Lejos de los centros urbanos y el enfoque mediático, cada vez más zonas rurales mexicanas han caído presas de las silenciosas pero letales minas antipersonales.

En Colombia, las minas terrestres son un fenómeno de larga data. En 2023, las autoridades nacionales registraron 895 incidentes con estos artefactos explosivos, el doble que en el año anterior, de acuerdo con el Monitor de Minas Terrestres 2024. Los casos se atribuyen sobre todo a grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC.

En México, en cambio, se trata de un problema relativamente reciente. Según Victoria Dittmar, investigadora del centro de análisis InSight Crime, se ha registrado un "creciente uso de artefactos explosivos improvisados por grupos criminales" en este país.

"Aunque han sido utilizados durante años", detalla, "desde 2022 ha aumentado significativamente el número de decomisos de bombas caseras, explosivos atados a drones, artefactos detonados a distancia y minas antipersonales".

Zonas disputadas por cárteles

El uso de estas bombas enterradas en el suelo, que detonan al ser pisadas, se concentra en dos zonas del país: el estado de Tamaulipas y la frontera entre los estados de Jalisco y Michoacán, indica Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

En entrevista con DW, el académico mexicano explica que, por un lado, dos facciones del Cártel del Golfo se disputan el norte de Tamaulipas. Por otro, la región fronteriza entre Jalisco y Michoacán se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.

Las organizaciones criminales colocan las minas en los caminos rurales para evitar que convoyes enemigos o militares incursionen en el territorio bajo su control. Sin embargo, también se van multiplicando los casos de trabajadores agrícolas lesionados o muertos por pisar estos artefactos.

Si bien el Cártel Jalisco Nueva Generación introdujo en México el uso de las minas antipersonales, sus adversarios han copiado esta estrategia, cuenta el doctor Sánchez.

La presencia de las armas letales "puede proliferar cada vez más a otras entidades", advierte el experto en seguridad. En su opinión, los estados de Guerrero y Guanajuato "tienen el mayor riesgo a futuro de sumarse a este esquema", debido a su cercanía con las zonas afectadas, así como Sinaloa, donde dos facciones del Cártel de Sinaloa se disputan el poder.

Fabricación artesanal y expertos colombianos

Victoria Dittmar, de Insight Crime, cuenta a DW que la fabricación de las minas es artesanal, por lo que no se requiere importación de tecnología ni materiales o conocimientos especializados. "Los decomisos revelan que se utilizan tubos de PVC o de metal rellenos con pólvora y fragmentos metálicos, como clavos. Las autoridades han encontrado que se producen dentro de casas, bodegas u otras propiedades privadas en los pueblos cercanos a las zonas de conflicto, como Apatzingán o Tepalcatepec", agrega.

Respecto a la fabricación de las minas, Sánchez, de la UAdeC, observa que el Cártel Jalisco Nueva Generación también ha contratado a expertos colombianos, entrenados en el uso y la fabricación de los explosivos. Estos, además, se comprarían ilegalmente a través del tráfico de armas de Europa del Este, de antiguos países soviéticos o de países africanos.

¿Se extenderá su uso?

A principios de año, se informó de la creación de una unidad especializada del Ejército mexicano para la detección y desactivación de minas en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. "Esta unidad ha logrado desactivar varios artefactos, pero a medida que limpian una zona, los grupos criminales se trasladan y colocan minas en otras áreas. Este proceso se convierte en un juego del gato y el ratón, por lo que el riesgo persiste", comenta la investigadora Dittmar.

Debido a la fácil fabricación de las minas antipersonales, es probable que varios grupos criminales sigan incorporando minas en sus arsenales, cree la experta en seguridad. "Sin embargo", acota, "es poco probable que su uso se expanda fuera de estas áreas de manera sistemática. En regiones donde no hay conflictos intensos y los grupos criminales priorizan mantener abiertas las vías de comunicación y mantener buenas relaciones con la población local, el uso de minas no resulta estratégico".

Por su parte, Víctor Sánchez Valdés critica los escasos esfuerzos del Gobierno mexicano en el combate contra las minas antipersonales. "No ha habido cambios legislativos al respecto, no ha habido acciones para combatir a las organizaciones que las están colocando". Y advierte: "Es muy probable que su uso sea cada vez mayor".

(rml)