Milagro Sala se halla en la cárcel desde el pasado 16 de enero, cuando la Justicia de Jujuy ordenó detenerla por presunta instigación al tumulto durante una protesta en 2009 contra Gerardo Morales, entonces senador y actual gobernador de esa provincia. Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero Sala permaneció detenida preventivamente por otras acusaciones, de asociación ilícita y fraude.

En esta primera causa, los abogados de Morales solicitaron una pena de ocho años de prisión para Sala, al igual que para Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, cooperativistas de Tupac Amaru, la organización liderada por Sala. Los juristas sostienen que Milagro Sala fue “instigadora” de los hechos y ambos cooperativistas, “coautores” de daños agravados.

Para los querellantes, la agresión tuvo dos objetivos: “Primero, intentar impedir que se realice la conferencia sobre el control de fondos públicos sobre las organizaciones sociales”, porque “no querían que se conocieran los resultados”, y, segundo, “generar miedo en los disertantes”, el actual gobernador, Gerardo Morales y el ex Auditor General de la Nación, Leandro Despouy. La Fiscalía argumentó en la misma línea: dijo que lo sucedido el 16 de octubre de 2009 “fue un ataque premeditado y organizado”, solicitando que se condene a Milagro Sala a tres años de prisión condicional, por "instigadora” de los hechos y a tres años a Graciela López y dos años a Ramón Salvatierra, como "responsables de daños agravados y amenazas coactivas".

La abogada defensora de Milagro Sala pidió al Tribunal que se declare “prescritas las acciones penales de los delitos de amenazas y daños”, y en consecuencia se dicte “su sobreseimiento”. Argumentó que la dirigente social se encuentra “vulnerada en su derecho de ser juzgada en un plazo razonable”, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y solicitó que se la “absuelva por la ausencia de pruebas de su participación en los hechos” y que se “retiren los cargos de que fue instigadora”.

Corte Suprema revisará competencias

La situación de la dirigente social, detenida en una cárcel de la norteña provincia de Jujuy, será revisada por la Corte Suprema, porque el caso entraña un "posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional". La razón: desde octubre ya han pedido al Estado que la libere el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otros referentes de derechos humanos de todo el mundo.

La Corte Suprema indicó que la decisión sólo será, sin embargo, sobre las competencias: "La Corte no opinará sobre su detención, sino solamente sobre si corresponde que sea juzgada por la justicia federal o por la provincial". 

Numerosos cargos y denuncias

El primer juicio contra Sala es por el acoso a Gerardo Morales, pero luego se agregaron nuevos cargos en su contra, entre ellos por supuesta asociación ilícita y fraude contra la administración pública.

Sala mantuvo un estrecho vínculo con los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) y recibió fondos millonarios para su organización social Tupac Amaru. 

En febrero de 2016 se dieron a conocer imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve cómo miembros del entorno de Sala retiran a comienzos de diciembre del año anterior 14 millones de pesos en efectivo del Banco Nación de Jujuy. El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo: “no está el dinero, no está la obra” para la que estaban destinados los fondos.

En abril de 2016, un juez de Jujuy dictó prisión preventiva para Milagro Sala acusada de desvío de 29 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas. Ese mismo mes, otro juzgado dictó el procesamiento y prisión preventiva de Sala como presunta autora de una golpiza a dos dirigentes sociales en 2006.

A mediados de diciembre, un grupo de personas de la organización de Sala y su entorno denunciaron haber sido víctimas de agresiones por parte de la jefa de la Tupac Amaru. Los denunciantes acusaron a Sala de privación de libertad, amenazas, apropiación indebida, golpes y amenazas de muerte. Agregaron que “siguen con temor”, porque “Milagro Sala sigue teniendo poder, que ejerce desde la cárcel”.

Sala, quien se encuentra detenida desde enero, deberá afrontar a partir del 23 de diciembre también otro juicio: la justicia de Jujuy analizará su responsabilidad en el bloqueo que la Tupac Amaru realizó frente a la Casa de Gobierno jujeña durante 52 días.

 

(dpa, efe, la / pk)