La conmemoración de un mes del Paro Nacional terminó el 28 de mayo con el asesinato de dos jóvenes manifestantes por parte de un agente de la policía (CTI) de civil y su consiguiente linchamiento en Cali.La violencia dejó 13 muertos en esa jornada. Bajo la figura de "asistencia militar”, el presidente Iván Duque ordenó el 29 de mayo la militarización de ocho departamentos y 13 ciudades. 

"El derecho a la protesta no habilita a particulares para usurpar las funciones exclusivas de las autoridades”, dice a DW Emilio José Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación y coordinador del grupo negociador del gobierno de Iván Duque con los representantes de las protestas. Agrega que "quienes bloquean las vías no son autoridad, ya que nadie los ha investido para que decidan qué productos pueden o no pasar”.

Losbloqueos de las vías y los choques violentos en torno a estos son la línea de la sangre durante las protestas. "Una respuesta militar a los reclamos de la protesta social en Colombia no está en ninguna relación con los reclamos de la calle, a pesar de las acciones de violentos que deben ser aislados de la protesta”, dice a DW la politóloga Sabine Kurtenbach, del Instituto alemán para estudios de América Latina (Giga), con sede en Hamburgo, quien recuerda que "si Iván Duque hubiera dialogado desde el principio con los manifestantes, nadie - nunca - hubiera bloqueado las carreteras”. El presidente Iván Duque reconoció en entrevista con el diario El País, este 31 de mayo, que "si pudiera volver atrás, buscaría un consenso más amplio”, refiriéndose al fallido intento de introducir una reforma tributaria no consensuada, que fue el detonante de las protestas.

"Asistencia militar es inconstitucional”

No haber reconocido la realidad de las calles ha costado ya más de medio centenar de vidas y más de dos mil heridos, entre civiles y policías, lo que ha endurecido las acciones y reacciones de las partes. El decreto 575 del 28 de mayo del presidente Duque, que ordena a alcaldes y gobernadores levantar los bloqueos con el apoyo del Ejército, amparados bajo la figura de la "asistencia militar”, "no solo agrava la crisis, sino que es inconstitucional y políticamente equivocado e inconveniente, porque privilegia la represión sobre el diálogo y la búsqueda de concertación, sin reconocer que ante lo que estamos es un estallido social con profundas raíces en la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades”, dice a DW Rodrigo Uprimny, exconjuez de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Según el jurista Uprimny, hay varias evidencias de la inconstitucionalidad de la orden de militarización de Duque y la primera se refiere a los bloqueos: "Las dos posturas extremas son equivocadas. Es un error pensar que las protestas no pueden implicar ningún bloqueo, tanto como es un equivocado pensar que el derecho a la protesta permite cualquier bloqueo”, explica el profesor de la Universidad Nacional y aclara que "los bloqueos de vías o plazas para la protesta son inherentes a esta porque son parte del derecho a hacerse ver y oír”. Pero deja en claro que "hay bloqueos desproporcionados - en dimensión y tiempo - como impedir el paso de una ambulancia o el bloqueo de vías que impidan a terceros ir a trabajar, que terminan desbordando el derecho a la protesta”. La misma Corte Constitucional de Colombia ha fallado al respecto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo considera en informe del 2019.

¿Pero quién y qué determina la proporcionalidad de los bloqueos? "El análisis de la afectación debe hacerse caso por caso y definirse primero en un debate público. Ordenar a militares acabar con todo bloqueo o no permitirlo es por ello inconstitucional”, resalta el jurista a DW.

Por su parte, el Consejero Presidencial Emilio Archila, "con la esperanza de avanzar en el diálogo”, hace un llamado a "levantar la totalidad de los bloqueos para poder escuchar a campesinos, empresarios, amas de casa, y las personas que se están quedando sin empleo”. Llamado que parece ser escuchado por el comité del paro este 1 de junio.

¿Pero puede avanzar el entendimiento cuando el Gobierno insiste en no reconocer las causas de la protesta y se queda sin respuestas adecuadas? La vicepresidenta y ministra colombiana de Relaciones Exteriores "Marta Lucía Ramírez se equivoca cuando afirma que el problema es el Acuerdo de Paz, cuando, en realidad, ha sido su no implementación la que ha agrandado los problemas que son estructurales y vienen de la Colombia del siglo XIX”, replica Sabine Kurtenbach, coautora del libro "Los enredos de la paz”, a publicarse en los próximos días y editado con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y Naciones Unidas.

¿Aptos para gobernar en guerra, ineptos para hacerlo en paz?

¿Está la clase política de Colombia solo preparada para gobernar en guerra contra una guerrilla armada y no en paz ante millones de civiles pidiendo oportunidades de salir adelante? "Lo cierto es que la clase gubernamental colombiana vive en una realidad paralela”, afirma Kurtenbach, quien invita a tener en cuenta que "a pesar de que el 40 por ciento de los jóvenes colombianos no tienen acceso ni a educación ni a empleo, el Gobierno insiste en echarle la culpa a políticos opositores, o al Acuerdo de Paz o al extranjero”.

Uno de los más graves problemas estructurales no resueltos en Colombia es considerado un "tabú”, y ni siquiera fue posible incluirlo en el Acuerdo de Paz: la reforma de las Fuerzas de Seguridad de Colombia. "La Policía obedece órdenes del ministerio de Defensa, y no del Interior. En una democracia la función policial implica proteger la integridad de las personas y salvaguardar el ejercicio de las libertades, mientras en Colombia ejerce funciones de tropa de asalto militar, como el ESMAD”, apunta Kurtenbach, doctorada con un anális comparativo entre Colombia y Chile sobre "Las estructuras estatales y la guerra”. Agrega que la abolición del "fuero militar” es el segundo gran escollo por salvar. A pesar de que las FARC desaparecieron, dicha jurisdicción penal militar le garantiza aún a militares y policías un trato preferencial por fuera de las cortes civiles.

Duque: "cero tolerancia” frente a abusos de fuerza pública

Sobre los casos de abusos policiales, Iván Duque responde tres cosas a la insistente pregunta de El País: "Número uno, cero tolerancia ante cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública contraria a la Constitución y la ley o a los derechos humanos. Segundo, se tienen que hacer investigaciones rápidas, internas y también de los organismos de control. Tercero, no he tenido ningún problema en actuar con toda la contundencia cuando se presentan esos hechos”.

Este 1 de junio, las esperanzas de Colombia están puestas en la reunión entre la representación de los manifestantes y el Consejero Presidencial Emilio Archila, quien dice a DW, en nombre del Gobierno de Duque, que "saludamos que el Comité Nacional del Paro haya condenado en un texto todas las formas de violencia en el ejercicio del derecho a la protesta”. Además, dijo confiar en que "juntos recapacitemos para continuar dentro del diálogo que nos lleve a una negociación de la que surjan acuerdos mutuos”.

(er)