El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de las Fuerzas Armadas en una operación de retoma que se extendió hasta el 7 de noviembre.

El asaltó del M-19, que comenzó el 6 de noviembre, terminó al día siguiente con una “desproporcionada operación” militar, según determinó la Comisión de la Verdad que investigó los hechos años después. Tres décadas después, uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia del conflicto armado que vive este país, muchas familias siguen buscando a sus desaparecidos y reclamando justicia.

El asalto del M-19 y la retoma del Ejército dejaron 98 muertos, entre ellos 11 magistrados. Once personas más fueron consideradas como desaparecidas; número que se reduciría a 7 después que la Fiscalía anunció en 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco fue hallado en una fosa común; y que en octubre de 2015 el Instituto de Medicina Legal anunciara la identificación de los restos de 3 mujeres.

Los procesos judiciales se resumen en 100.000 folios y en dos militares de alto rango condenados. El exgeneral Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada. El otro sentenciado, a 30 años de prisión, es el excoronel Alfonso Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería. Pero su caso lo está revisando la Corte Suprema y "su condena no está en firme".

Según la Comisión de la Verdad, uno de los sicarios de Pablo Escobar apodado Popeye afirmó que el asalto del M-19 fue financiado por el narcotraficante y jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar y el grupo de narcoterroristas autodenominados "Los Extraditables". El objetivo: quemar los expendientes de los narcotraficantes que reposaban en el Palacio de Justicia.

Mientras Jorge Molano, abogado de las víctimas, acusa "impunidad total", el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuyo padre era presidente de la Corte Suprema y murió en el Palacio, considera, sin embargo, que no ha habido tanta impunidad pues los hechos se han venido investigando “con mayor o menor velocidad en algunos periodos", aunque reconoce que los casos de "desaparición" son muy complejos.

El presidente Belisario Betancur (1982-1986) se había comprometido a lograr la paz con las guerrillas. En 1983 se reunió en España con los comandantes guerrilleros del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, que constituyó la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con alzados en armas. Pero el M-19 quiso hacerle un "juicio público" por supuesto "incumplimiento".

Virgilio Barco Vargas, presidente de Colombia (1986-1990). El 8 de marzo de 1990, Barco firmó la paz con el grupo guerrillero M-19, que no volvió a las armas pese al asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, el 26 de abril, así como con el EPL, el 16 de mayo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuaron en su guerra contra el Estado.

El proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, que se desarrolla en La Habana, Cuba, busca, según el Gobierno, la terminación del conflicto y, según las FARC, el "la paz con justicia social por medio del diálogo". Las negociaciones han superado ya etapas importantes y se espera que concluyan exitosamente en marzo de 2016.