido que entre las 85 y 100 sobredosis anuales a las que nos enfrentamos, no hayamos tenido en 2021 ni una sola muerte”, añade el director de Viviendo.

Conclusiones para Barcelona

En cualquier caso, las conclusiones del seminario “Drogas, vulnerabilidades y territorios urbanos” serán enviadas al foro de alto nivel sobre drogas que COPOLAD organiza en Barcelona a finales de agosto, con enfoque multidisciplinario. 

“Este espacio nos ha servido para comprobar que solamente serán eficaces las políticas públicas integrales que traten las drogas, en conjunto con otros elementos presentes en la vida de las comunidades. También es necesario trabajar con el concepto de seguridad pública ciudadana, que respete los derechos humanos”, concluyó Javier Sagredo, director de COPOLAD.

(cp)