Honduras: fallo por asesinato de Berta Cáceres es histórico
5 de julio de 2021
La condena de Roberto David Castillo por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres es "victoria de los pueblos", dijo su familia. Exigen cancelación de la concesión de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
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El veredicto del Tribunal de Sentencia, que decidió de forma unánime declarar culpable a Castillo, es "una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos", dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, en rueda de prensa luego de conocer el fallo.
La condena significa que "las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos", indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). La causa Berta Cáceres "no termina" con la resolución del Tribunal hondureño y se encamina "firmemente" a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, añadió.
Castillo, un militar hondureño, era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, y conocerá la pena de prisión el próximo 3 de agosto.
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Cáceres, fue asesinada, pese a medidas cautelares
Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía. En el momento de los hechos, Cáceres estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.
El legado de Berta Cáceres
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La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca. Por ello, su familia y el Copinh exigieron la cancelación "inmediata" del permiso de construcción "sobre el sagrado río Gualcarque" y se procese a todas las personas involucradas en "su ilegal y corrupta concesión". Exigen, además, el desmantelamiento de "redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
El Ministerio Público de Honduras tildó de "histórico" el fallo de culpabilidad contra Castillo, quien según las pruebas presentadas en el juicio "ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca". El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a periodistas que el caso por el asesinato de Berta Cáceres "no está cerrado" y los fiscales continúan buscando "a más autores intelectuales".
"Estamos satisfechos (con la resolución) porque obviamente presentamos toda la carga probatoria que demostraba la culpabilidad de (Roberto) David Castillo", subrayó Mora, quien indicó que el organismo hondureño podría presentar nuevos requerimientos fiscales en este caso.
La sentencia contra el imputado evidencia "la importancia de apoyar a los operadores de justicia para que actúen con independencia y con los recursos necesarios", dijo la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El fallo es un "paso importante", subrayó la ASJ, que es capítulo de Transparencia Internacional en Tegucigalpa, la capital hondureña.
Señaló que continuará vigilante del proceso de investigación y judicialización del caso, exigiendo que los demás autores intelectuales del asesinato sean presentados ante la justicia. Miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras celebraron el veredicto contra Roberto David Castillo bailando frente a la Corte Suprema de Justicia, donde instaron además un altar con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor.
jov (efe, laprensa)
Honduras, el reino de la fuerza bruta
En Honduras, entre diez y doce personas mueren a diario por causas violentas. Ese riesgo lleva a un segmento nada desdeñable de su población a huir en caravanas, con la vida por todo tesoro, hacia países menos inhóspitos
Imagen: Reuters/E. Garrido
De la fiesta, la resaca
En esta nación centroamericana, cada año suele empezar y terminar como los anteriores: con el silencio de los muertos y el llanto de los dolientes. Fuentes policiales informaron que al menos trece personas fueron asesinadas –diez de ellas con armas de fuego– durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Las mismas celebraciones dejaron al menos veinte muertos en 2017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
En las manos equivocadas
A lo largo de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) decomisó aproximadamente 2.400 armas de distinto calibre en territorio hondureño tras determinar que eran portadas ilegalmente. 123 de ellas, piezas de alto poder, eran utilizadas por bandas criminales. Un año antes, la cifra de armas de fuego decomisadas por tenencia ilegal fue de 3017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
El saldo del negocio
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) sostiene que Honduras cerró 2018 con un saldo de 3.614 homicidios. Muchos de esos asesinatos son producto de la violencia asociada al narcotráfico. El año pasado, las autoridades locales decomisaron más de 8,7 toneladas de drogas y detuvieron a más de 12.000 personas, principalmente por vínculos con bandas criminales.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Las pandillas del Triángulo Norte
Las autoridades de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– planean asestarles duros golpes a las pandillas con la operación “Escudo Regional III”, que contempla allanamientos, decomisos, capturas y acciones penales públicas contra cabecillas y miembros de grupos como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 (dos integrantes en la foto).
Imagen: Reuters/E. Garrido
“Escudo Regional III”
La operación “Escudo Regional III” buscará echarles el guante a bandas responsables de “una gran cantidad de delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, uso ilegal de armas prohibidas, porte ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita”, informó el Ministerio Público hondureño.
Imagen: picture-alliance/dpa
La “mano dura” estatal
No toda la violencia prevalente en Honduras es atribuida a las bandas criminales. Según varias organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes lo acusan de haber cometido fraude para garantizar su reelección como presidente en los comicios de noviembre de 2017. Se habla de asesinatos (38) y persecución política (465).
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
Mujeres y niños primero
Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018. Más del 90 por ciento de los casos está impune por falta de investigación, sostiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Las mujeres y los niños suelen ser víctimas de las formas de violencia más disímiles: la de las bandas criminales y la ejercida por sus allegados en casa.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Violencia de género
El CONADEH asegura que cientos de hondureñas se ven forzadas a abandonar sus hogares por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes llevado a cabo por bandas criminales. Pero, además, las mujeres son vulnerables en sus propias casas y, cuando son asesinadas, los homicidas suelen dejar indicios de saña, crueldad y odio.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La impunidad como motor
La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe según el cual más del 90 por ciento de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos quedaron impunes en Honduras en 2018. A juicio de sus voceros, eso propicia la violencia al evidenciar la debilidad de las instituciones y le da impulso a la emigración masiva, por la desconfianza que inspira la Justicia local.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
¡Adiós, Honduras!
En diciembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron un atlas que refleja detalladamente los ciclos migratorios en el norte de Centroamérica. Según ese mapa, el número de hondureños que abandonaron su país aumentó en un 94 por ciento entre los años 2000 y 2010. Nada apunta a que ese éxodo amaine.
Imagen: Getty Images/AFP/P. Pardo
Turismo improbable
El Gobierno de Estados Unidos les desaconseja a sus ciudadanos viajar a Honduras debido a los niveles de violencia que allí se registran. No obstante, el Ejecutivo de Donald Trump ha sido criticado por cancelar la protección migratoria especial concedida a 57.000 hondureños después de que el huracán “Mitch” devastara a su país en 1998; ellos sí que deberán regresar a esa realidad a corto plazo.