Un plan de retiro "ordenado, inmediato y verificable” de los militares de las tareas de seguridad pública es el pedido urgente que ha hecho a México el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Además, el grupo ve la necesidad de "fortalecer a las fuerzas civiles del orden” para combatir la persistente violencia que se vive en la nación norteamericana.

En la presentación virtual de su informe desde Ginebra, Suiza, los expertos de la ONU enfatizaron que "agentes públicos y el crimen organizado son responsables del fuerte aumento de desapariciones forzadas” en el país. "Se trata de una situación generalizada”, indicó la presidenta del comité, Carmen Villa Quintana, quien dirigió la visita de dos semanas que el grupo hizo a México en noviembre de 2021. 

México tiene alrededor de 100 mil desaparecidos, de acuerdo con datos oficiales, de los cuales más del 98 por ciento observados por el comité de la ONU sucedieron desde 2006, cuando empezó la guerra frontal contra el crimen organizado. A ello se suma la crisis forense, con más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en morgues, universidades y fosas comunes.

Entre las 85 recomendaciones, el comité instó a abandonar "la política de militarización” de la seguridad pública porque ha quedado demostrado que ese enfoque ha sido insuficiente e inadecuado, con respecto a la protección de los derechos humanos, y militares han sido señalados por graves violaciones.

Un problema latinoamericano

México es el primer Estado señalado por graves acusaciones de violaciones de derechos humanos que se abre a este tipo de investigaciones independientes, un hecho positivo, según expertos. "Contar con un informe de la ONU es muy valioso y muestra, al menos, una buena voluntad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora espero que las recomendaciones se escuchen e implementen", dice a DW Diana Luna, especialista en relaciones internacionales y asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Nauman, cercana al partido liberal alemán.

Sin embargo, agrega, este problema no es exclusividad mexicana, sino también de gran parte de América Latina. "En la región vemos que el estado de emergencia con los militares en las calles se ha convertido en un instrumento permanente para combatir la inseguridad”, afirma Luna. Los principales peligros que trae la militarización de la seguridad pública para cualquier país, subraya la experta mexicana, son el aumento de violaciones de derechos. Además, es poco eficiente y deslegitima a otras instituciones encargadas de la seguridad pública, como las policías locales.

En esa misma línea, la politóloga Jo-Marie Burt, investigadora de WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, recuerda que los militares son entrenados para la guerra, y no para mantener el órden público o controlar crímenes comunes. Según ella, en América Latina es muy fácil que los gobiernos de turno recurran a los militares para reprimir. "Estas medidas crean mayor inseguridad. La militarización es un mensaje para tratar de intimidar, y una democracia no puede vivir en base a la amenaza e intimidación”, sostiene Burt en entrevista con DW. 

En una crisis de seguridad, como en casos de terrorismo, o crisis sanitarias, como la que supuso la pandemia en toda la región, la analista Luna cree que "no hay otra alternativa más que la militarización”, pero debería ser solo por un tiempo bastante limitado. "Recientemente, hemos visto que Colombia o Chile han apostado por la militarización con pocos resultados, porque los problemas de raíz, como la falta de oportunidades, la pobreza extrema o el control de inmigrantes no se resuelven con militares”, insiste Luna. 

Peligro más que beneficio

Sacar soldados a las calles, que gozaría de basta aprobación entre los propios latinoamericanos, representa más un peligro que un beneficio, según la representante de Wola. "Demuestra más bien la incapacidad de los gobernantes de generar políticas públicas. Al recurrir al Ejército para controlar el orden público, el Estado renuncia a su deber y la impunidad, como en el caso de las desapariciones forzadas, ayuda a que estas prácticas se sigan dando”, critica Burt. 

Sobre la impunidad, el documento de la ONU precisó que es "casi absoluta” y "estructural” en México, que tendría que reconocer todas las formas de responsabilidad del Estado. Según la investigación del comité, solo entre el dos y el seis por ciento de las desapariciones habían sido judicializadas hasta fines de noviembre de 2021. Algo que provoca la falta de confianza de las víctimas y hace que un alto número de casos no sean reportados.

"Hace falta una profesionalización de la Policía, entender cómo se ejecuta un debido proceso legal, cómo se investiga, cómo se coopera con otras agencias de seguridad, además de instrucción en temas de derechos humanos” propone la experta Luna. Y resalta el nuevo "enfoque en la prevención" que ha hecho el comité de la ONU: "Es muy proactivo y podría ayudar mucho para tranquilizar el panorama tan sangriento en México”.

(ms)