Hace más de un mes, doce personas fueron reportadas como desaparecidas en Barlovento, una zona montañosa del estado venezolano de Miranda. El 25 y 26 de noviembre fueron hallados sus cadáveres en esa región. Este domingo (27.11.2016), la Fiscalía del país caribeño anunció que solicitaría el enjuiciamiento de once miembros del Ejército por su responsabilidad en esa matanza, presuntamente perpetrada en el marco de un operativo de seguridad. No es la primera vez que las fuerzas de seguridad venezolanas son acusadas de violar los derechos humanos más básicos durante sus campañas antidelictivas.

Los militares serán procesados por varios delitos relacionados "con la vulneración de derechos fundamentales”, se señaló en un comunicado del Ministerio Público. Los cuerpos de dos de las víctimas fueron localizadas el viernes (25.11.2016) en el sector El Café; los otros diez cadáveres fueron encontrados al día siguiente en el sector Aragüita. Según la Fiscalía, funcionarios de su Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales están analizando los cuerpos para lograr su identificación definitiva. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, también se ha pronunciado sobre el caso.

Reverol explicó que, debido a reiteradas denuncias de "desalojos arbitrarios de viviendas y fincas” hechas por productores agrícolas y habitantes de la zona, se ordenó una operación policial en octubre de este año. Durante ese operativo, los militares detuvieron a un grupo de personas que luego fue trasladado a un punto de control en el sector El Café, sin que sobre ellas hubiera una orden judicial de aprehensión, indica la Fiscalía. Posteriormente, los familiares de los detenidos denunciaron la desaparición de estas personas, entre el 16 y el 19 de octubre. Funcionarios de la policía técnica judicial venezolana terminaron deteniendo a los militares en cuestión.

Aunque todavía no se ha comprobado su culpabilidad, el ministro Reverol agregó que, por instrucciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las instituciones competentes emprenderían "todas las acciones que sean necesarias para aplicar el máximo castigo” a estos individuos. El Ministerio Público pidió medidas de protección para quienes declaren como testigos. Por su parte, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que expresan "su más profunda consternación” por este caso, en el que militares "que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje para garantizar la seguridad (...) incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.

El comunicado continúa diciendo: "Este tipo de hechos aislados contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria”.

ERC ( EFE / Reuters )