El ministerio panameño de Comercio informó este domingo (26.11.2023) que recibió dos notificaciones de posibles demandas arbitrales, enviadas por la canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su filial Minera Panamá que explotan una gran mina de cobre en el país centroamericano.

A estas dos demandas que se presentarían ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, se suscribe también Franco-Nevada Corporation, señaló un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) panameño. Franco Nevada es una compañía especializada en oro que opera en minería, metales y banca.

En el escueto comunicado de solo dos párrafos, la cartera de Comercio dijo que ante este aviso "Panamá responde que ha cumplido con todas sus obligaciones y el derecho panameño y que está preparada para defender los intereses nacionales".

Cinco semanas de protestas

Este anuncio de posibles demandas bajo el amparo del TLC entre los dos países, vigente desde 2013 tras su firma en Otawa en 2010, se da cuando se cumplen más de cinco semanas de una crisis en la que pequeños grupos sindicales, indígenas y estudiantiles han bloqueado intermitentemente varias vías nacionales y urbanas.

Estas acciones son un rechazo al contrato de ley aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo, que renovó por 20 años prorrogables la concesión a Minera Panamá para la explotación de la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica.

La obstrucción de vías ha roto la cadena de suministros nacional y generan escasez de alimentos frescos y combustibles, especialmente en el norte del país, y está afectando a la mina por un bloqueo naval en su puerto, que es "el sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación" minera.

Suprema en sesión permanente

En medio de todo esto, la expectación en Panamá aumenta ante una posible declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ponga fin a las protestas antiminería en Panamá.

La CSJ reanudó este domingo el tercer día de sesión permanente para estudiar y resolver dos de las diez demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 2023 que aprobó la cuestionada renovación del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.

Las consecuencias económicas de llegar hasta un arbitraje internacional con la multinacional canadiense estarían sobre los 50.000 millones de dólares teniendo en consideración la inversión de 10.000 millones, según la Cámara Minera de Panamá (Camipa). 

También se estima un aumento del riesgo país con la eventual pérdida del grado de inversión, bajada de los bonos panameños y el deterioro de las finanzas públicas.

jc (efe, afp)