Miles de estudiantes se manifestaron este miércoles (16.10.2024) en distintos puntos de Argentina en reclamo de mayor presupuesto para las universidades públicas, tras el reciente veto del presidente Javier Milei a una norma que había sido aprobada con esa finalidad.

Una de las principales movilizaciones tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, donde cientos de personas marcharon hacia la Secretaría de Educación de Argentina en lo que llamaron la Marcha de las velas. La protesta fue convocada por distintos colectivos estudiantiles bajo la consigna "todos unidos por aumento de salarios y presupuesto" y llamaba a "defender juntos la universidad pública".

Portando cientos de velas y carteles, las personas asistentes marcharon por una de las arterias principales de la ciudad, que fue bloqueada.

Las protestas de este miércoles -que se extendieron a numerosas provincias argentinas- se producen en un contexto de creciente profundización de la lucha estudiantil, tras la toma de más de 60 facultades en reclamo al reciente veto de Milei a la Ley de Financiación Universitaria.

La norma establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en septiembre de 2024 se ubicó en el 209 % interanual. Asimismo, ordenaba una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación.

En paralelo con las protestas del alumnado, el personal docente y administrativo de las universidades públicas argentinas también ha llevado a cabo múltiples medidas, y para el 17 de octubre está previsto un paro docente de 24 horas en todo el país. Además, colectivos de docentes anunciaron una nueva huelga de 48 horas la semana siguiente, los días 21 y 22 de octubre. Asimismo, informaron que el día 23 se impartirán clases en la vía pública, una medida que planean repetir cada miércoles hasta fin del año 2024.

Si bien Milei explicó que el motivo del polémico veto era preservar el equilibrio fiscal, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó recientemente que la ley habría tenido un impacto presupuestario equivalente al 0,14 del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que la comunidad universitaria considera que no afectaba sustancialmente a las cuentas públicas.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales argentinas, aseveró en un reciente comunicado que el 70 % de los salarios de docentes y personal administrativo universitario está por debajo de la línea de la pobreza y que los fondos asignados por el Estado no son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura universitaria. También, advirtieron que está en peligro la continuidad de becas universitarias y que hay insuficiente inversión en investigación, ciencia y tecnología.

ama (efe, afp)