La mafia colombiana de la droga ya encontró nuevos horizontes para sus negocios: en ocho departamentos de ese país sudamericano se está produciendo un verdadero auge de la explotación minera ilegal que ha llegado a desplazar al cultivo de coca para la producción de cocaína. Debido a la crisis financiera, el precio del oro se mantiene estable desde hace años a un alto nivel, lo que resulta en que la explotación de minas de oro sea un negocio lucrativo.

Además, la demanda de metales preciosos crece a nivel mundial, lo que hace que los precios aumenten cada vez más, lo que hace que se registre un aumento en los emprendimientos ilegales para extraer oro y otros metales.

La mafia colombiana invierte en equipamiento en gran estilo para llevar a cabo sus proyectos y “también se tienen en cuenta las sumas para sobornar a las autoridades locales y a empresas”, informa el periódico “El Tiempo” basándose en un estudio del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax). Los delincuentes no dudan asimismo en contratar a empresas de exploración legales, que ponen a disposición –voluntariamente o bajo amenaza- sus conocimientos y tecnología al servicio de esos objetivos.

Frank Pearl Gonzales, hasta hace pocos días ministro de Medio Ambiente de Colombia -que ahora forma parte de una delegación para las conversaciones de paz con las FARC, planeadas para octubre- confirma esos datos: “La minería ilegal es el nuevo tráfico de drogas. Con ella, los grupos guerrilleros de izquierda y los paramilitares de derecha financian sus campañas”, asegura el experto.

“Puede convertirse en una maldición para Colombia”

Frederic Massé, del CITpax, se muestra preocupado por este desarrollo y también por sus consecuencias nocivas para el medioambiente: “Esta historia se puede convertir en una maldición para Colombia si no se respetan los estándares correspondientes”, dice Massé, quien forma parte de un grupo de científicos que, a partir de encuestas en el lugar, obtuvo un panorama detallado del mundo de la minería ilegal. Para extraer los metales preciosos se utilizan sustancias químicas tóxicas que están prohibidas y que afectan, sobre todo, a los ríos y a las fuentes de agua subterráneas. El poder de las mafias es actualmente tan grande que, de acuerdo con el estudio del CITpax, solo en el año 2010, alrededor de un 96 por ciento del oro extraído en Colombia proviene de minas ilegales que no se atienen a ninguna norma ecológica.

Minería ilegal afecta a pueblos indígenas

El vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Evelis Andrade, considera que hay una relación directa entre las expulsiones, la pobreza y la minería ilegal: “Es paradójico, ya que la situación es tremenda justamente en las regiones que cuentan con grandes fuentes de recursos naturales y de materias primas”. Únicamente en los primeros ocho meses de 2012, casi 9.000 indígenas colombianos han sido expulsados de sus tierras. Algo que, según Andrade, es una consecuencia inmediata de la minería ilegal en esa zona.

También las Naciones Unidas ven con preocupación la situación en Colombia. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), informa que “los grupos ilegales tienen interés en obtener el control total de esos territorios”. Las bandas criminales son, según ACNUR, las mismas que controlan el tráfico de drogas.

Detrás de la mafia colombiana de la droga están, a su vez, la organización guerrillera de izquierda FARC, grupos paramilitares de derecha y bandas criminales que han logrado apropiarse de gran cantidad de territorio a través de expulsiones masivas. Las regiones destinadas, en un principio, al cultivo de drogas, se hallan en un proceso de cambio estructural y bajo la influencia del auge minero.

Pobreza, expulsión y desplazados

Organizaciones de derechos humanos estiman que el número de personas expulsadas de sus hogares en Colombia asciende a más de cuatro millones, por lo cual el país sudamericano cuenta con el mayor número de desplazados del mundo. Esa cifra coincide también con las conclusiones del CTIpax: más del 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos se produjeron en regiones en las que se vive un auge de la minería ilegal. Más del 87 por ciento de las personas que se vieron forzadas a abandonar su hogar provienen de las provincias de Antioquía, Chocó, Córdoba, Bolívar, Santander, Tolima, Valle y Cauca. Todos ellos, señala el informe del CTIpax, tuvieron que irse para dejarle lugar al lucrativo negocio de la extracción ilegal de oro.

Autora: Tobias Käufer/ Cristina Papaleo

Editora: Pablo Kummetz